El COVAX es un mecanismo liderado por la Organización Mundial de la Salud, en convergencia con organizaciones “filantrópicas”, que ha demostrado tener bastantes intereses comerciales en el mundo farmacéutico y de las patentes, el objetivo que se proponen es lograr el acceso equitativo a la vacuna en el mundo.
No obstante, este cometido, que ya es bastante difícil, por la misma pérdida de gobernanza de la OMS, que desde hace algunos años ha dejado de ser una agencia pública, como debería ser, dado que ha cedido a los intereses de las corporaciones filantrópicas particulares que asumen un casi el 80% de su financiación. En ese contexto, el debate de las vacunas está más permeado por intereses empresariales y el marketing, más que por la evidencia científica, además de la tendencia a que estas sean acaparadas inicialmente por los países que las producen.
Desde esta perspectiva, se deben entender los recientes anuncios de la farmacéutica Moderna, Pfizer y Astrazeneca que han anunciado que han realizado ensayos que muestran una eficacia superior al 90%, la eficacia de una vacuna se demora años en ser demostrada, dicen los expertos, aun así, los resultados de estas farmacéuticas son incompletos, son anuncios que publicitan ellos mismos, y que deberían contar con la verificación de un sector científico independiente, que no tenga conflictos de intereses con la revisión de los resultados.
Se debe tener en cuenta además, que el desarrollo de las nuevas vacunas se lleva a cabo mediante una tecnología experimental (ARNm y vectores virales) que generan un mayor nivel de incertidumbre sobre los resultados. En el mundo científico se discute que las vacunas en desarrollo podrían lograr una inmunidad sistémica con la generación de anticuerpos, pero podría no ser potente en las mucosas para evitar la entrada del virus, lo que supondría que podrían no ser eficaces para lograr esterilización.
Llama la atención las enormes diferencias de costos entres las tres vacunas publicitadas, la de Aztrazeneca se ha cuantificado en tres euros la dosis, la de Pfizer 15 euros, y la de Moderna 21 euros, siete veces más que la primera, otra de las variables a evaluar es la termoestabilidad, esto va ser fundamental para garantizar la disponibilidad y distribución de la vacuna, dado que algunas de ellas requieren mantener temperaturas ultra frías, las tres han demostrado eficacias superiores al 90%, no obstante esto tarda tiempo en demostrarse y debe contar con pares que lo verifiquen.
Las tres vacunas requieren dos dosis separadas por 21 días, la preocupación redunda en que se ha empezado a evidenciar el acaparamiento de estas por países del norte global, la Comisión Europea ha llegado a un acuerdo con Astrazeneca para comprar 300 millones de vacuna Oxford, con Pfizer 200 millones, y con moderan 80 millones, las tres ampliables a 100 millones más, es decir, un continente que tiene 450 millones de habitantes, tiene acuerdos para comprar 1300 millones de dosis potenciales, esto en el marco de acuerdo bilaterales.
El caso en Colombia genera preocupación y suspicacia cómo será la adquisición y distribución de las vacunas, en tanto el gobierno nacional no ha atendido las diversas solicitudes de las organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil en donde se garantice las negociaciones unilaterales y multilaterales que se adelantan para la adquisición de la vacuna estén sometidas al escrutinio público, en tanto estas se van a adquirir con recursos públicos de los colombianos, por tanto debe contar con una estricta veeduría que haga seguimiento de los costos, tanto como de la calidad y eficacia del producto que se obtenga.
Para terminar de contribuir a la desconfianza, al caer la noche, del día 24 de noviembre, en el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley en el cual se exime a las farmacéuticas de cualquier responsabilidad por los efectos adversos que pueda generar la vacuna. Esto tendría aplicabilidad en el momento en que esta exista, lo que no se entiende es como el Congreso de la República y el gobierno asumen en este proyecto de ley, la posibilidad de que el país pueda admitir la aplicación de una vacuna que no sea segura. Desde el Centro de Pensamiento de Medicamentos, Información y Poder, de la Universidad Nacional de Colombia, en un comunicado expedido, se ha expresado la preocupación frente a dicha legislación, dado que dadas las investigaciones aceleradas que se hicieron para la producción de vacunas, lo prudente sería que el gobierno colombiano, aumentara las alertas, el seguimiento riguroso de la seguridad de las mismas, y debería promover una vacunación segura.
De otro lado, se insiste en la necesidad que se cuente con diversas opciones de vacunas, dada la incertidumbre científica que rodea este nuevo hito, todo esto debe ser público y transparente, situación que hasta ahora no se presenta en Colombia y debe alertar a la ciudadanía, porque se trata del acceso a lo que debería ser un bien público universal del cual dependerá la vida de millones de colombianos y seres humanos.
Carolina Corcho Mejía, Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, Vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana
Foto tomada de: https://www.diariomedico.com/
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