La sentencia de primera instancia, proferida por la Jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, fue el resultado de una maratón contra el tiempo y contra las maniobras de preclusión orquestadas por dos fiscales generales y los abogados defensores del expresidente a lo largo de trece años que duró el proceso. Fueron 475 días de juicio y 69 audiencias, algunas de varios días, mediadas por maniobras orientadas a lograr, no la exoneración del acusado, sino la preclusión del proceso, una recusación, con intervención de varias instancias judiciales, que pretendía apartarla del juicio por supuesta parcialidad, una solicitud de nulidad del juicio, una acción de tutela y una orden de suspensión temporal del juicio emanada del la Corte Suprema de Justicia; acciones que finalmente fueron desechadas por instancias judiciales superiores.
Dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela y Gilberto Villarreal, lideraron la fase de imputación de cargos y los interrogatorios. Interrogaron 112 testigos, 37 de la fiscalía y 75 de la defensa, principalmente ex paramilitares y narcotraficantes, que pagan o pagaron condenas en cárceles de los EE. UU y de Colombia; además del acusado y el senador Iván Cepeda; quien fue objeto de falsos señalamientos desvirtuados uno a uno en los interrogatorios. No cabe la menor duda de que, el exmandatario, como jamás se había visto, gozó de amplias garantías procesales, aunque sus poderosos aliados del poder económico y político y los medios de comunicación corporativos traten vanamente de ocultarlo.
Antes de proceder a la lectura del sentido del fallo, la Jueza Heredia, dejó sentados los principios rectores de su decisión; dijo que la sentencia “está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia”, que a la hora de fallar “Nadie está por encima, ni por debajo de la ley”, que “La toga no tiene género, pero sí carácter”, que” El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder”. Dejó clara la imparcialidad de su actuación, que no se dejó influir por el estatus del procesado, ni por su poder político y el de los medios de comunicación a su servicio; remarcó que el fallo se basó en hechos probados, no en nombres ni en simbolismos políticos y defendió como principio democrático que “La administración de justicia, como bien jurídico supremo, no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano, que merece y exige una justicia imparcial, transparente, libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente”.
En el extenso escrito sobre el sentido de la sentencia, la jueza declaró que las pruebas valoradas en del proceso ofrecen la certeza, más allá de toda duda razonable, que el intocable cometió dos de los tres delitos que se le imputaron:
- Soborno en actuación penal en concurso homogéneo, porque Uribe, actuando como determinador, ordenó a su abogado, autodenominado con el alias de la “El aboganster”, Diego Cadena ofrecer beneficios a testigos (como Juan Guillermo Monsalve) a cambio de retractarse de lo declarado sobre responsabilidad del acusado en la creación del Bloque Metro paramilitar y la masacre del ARO, el grupo paramilitar “Los Doce Apóstoles” y cambiarlo por un testimonio favorable al imputado. Afirmó la Jueza que “este delito ha quedado acreditado” sin vacilaciones.
- Fraude procesal en concurso homogéneo, porque se comprobó que se presentaron documentos falsificados y retractaciones dirigidas con el propósito de perjudicar al senador Iván Cepeda y alterar el curso de la investigación. “El uso deliberado de pruebas adulteradas fue considerado suficiente para demostrar que Uribe cometió este delito “mas allá de toda duda razonable”. Esta contundente conclusión se basó en las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su subordinado el abogado Cadena y las grabaciones hechas en prisión, con un reloj espía, por el prisionero Monsalve; constatación de la consistencia entre testimonios y pruebas; la narrativa de Monsalve fue corroborada por otros testigos y documentos.
La independencia y el valor civil de la jueza Heredia se hizo notoria al no dejarse intimidar ni amilanarse frente a la cascada de pronunciamientos de académicos, exmagistrados, políticos, parlamentarios, expresidentes, precandidatos y precandidatas, gobernadores, jefes y directorios políticos de la extrema derecha, así como, de los medios prepago de comunicación, con la deliberada intención de crear un relato de inocencia, previo al fallo, del convicto expresidente. Así mismo la jueza fue objeto de amenazas de muerte y perfilamientos como el de Yesid Lancheros, director de la revista Semana, y mensajes como el del exministro de Uribe y director de la FM, Juan Lozano, ordenándole que fallara declarando la inocencia del expresidente. Para ellos, la imparcialidad de la justicia es sinónimo de encubrimiento e impunidad; privilegios que ha disfrutado el condenado durante décadas de su ejercicio autoritario del poder.
Como era de esperar, la extrema derecha expresó su rabia y su rechazo mediante declaraciones teñidas de odio que descalifican la actuación imparcial de la jueza Heredia y defienden a ultranza la inocencia del jefe supremo, (Andrés Pastrana e Iván Duque) hablan de un fallo político no judicial, que viola la presunción de inocencia, que representa un lawfare político, hasta proponen un “Asamblea Constituyente para combatir la politización institucional” (Paloma Valencia), acusan al gobierno de ser el responsable de politizar la justicia, de convertir el país en otra Venezuela, exclamaciones acompañadas de calumnias como la del hijo del expresidente, Tomás Uribe, que sindica a Iván Cepeda de se “el jefe político de las FARC”, que el fallo fue “un asalto de la narcoguerrilla que ostenta el poder a la democracia”. (sic)” y proclaman que “Uribe no está solo” (Fico Gutiérrez y Julián Rendón) y reclaman “ayuda de la comunidad internacional”; es decir de los Estados Unidos.
La respuesta del imperio fue instantánea, Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, declaro que “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, en el mismo sentido declararon los senadores de ultraderecha trumpistas, Bernie Moreno, Mario Días Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, todos de origen latinoamericano. Declaraciones no solo de complicidad con el convicto, sino que advierten posibles sanciones diplomáticas y comerciales que, claramente, atentan contra nuestra soberanía; como las ya impuestas por el presidente Trump al juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, a quien le revocó su visa y las de sus familiares, bloqueó posibles activos del magistrado en territorio gringo, como represalia porque formuló cargos a su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, por presunta responsabilidad en el intento de Golpe de Estado contra el presidente legítimo Lula Da silva e impuso como sanción al Estado carioca un incremento del 50% en los aranceles a las exportaciones brasileras.
Es de esperar que nuestra digna jueza y el Estado colombiano sean víctimas de las mismas sanciones. Mas allá del atropello a la independencia de la justicia y la soberanía nacional, dichas medidas no lograrán tapar la profunda crisis en que ha sumido al país imperialista y el desprestigio en que ha caído el presidente convicto, que además afronta 34 juicios penales, y un escándalo mayúsculo por pederastia. Podemos decir que se trata de un acto, arbitrario e imperial, de hermandad con el condenado expresidente colombiano y sus cómplices. La independencia de la justicia que reclaman es la que garantiza su impunidad y la de sus aliados.
El sentido y los alcances del fallo, se expresan claramente en la declaración del Senador Iván Cepeda, objetivo principal de las acciones delincuenciales de Uribe, y de los abogados de las víctimas, en la que defienden la decisión de la Jueza, “no como producto de una venganza política , sino resultado de una investigación estructurada y rigurosa”; califican la sentencia como respuesta a las denuncias sobre vínculos de Uribe con grupos paramilitares y sus intentos de manipular testigos; sostienen que “Uribe creyó que su inmenso poder iba a someter a la justicia como si se tratara de un partido político…”; resaltan el carácter histórico del fallo, que está fundamentado en un riguroso análisis de hechos y pruebas por parte de la jueza, que la intensidad del juicio refleja una justicia que finalmente rinde cuentas incluso ante las figuras de mayor poder; reivindican la autonomía judicial, el Estado de derecho y el reconocimiento de la justicia como “garante de la democracia y contrapeso eficaz de los políticos mas poderosos” y, por último, dedican el triunfo a las víctimas al señalar que el fallo “… no solamente honra nuestra dignidad, sino la de las víctimas y de las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos […] a quienes murieron, campesinos, en las masacres , del Aro, La Granja, San Roque. Al defensor de derechos humanos Jesús María Valle ..a todos ellos les decimos que continuamos hasta que prevalezca la verdad plena”. Una clara advertencia al narco terrorista expresidente que estos delitos declarados de lesa humanidad no prescriben.
Apoyamos las declaraciones de precandidatos y precandidatas del Pacto Histórico, que apoyan el fallo condenatorio al convicto expresidente, reclaman respeto, defienden la independencia de la justicia y la soberanía nacional, exigen respeto a la independencia de la justicia y las decisiones judiciales y protección a la vida de la jueza Sandra Heredia y la de sus familiares. En el mismo sentido debemos apoyar las declaraciones de los jueces penales de conocimiento de Bogotá, que expresan “apoyo y rodean a su compañera Sandra Heredia”, de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia – CORJUSTICIA – que solicitan a las autoridades públicas y medios de comunicación respeto por las decisiones judiciales y la presunción de legalidad y acierto, que piden garantizar la integridad física de la jueza, reclaman respeto por “la autonomía judicial y por las decisiones adoptadas en estrados, que solo pueden ser cuestionadas mediante los recursos legales”.
Finalmente, el país democrático que se manifestó, contrario a los uribistas, pacíficamente en las calles para celebrar la condena al rey de la impunidad, debe rodear al presidente Petro que exigió al imperio respeto a nuestra soberanía y la de la justicia colombiana y declaró que “es deber del gobierno garantizare la protección de la Jueza y su familia” y, que “en un Estado democrático los jueces no deben ser presionados sino protegidos”.
La lucha por la verdad judicial, la vida, la justicia y la democracia continua, los apoderados de Uribe anunciaron que respetan el fallo y que apelarán ante el Tribunal Superior de Bogotá. El riesgo de la preclusión que urdieron desde los inicios del juicio sigue latente.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
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