Aceptar la participación en esta cumbre es aceptar que la estrategia de la defensa hemisférica tiene como objetivos la lucha contra “el narcoterrorismo, las empresas criminales transnacionales y la penetración geopolítica externa”. Es por lo tanto aceptar, en primer lugar, la politización y lo que es aún peor, la militarización de la necesaria respuesta colectiva al consumo masivo de sustancias psicotrópicas. Es utilizar un grave problema de salud pública como pretexto para la militarización de la vida política y argumento para las intervenciones militares en países extranjeros evidentemente contrarias al derecho internacional.
El caso de Venezuela resulta clamoroso. La realización del operativo Dominio absoluto que permitió la captura de Nicolás Maduro, un jefe de Estado en pleno ejercicio de sus funciones, se intentó justificar con la acusación de que él era un “narcoterrorista”, cabecilla de una red de “empresas criminales transnacionales” que incluía al cártel de los soles, el tren de Aragua y los cárteles mexicanos. Del carácter infundado de estas acusaciones habla el hecho de que el mismo Departamento de Estado que ofreció 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro, haya retirado de la lista de acusaciones de la fiscalía su supuesto vínculo con el cártel de los soles. Temían que los abogados defensores llamen a declarar a Jeff Ratcliff, el director de la CIA, sobre las relaciones de la agencia con dicho cártel. Relaciones non santas, según afirman distintos analistas políticos estadounidenses.
La propuesta de incorporar a las fuerzas armadas latinoamericanas a la lucha contra “la penetración geopolítica externa”, es tanto o más grave. Porque representa una inadmisible injerencia en los asuntos internos de países soberanos que, precisamente por serlo, gozan de entera libertad para dialogar, negociar y firmar acuerdos de cooperación en todos los ámbitos con países de fuera del hemisferio. Reiteradas declaraciones del comandante en jefe de las fuerzas armadas estadounidenses, el presidente Donald Trump, permiten aclarar que lo que pretende realmente con esta lucha es la expulsión de la República Popular China del hemisferio y especialmente del mercado latinoamericano.
El caso de Venezuela es de nuevo una buena prueba, aunque no es desgraciadamente la única. También lo es la decisión de la administración Trump de expulsar de Panamá a la empresa china que gestiona los puertos del Canal de Panamá. Pero volvamos a Venezuela. A finales de agosto de 2025 se anunció la llegada al golfo de Maracaibo de una plataforma de perforación flotante, como parte de la inversión de 1.000 millones de dólares de la empresa china CCRC en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Pocos días después, el 1 de septiembre, la marina de guerra estadounidense inició la campaña ya mencionada de ataques letales a lanchas de supuestos narcotraficantes en las cercanías de Venezuela. Y el 2 de enero de este año, el presidente Nicolas Maduro se reunió en el Palacio de Miraflores con Qui Xiaoqui, enviado especial de Xi Jinping, para tratar asuntos relacionados con las futuras inversiones chinas en la infraestructura petrolera venezolana y en la madrugada del día siguiente se realizó el operativo de la Delta Force que capturó al Nicolás Maduro y su esposa y los envió esposados a una prisión en Nueva York.
En esto consiste la lucha contra “la penetración geopolítica externa”, por lo que resulta completamente inadmisible que nuestras fuerzas armadas se incorporen a esa lucha, porque va tanto contra el derecho internacional como contra los propios intereses nacionales. Que se satisfacen mejor si el país conserva la posibilidad de elegir entre un abanico de socios comerciales internacionales a aquel o a aquellos que le hagan la mejor oferta. Cuando tienes solo un socio no tienes elección: le tienes que comprar si o si, en los precios y en las condiciones que él fije.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: France 24
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