“ha llegado la hora de que cumplas lo que el padre te ordenó
y ates a ese forajido con cadenas de hierro irrompible
en la cima de estos abruptos peñascos”
Coro del Poder Q acompaña a Prometeo en su ascenso a la cima donde permanecerá encadenado, ESQUILO
La reciente condena proferida por una Juez de la República contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por varios delitos, soborno de testigos y fraude procesal, constituye no solo un punto de inflexión en la historia judicial del país, sino el resquebrajamiento un modelo de dominación política autoritaritario que ha permanecido incolume durante las últimas décadas en Colombia. Para muchos colombianos el fallo de la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Herredia, es un mensaje esperanzador en un país acostumbrado a la impunidad de los delitos de “cuello blanco”. Para sus correligionarios, constituye una “peligrosa instrumentación política de la justicia” que busca silenciar al más conspicuo opositor del Gobierno de turno.
Sin embargo, más allá del ruido mediático que puede producir la condena de quién fue presidente por dos períodos consecutivos (2002-2010), líder y figura dominante de la ultraderecha colombiana de comienzos del siglo XX, su condena constituye una clara demostración de que nadie, por más poderoso que sea, puede estar por encima de la justicia.
Álvaro Uribe Vélez, en febrero de 2012, intento silenciar las graves acusaciones que le hiciera el senador Iván Cepeda Castro en un debate sobre la posible participación de los hermanos Uribe Vélez en la creación del grupo paramilitar “Bloque Centro”. El senador Uribe abandonó precipitadamente el recinto del Congreso y se dirigío a colocar una denuncia en contra de Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia y fraude procesal. No obstante, está denuncia se le devolvío como un boomerang cuando, en febrero de 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema, por decisión unámime de sus magistrados, cerró la investigación contra el senador Cepeda, al considerar que sus actuaciones estaban ajustadas a la Ley y, por el contrario, compulso copias contra el expresidente para que fuera investigado, pués encontró que podia estar involucrado en varios delitos, tales como manipulación de testigos e intento de engañar a la justicia colombiana.
Luego de dos años de investigaciones la Sala Especial de Instrucción de la Corte, creada en la reforma constitucional de 2018, encontró méritos suficientes para condenar al expresidente Uribe y, en una decisión unámime de los 5 magistrados que la integraban, ordenó el arresto del expresidente al encontrar graves indicios de su participación en los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Ante está condena, Uribe decidió renunciar a su investidura como senador para escapar a la jurisdicción de la Corte Suprema y pasar su proceso a la Fiscalía General, en manos del fiscal Barbosa, amigo del presidente Duque y muy cercano al uribismo. Como en efecto sucedió, el fiscal delegado Gabriel Jaimes solicitó la preclusión del caso, que por tener efectos de cosa juzgada, intento absolver al expresidente. Sin embargo se estrello con la férrea postura de la Juez 28 penal del Circuito de Bogotá, Carmen Ortiz, quién le negó la preclusión en abril del año 2022 y ordenó continuar con el proceso de juzgamiento. Nuevamente el Fiscal Barbosa intentó la preclusión, designando a un nuevo fiscal, Javier Cárdenas, para que volviera solicitarla en agosto de 2022, pero otra juez escogida por reparto, Laura Barrera, del juzgado 41 del circuito, rechazó la solicitud en mayo de 2023. La Fiscalía apeló la decisión en segunda instancia, pero la Sala del Tribunal Superior de Bogotá confirmó en septiembre de 2023 la decisión y ordeno continuar el proceso de juzgamiento a Uribe. Finalmente, la FiscalÍa General, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, decidío acusar y llamar a juicio al expresidente en abril de 2024.
Este intricado proceso de juzgamiento del expresidente Uribe tuvo que pasar por varias intancias judiciales, involucrar a magistrados de la Corte Suprema que conceptuaron la culpabilidad de Uribe; dos juezas del Circuito y (3) magistrados del Tribunal de Bogotá que rechazaron la preclusión y ordenaron continuar con el proceso; finalmente, la Jueza 44 del circuito, Sandra Herredia, logró adelantar el juzgamiento en un tiempo record y proferir sentencia condenatoria al expresidente, pese a las maniobras dilatorias y las fuertes presiones que resistió, tanto por parte de poderosos grupos de presión política, económica y mediática internos como de gobiernos extranjeros y, particularmente, del gobierno del presidente Trump.
De tal manera que esta condena no es una conspiración política de un gobierno de izquierda, aliado con una fiscal y una jueza supuestamente radicales, como lo ha sugerido los aliados del expresidente, sino el resultado de los hechos juridicamente relevantes que conformaron el acervo probatorio de la participación al expresidente Uribe como determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal que justificaron plenamente su condena a 12 años de prisión y la inhabilidad por 8 años de ocupar cargos públicos.
La no aceptación del fallo de la justicia, por parte del expresidente y sus aliados, constituye una preocupante demostración del peligroso divorcio entre la ley, la moral y la cultura, de la cual nos advirtiera Antanas Mockus como un punto de ruptura del orden constitucional o del pacto social. El desacatamiento de la ley, de las “reglas del juego”, cuando los resultados de un proceso de juzgamiento, que tuvo todas las garantías y el debido proceso, culmina en la condena del expresidente por los delitos imputados, pone de presente la doble moral de un poderoso personaje que se cree estar por encima de la ley.
En la extensa cadena de hechos delictivos que rodearon el ejercicio del poder del expresidente culminaron en la condena de los más cercanos funcionarios de su gobierno: dos exdirectores del DAS, María del Pilar Hurtado y Jorge Noguera; el secretario Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas; el Secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez; el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo; el exministro del interior, Sabas Pretel de la Vega; el exministro de salud, Diego Palacio Betancur; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverry, entre otros. A pesar de las evidencias y de las múltiples condenas contra estos altos funcionarios, por delitos como las “chuzadas” y montajesjudiciales, el expresidente siempre salió airoso. ¡Cruzó estas aguas turbias sin mojarse!
En el plano moral, el expresidente Uribe ha dado muestras de su dobles: “proceda Doctor Cadena! Ud hace las cosas bien”, “¡hagan lo que consideren necesario!, ¡a mi me interesan los resultados¡”, “voten, voten mientras no esten presos”, “Doctor Cadena, estos abogados que tengo yo no tienen las agallas para estos trabajos”, “este es un buen muerto”, “estos muchachos -se referia a los falsos positivos- no estarías sembrando café”, “quiten o pongan lo que quieran con tal de obtener el resultado”.
En la conciencia de la mayor parte de los ciudadanos y cuidadanas que constituyen sus seguidores y, especialmente, en las filas del “uribismo” existen sentimientos morales que ven el expresidente un héroe, un “mesias”, un “ser superior” que está por encima de la ley. Una suerte de “embrujo autoritario” que lo habilita para “perseguir”, “condenar” y “castigar” a todos aquellos que él considera sus enemigos. ¡Quién no está conmigo, está contra mi!
En el plano cultural, se premia la cultura del “atajo”, se valora la viveza, la astucia política por encima de la legalidad. Se piensa que quién enfrenta a us enemigos u opositores tiene el derecho legítimo de transgredir las normas. Por ello, se asume como sentimiento moral la necesidad del odio, la venganza, el castigo, la retaliación. Y sí las acciones vienen del “mesias”, del “ungido”, se relativisan los sentimientos morales, se aplaude la transgreción de la ley si la acción viene o la promueve el “innombrable”. De esta manera se normaliza la idea de que la ley puede doblegarse ante narrativa del “poderoso”, del “salvador”.
En realidad la “cultura política” que ha logrado entronizar el uribismo es la de la “sospecha” de los enemigos, la desconfianza de quiénes no piensan igual que el jefe. Llevamos muchos años tolerando la “trampa”, la ilegalidad eficiente, la “lealtad ciega” y los sentimientos morales negativos y selectivos. En pocas palabras, se trata del predominio de la “cultura traqueta”, que normaliza la arbitrariedad y tolera los atropellos a la dignidad con tal de obtener los resultados.
Por estas razones, la condena del expresidente Uribe no solo reivindica el imperio de la justicia, de los principios de lo que es justo, de la dignidad de las víctimas, del bien común, sino también el resquebrajamiento del modelo autoritario de dominación política y cultural que ha predominado en el ejercicio del poder político en Colombia.
Cómo lo reclama Hannah Artendt[1], es necesario dignificar la política y, por ende, la dignidad de la condición humana para desterrar la violencia y lograr la madurez de la paz y la democracia. Organizar la acción política para lograr el bien común no tiene que ver con el “sentido común” que considera la política como un ejercicio maquiavelico para ejercer el poder y la dominación política. Las tristes famosas frases del expresidente Uribe, que han dejado una honda y perversa huella en la cultura política colombiana, como “voten, voten mientras no esten presos”, en el momento que curzaba en el Congreso un nuevo intento para hacerse reelegir indefinidamente, constituyen una clara evidencia del uso abusivo del poder para obtener un resultado favorable a sus aspiraciones dictatoriales.
Por el contrario, Arendt rescata la acción política como una capacidad de lograr transformaciones, cambios en el ejercicio democrático del poder. El uso de la libertad positiva como un proceso de cualificación de la voluntad colectiva para participar y actuar conjuntamente para lograr el bien común que es el valor supremo de toda democracia. Este es el camino que señala Arendt para construir un futuro común, o la posibilidad real de “vivir juntos”.
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[1] Arendt, H. (1997). ¿Qué es política?. Ediciones Paidós, Barcelona, España, 1997
Luis Alfredo Muñoz Wilches, Economista y MSc en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales contemporáneos.
Foto tomada de: Cambio Colombia
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