El caso de Venezuela responde al mismo modelo de guerra híbrida, aunque con las inevitables diferencias, dictadas por las significativas existentes entre los dos países y sus contextos geopolíticos inmediatos. Trump ordenó en agosto pasado, la Operación Lanza del Sur, cuya primera etapa estuvo caracterizada por los bombardeos letales de lanchas de supuestos narcotraficantes (de los que hasta la fecha no se conocen nombres ni nacionalidades), seguido del asalto y la confiscación de buques petroleros provenientes de Venezuela y rematada con el ataque relámpago de la madrugada del 3 de enero pasado que permitió el secuestro en Caracas del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores. El presidente Trump no solo se apresuró a proclamar el éxito del operativo que permitió dicho secuestro, que por lo demás no causó, según él, ninguna baja entre los asaltantes. (El Capitán América es por definición invulnerable). También dio por terminada la guerra iniciada con los ataques letales a las lanchas y la confiscación de los buques petroleros con petróleo de origen venezolano. “El petróleo de Venezuela ya es nuestro”, afirmó victorioso.
Se apresuró a hacer estas declaraciones. Porque todas han obviado el hecho de que el secuestro de Maduro y de Cilia Flores no ha significado el “cambio de régimen”, anhelado por él y por Washington desde los días de la nacionalización del petróleo venezolano por el comandante Hugo Chávez. Al contrario, el “régimen”, o sea el Estado venezolano, sigue en pie, al igual que el gobierno que legítimamente lo dirige, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ella no se ha rendido. Ella y su gobierno lo que han hecho es diseñar y poner en marcha una política orientada a defender la independencia y la soberanía de su país en un escenario y en una coyuntura singularmente adversas. Mucho más adversas que las que enfrentaron en su día con éxito Hugo Chavez y Nicolás Maduro. Donald Trump ha abandonado toda cautela política, ha roto abiertamente con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y está decidido resolver todos los problemas que enfrenta su imperio utilizando la fuerza. Al tiempo que se proclama sin sonrojarse merecedor del premio Nobel de la paz. Y lo que para Venezuela es aún peor: la ha elegido como uno de los blancos prioritarios de su agresivo belicismo en esta etapa de su mandato. Los otros son Cuba e Irán.
En razón de esta estrategia Venezuela padece el hecho de que régimen de sanciones económicas que le impuso Trump no sólo sigue vigente, sino que ha sido redoblado con el bloqueo naval de las exportaciones de petróleo venezolano, que no sean las autorizadas explícitamente por la administración Trump, gestionadas por las multinacionales estadounidense y con destino a las refinerías que poseen dichas multinacionales en Texas. Cuando lean o escuchen que Venezuela ya está exportando petróleo tengan en cuenta que son estos hechos los que están detrás de la noticia. Pero si esto es evidentemente injusto ¿Por qué el gobierno de Delcy Rodrìguez lo permite? ¿Por qué permite que reanuden sus actividades las multinacionales del mismo país que ha secuestrado al presidente legítimo? ¿Es porque ha traicionado a Maduro y al propio país, como afirma la insidiosa campaña de propaganda que hoy circula por los medios y en las redes? Estas son las preguntas clave.
Y la respuesta a todas ellas es solo una: por una correlación adversa de fuerzas, que obliga a estas y otras concesiones. En teoría, Delcy Rodríguez podría prohibir a las empresas petroleras gringas exportar un solo barril de petróleo venezolano hasta cuando Washington no libere a Nicolas Maduro y a Cilia Flores. Pero tendría que hacerlo tomando en cuenta que el bloqueo naval impuesto por la armada estadounidense está impidiendo a los barcos petroleros rusos y chinos exportar el petróleo venezolano. E impidiendo el ingreso de barcos con los insumos necesarios para refinar el crudo pesado y extrapesado venezolano, así como los equipos y las herramientas indispensables para el mantenimiento de la infraestructura petrolera (1).
La marina de guerra venezolana no cuenta con los aviones y las naves suficientes para desafiar con alguna posibilidad de éxito a la poderosa flota con la que Washington bloquea las costas de su país. Tampoco parecen dispuestas romper el bloqueo Rusia o China, porque ambas potencias enfrentan a Estados Unidos en su entorno geopolítico inmediato. En Ucrania, desde luego, en Irán con toda seguridad y en Taiwán en un futuro que se pronóstica cada vez más cercano. Ninguna de las dos puede arriesgarse a un enfrentamiento con la marina de guerra estadounidense en el Caribe. No solo porque podrían perder sino porque, en caso de suceder, la consecuencia posible sería la tercera guerra mundial. En octubre de 1962, el enfrentamiento entre los barcos cargueros soviéticos que se dirigían a Cuba con la Armada estadounidense, estuvo a punto de desencadenarla. La evitaron las negociaciones entre enviados de John F. Kennedy y Nikita Jruschov que permitieron llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso. Fidel Castro y Mao se indignaron, pero igualmente tuvieron que aceptar. La correlación de fuerzas es la que es y no son las meras denuncias y condenas las que pueden milagrosamente modificarla. La palabra no tiene poderes mágicos.
En este contexto, la medida de sancionar a las multinacionales estadounidenses en represalia por el criminal secuestro del presidente Maduro y de su esposa, regresaría a Venezuela a la catastrófica situación a la que la empujaron las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato. Las sanciones causaron el desplome de la producción petrolera del país. Se pasó de extraer 3 millones de barriles de crudo al día, a extraer solo doscientos mil. Actualmente se extraen 1 millón doscientos mil, gracias a los acuerdos con Rusia, China e Irán, que permitieron obtener créditos, reparar en parte la infraestructura petrolera seriamente deteriorada y exportar masivamente crudo a China. Con el bloque naval activo, Venezuela no puede exportar libremente petróleo, ni por lo tanto cumplir con los compromisos financieros contraídos con los tres países que la ayudaron a garantizar su supervivencia en tiempos muy difíciles.
Por lo tanto, la única opción realista es la negociación con Washington, a pesar del secuestro del presidente Maduro y de su esposa, tal y como lo está haciendo el gobierno de Delcy Rodríguez. La responsabilidad de mantenerlos en términos diplomáticos es de Yvan Eduardo Gil Pinto, el canciller de Venezuela, pero la de definir los términos políticos en los que se dan estas negociaciones es sobre todo de la presidenta encargada, de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y del vicepresidente Diosdado Cabello, secretario general del partido socialista unificado de Venezuela. Para ellos, la negociación tiene como requisito sine qua non, el respeto a la Constitución y las leyes de la república bolivariana y el debate y la aprobación de los términos de los acuerdos con Washington, por parte de la Asamblea nacional y del poder popular. No es una negociación a puerta cerrada, es una negociación con el pueblo y en beneficio del pueblo.
Esta política explica que todos los puntos cruciales de las negociaciones con Washington se hayan convertido en proyectos de leyes que se han llevado para su debate a aprobación final por la Asamblea Nacional. Así ha pasado con la nueva Ley de Hidrocarburos que abre la puerta a la industria petrolera a las inversiones estadounidenses, aunque no solo a ellas, cabe subrayarlo. Ninguno de los artículos de la misma impide que lo hagan también inversores chinos, rusos, hindúes, mexicanos o brasileños. Además, la Ley garantiza la propiedad pública de las reservas de petróleo venezolano, así como el pago de impuestos y regalías por parte de los inversores. Y que los ingresos obtenidos por ingresos y regalías vayan a dos fondos públicos. El primero destinado al gasto social y el segundo a las inversiones productivas en la agricultura y la industria. La Ley de Hidrocarburos establece por tanto el marco político y legal en el que los diplomáticos venezolanos van a continuar las negociaciones con Washington.
Marco que Trump no parece muy dispuesto a aceptar, dada su tendencia a saltarse la ley, todas las leyes, incluida las de su propio país. Y dada su declarada voluntad neo-motorista de hacer suyas las reservas de petróleo de Venezuela y de no pagar por ellas. Pero es posible que lo termine aceptando por varias razones de peso. La primera: su guerra con Irán. Si quiere continuarla, atacando militarmente de nuevo a la república islámica. O si opta por bloquear las exportaciones de petróleo iraní, como viene de amenazar hace poco. En cualquiera de los dos casos el acceso seguro al petróleo venezolano multiplica su importancia estratégica. La segunda razón, son los intereses de las multinacionales petroleras estadounidenses, que prefieren un acuerdo negociado con el gobierno de Venezuela, antes que una nueva escalada de los ataques militares a la misma, que puede desembocar en un escenario de violencia incontrolada y guerra civil interminable que haga virtualmente imposible la operación normal de la industria petrolera venezolana. Ellas necesitan el petróleo aquí y ahora y no en un hipotético futuro de control absoluto del petróleo venezolano, que ni siquiera Trump, con sus bravatas, puede garantizar.
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(1) “Cerca de Venezuela, un par de barcos se deslizaron y zarparon. Los vimos zarpar. Y la única advertencia que les di a mis comandantes militares es que ninguno de ellos escapara. No me importa si tenemos que dar la vuelta al mundo para atraparlos. Los vamos a atrapar. Nadie más puede dominar los mares como Estados Unidos de América”.
Declaraciones de Pete Hegseth, secretario de guerra de Estados Unidos, del 9 de febrero de este año.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: CAMBIO Colombia
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