El gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, se ha visto obligada a hacer en este punto importantes concesiones. Plasmadas en la nueva Ley de Hidrocarburos, que corrige en un sentido regresivo la Ley de Hidrocarburos, elaborada bajo el mandato del presidente Hugo Chávez, en 2006. Aquella ley quiso corregir el principal defecto de la ley de nacionalización del petróleo, aprobada en 1976 durante el mandato de Carlos Andrés Pérez, que refrendaba la titularidad pública de las reservas del país y atribuía en exclusiva a la empresa pública PDVSA, la extracción y el procesamiento del petróleo y del gas. Pero que estaba redactada en tales términos que abrieron la vía para instaurar la “colaboración pública- privada” por medio de contratos suscritos por PDVSA con multinacionales estadounidenses, que, en la práctica, permitieron a estas últimas ejercer el control efectivo de la industria petrolera. Algo semejante a lo que ha ocurrido con la empresa pública Ecopetrol. Hugo Chávez quiso revertir esa situación y devolver al Estado el control efectivo de la industria petrolera, cuya importancia estratégica es difícil de sobrevalorar en un país como Venezuela, dueño de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo.
Luis Britto García – destacado intelectual venezolano, comprometido desde el primer día con el proyecto de la república bolivariana – publicó días atrás un análisis de la nueva Ley de Hidrocarburos, que demuestra que la misma supone un serio retroceso con respecto a los notables avances representados por la legislación aprobada durante el primer gobierno de Hugo Chávez. Piedra angular de su estrategia construir en Venezuela “el socialismo del siglo XXI”.
Yo no soy quién va a rechazar las críticas de Britto García a la ley de hidrocarburos que nos ocupa. Pero si me cuento entre los que llaman la atención sobre las razones de peso que han movido a la dirigencia socialista del país a hacer concesiones plasmadas en la misma. Ley que ha sido aprobada en un tiempo récord en la Asamblea Nacional, por el voto unánime de todos los partidos y movimientos representados en la misma, incluidos los de la oposición. La lista de “las razones peso” está hoy encabezada por el bloqueo naval impuesto por la marina de guerra de Estados Unidos a las exportaciones de petróleo venezolano. Es el bloqueo que le permite a Trump decidir a qué países Venezuela puede exportar su petróleo y a cuáles no. Se puede exportar a Estados Unidos, a Israel e incluso se le puede prometer futuras exportaciones a India, si es que India se decide a dejar de comprar petróleo ruso. Y no se puede exportar a China y menos aún a Cuba, a la que Trump está sometiendo a un bloqueo petrolero despiadado. Contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Como también lo es el bloqueo marítimo y el control completamente ilegal de las exportaciones de petróleo venezolano.
Venezuela no puede esperar hasta cuando la Corte Internacional de Justicia y/o la Organización Mundial del Comercio tramiten sus denuncias y sancionen a Washington por estas acciones delictivas. No solo por el tiempo que tardarían en producirse esos fallos, sino porque Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de América, no reconoce la autoridad de dichos tribunales y no está dispuesto a acatar ninguno de sus fallos. Para él todos los problemas del mundo se resuelven a cañonazos. Como los que siguen aniquilando las tripulaciones de lanchas de supuestos narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico.
Venezuela no cuenta evidentemente con una marina de guerra capaz de desafiar a la armada estadounidense desplegada ante sus costas para romper el bloqueo a sus exportaciones petroleras. Rusia y China podrían, pero ahora mismo no están en condiciones de hacerlo. Rusia enfrenta los onerosos compromisos militares que le impone la guerra de Ucrania y la necesidad adicional de ofrecer protección militar a la flota de buques cisternas que transportan su petróleo y su gas a los países que aún los compran. Estados Unidos ha amenazado con interceptar dichos buques y confiscarlos. Como ya han hecho con los cargados de petróleo venezolano en el Caribe y en el Atlántico. China, por su parte, está centrada en garantizar sus importaciones de Irán, Arabia saudí y los Emiratos Árabes, comprometidas por la amenaza de Trump de reanudar la llamada Guerra de los 12 días contra Irán.
Podría decirse que la nueva Ley de Hidrocarburos venezolana viene a legalizar esta situación de facto. En la práctica Estados Unidos controla la industria petrolera venezolana porque controla de hecho las exportaciones que permiten su funcionamiento. Esta legalización es por lo tanto una concesión a Washington, la misma clase de concesión que se hace cuando un asaltante te pide elegir entre tu dinero o tu vida. Sin embargo, trae consigo un beneficio: convierte al actual gobierno de Venezuela en interlocutor obligado de la administración Trump. Lo legitima. Altos funcionarios de Estados Unidos han viajado a Caracas para entrevistarse con Delcy Rodríguez y ambos países han acreditado representantes diplomáticos ante sus respectivos gobiernos. Y en cuanto gobierno del país reconocido por Estados Unidos, le da a dicho gobierno la posibilidad de articular la respuesta al plan de Trump de redondear el control del petróleo venezolano con el desmantelamiento de la República Bolivariana y su reemplazo por un República neoliberal tutelada abiertamente por Washington. Como en los buenos viejos tiempos del colonialismo, reivindicados por Marco Rubio en su discurso de la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich.
Es el mismo Rubio que en el mes de enero pasado presentó el plan económico y político que quiere imponer a Venezuela. Consta de 3 etapas, que pueden adelantarse una tras otra o gestionarse simultáneamente. Las tres en cualquier caso son lesivas a los intereses nacionales del país hermano. La primera resume su propósito general en su título: Estabilización. Para a renglón seguido exponer sus objetivos, que si los despojamos de su lenguaje sibilino son estos: se mantendrá el bloqueo naval y las sanciones – lo llaman “cuarentena económica” – hasta que se consiga la exportación y venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo, cuyos ingresos, nominados en dólares y no en yuanes, estarán controlados por Estados Unidos- lo llaman “control internacional de los ingresos”. La segunda etapa se titula Recuperación económica y supone el levantamiento de las sanciones – al que llaman “reinserción de Venezuela en el comercio global”. Que permitirá “el acceso de empresas estadounidenses y extranjeras a los mercados”. En el papel, esta medida permitiría a China y Rusia reanudar las exportaciones de petróleo venezolano e incluso invertir en la infraestructura de la industria petrolera seriamente afectada por dos décadas de devastadoras sanciones. Pero, dada la actual política de la administración Trump de expulsar por las buenas y por las malas a los inversores chinos del mercado latinoamericano, es muy posible que lo que pretenden es limitar el acceso a la industria y al mercado petrolero a los países del Occidente colectivo que reciban la aprobación de Washington. Como dejó escrito hace poco un analista independiente estadounidense, Trump defiende “el neoliberalismo en un solo país”.
La tercera etapa se titula apropiadamente Transición política porque lo que pretende es, como ya dije, desmantelar la República Bolivariana y reemplazarla por una versión empeorada de las repúblicas neoliberales impuestas en América Latina y el Caribe las últimas tres décadas.
El gobierno de Venezuela ya ha dado pasos que encajan en este plan, como son la mencionada Ley de Hidrocarburos y la Ley de amnistía – esta última prevista en la segunda etapa del plan de Marco Rubio. Pero conserva la capacidad de negociar y regular los contratos de asociación de PDVSA con las petroleras americanas y europeas, así como la de oponerse a la ruptura de los acuerdos de cooperación comercial suscritos previamente con China, la Federación Rusa e Irán en este campo. Y puede así mismo apoyar las demandas legales y las presiones diplomáticas que dichos países promoverán para defender sus legítimos intereses en Venezuela. Y conserva sobre todo la posibilidad de resistir los propósitos de desmantelar las instituciones de la República Bolivariana so pretexto de un regreso a la democracia. ¡Cual democracia? ¿La de El Salvador, la de Ecuador, la de Perú, la de Argentina e incluso la colombiana? El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de anular por un defecto de forma el aumento de salarios y prestaciones sociales, viene a corroborar que las instituciones de una república neoliberal que presume de democrática, están al servicio de una oligarquía parasitaria.
La resistencia de la dirigencia socialista venezolana a los planes de demolición de la República Bolivariana cuenta con el apoyo de fuerzas poderosas. En primer lugar, el grado de consciencia y organización política alcanzado por unas mayorías populares, que han aprendido en la práctica cual es el verdadero rostro del Imperio Americano durante dos décadas de luchar exitosamente contra todas sus criminales arremetidas. Cuenta también con la fortaleza de un poder popular cuya columna vertebral son las comunas, los sindicatos y las ligas campesinas. Y desde luego con unas fuerzas armadas cuya doctrina militar es un corolario del profético diagnóstico de Bolívar: “Los Estados Unidos de América están destinados a sembrar de miseria nuestro continente en nombre de la libertad”. Son fuerzas armadas para las que la defensa de la libertad, la independencia y la soberanía de su país son innegociables. No son fuerzas armadas al servicio de la defensa del hemisferio occidental (que en realidad es esa defensa de los intereses de Washington en el hemisferio), como si lo están prácticamente todos los ejércitos latinoamericanos, incluido el nuestro.
Cierto, aun contando con todos estos factores de poder, no se puede garantizar la victoria final. El poder de Washington sigue siendo enorme y Trump lo está movilizando a fondo para lograr reducir a nuestra América a un estado semicolonial. Confío sin embargo en que la resistencia del pueblo venezolano vencerá. Como hasta ahora ha vencido.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: BBC
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