La recomendación de la Misión Electoral Especial de instaurar el voto obligatorio se sustenta, según lo expuesto en el documento presentado al Gobierno, en aspectos jurídicos y políticos. Con respecto al primer punto, toma en consideración discursos teóricos relacionados con el derecho subjetivo, el voto como derecho y como función y como deber exigible. El segundo punto se sustenta en la relación entre el diseño institucional y la profundización de la democracia. En pocas palabras, se aduce que el establecimiento del voto fomentaría el interés de los ciudadanos por la política y daría lugar a una reforma constitucional que contemplaría:
– Una referencia al voto como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que requeriría una actividad pedagógica conducente a una formación democrática.
– Aplicación de sanciones a partir de 2026. Multas, pérdida de beneficios e inhabilidades para ejercer cargos públicos en instituciones del Estado.
– Como medida de compensación por lo antes mencionado, modificar lo hasta ahora relacionado con el voto en blanco con una redacción que no permita diferentes interpretaciones.
Según los partidarios del voto obligatorio, el mismo contribuye a legitimar la institucionalidad al involucrar a todas las capas sociales y a despertar el interés por los asuntos públicos, particularmente entre los jóvenes cuya tasa de abstención es por lo general superior a la de los mayores. Sin embargo, los argumentos en contra son fuertes y contundentes.
En efecto, y ante todo, no hay evidencia empírica de que el voto obligatorio contribuya a fortalecer la democracia y a depurar las costumbres políticas. Contribuye a reducir la tasa de abstención, sí, pero puede empobrecer la calidad de la democracia. No es casualidad que el mismo sea instaurado por gobiernos autoritarios.
En realidad, los países que han establecido el voto obligatorio en el mundo son una minoría. Entre los países desarrollados tan solo Australia, Bélgica, Italia, Grecia y Luxemburgo lo tienen. Por el contrario, casi todos los países de América Latina lo han formalizado y ninguno es un modelo de democracia. No está demostrado que el voto obligatorio fortalezca la democracia.
En Colombia los partidos políticos y algunos sectores de la sociedad se preocupan por la abstención la cual es asociada con la indiferencia de la ciudadanía por los asuntos públicos, pero la abstención no siempre es desinterés; puede ser un modo de protesta y de desobediencia civil.
De hecho, cuando el voto se impone como una obligación deja de ser un derecho y atenta contra la libertad de abstenerse abriendo la puerta a la criminalización de la protesta.
Tampoco hay evidencia alguna de que el voto obligatorio elimine el clientelismo, la corrupción, las triquiñuelas de los políticos o el fraude.
Diversos estudios han mostrado que varios son los factores que influyen en la abstención como el tipo de elección (por ejemplo, la abstención es más alta en elecciones para Congreso que para Presidente), la falta de credibilidad de los candidatos y el envilecimiento de las instituciones.
En realidad, la abstención no significa necesariamente desinterés por la política, como tampoco el desafecto por la política y las elecciones se resuelve imponiendo la obligación de asistir a las urnas sino fortaleciendo los lazos con la sociedad, mejorando los programas electorales, reduciendo la demagogia, respondiendo a las necesidades de la población, actuando con transparencia y rindiendo cuentas.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario