Le debemos reconocer al Señor Presidente Gustavo Petro Urrego, su defensa férrea de la democracia y su valor civil para denunciar insistentemente, pese a los intentos de la nueva inquisición de que no se pronuncie sobre las irregularidades, lo que podría suceder en las presentes elecciones y que precisamente sucedió a pesar de la negación reiterativa de la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la misma Procuraduría, obviamente con la complicidad de las organizaciones políticas al servicio del establecimiento y la prensa tradicional hegemónica.
Tras el tan mencionado escrutinio, en el cual se debe verificar y contar voto por voto, se conocerá cual será la composición definitiva del Congreso de la República, quienes en los próximos cuatro (4) años, se encargarán de proponer y aprobar leyes que se crean necesarias para la gobernanza en nuestro país, como de hacerle el control político al gobierno central y sus respectivas instituciones. Y aunque hay una buena renovación no nos podemos hacer ilusiones que eso basta para que por fin el Congreso Nacional cumpla adecuadamente su compromisos y funciones.
Como órgano legislativo y de control político, debe jugar el papel de ser la “Voz del Pueblo”. Garantizar el cumplimiento de la constitución y las leyes, velando porque las acciones del Gobierno y de todo el Estado, sean en beneficio amplio de las mayorías ciudadanas. Y esto último es lo que buena parte de sus integrantes siempre se han negado realizar, porque han preferido obedecer a los intereses de las minorías privilegiadas.
Y por hacer hay mucho, desde la propia función legislativa, hasta y eso es lo que más anhelan sus votantes, gestionar soluciones ojalá prontas, que impacten positivamente en el bienestar de las Comunidades en cada una de las regiones y localidades.
Si estamos por la construcción de una sociedad justa, democrática, diversa y en armonía con la naturaleza, es determinante que tanto Congresistas como la ciudadanía y sus organizaciones, entablemos un dialogo abierto de mutua escucha, para avanzar en la paz social que aún no hemos logrado. Somos conscientes que las transformaciones que requiere la sociedad, tomarán sus tiempos para poder ser implementadas completamente, pero por igual urge que el Congreso labore con prontitud para atender lo que el pueblo viene solicitando desde hace décadas.
Y es que falta mucho por avanzar en la reforma agraria, en una educación de calidad y totalmente gratuita, en el acceso pleno a la salud bajo la responsabilidad del Estado, en la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU), y yendo más allá, de la Renta Básica Universal (RBU), en el derecho a la vivienda de calidad para todas las familias colombianas, en la protección efectiva y amplia de los ecosistemas, en la continuación de la revitalización de la productividad tanto agropecuaria como industrial, en el derecho a la libre asociación y sindicalización, junto al derecho a la protesta social y en la participación ciudadana vinculante, en la autonomía local o municipalización, etc.
Como todos los días esgrimen supuestos impedimentos legales, entonces es necesario reformar la Constitución Política de Colombia. Como lo expuse hace más de 20 años, si la Constitución no aporta con claridad y precisión al bienestar del pueblo, a la justicia social y a la profundización de la democracia, entonces debemos elaborar una que si lo haga.
John Elvis Vera Suarez
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