Asimismo, nuestro plan público de pensiones se ha visto afectado gravemente y acabamos de clausurar un otoño “caliente” como consecuencia de las protestas de las asociaciones de pensionistas en todo el país. De no cambiar el gobierno su política, se espera un invierno más “caliente” todavía.
Nuestro sistema de pensiones se ha visto atacado por una cadena de mentiras a lo largo de varias décadas. Una de las más repetidas es que está en peligro desde la crisis financiera de 2007; sin embargo, no es el sistema el que está en peligro, sino el futuro de pensiones y pensionistas. Otra falsedad ha sido acusar a los pensionistas de insolidarios por no aceptar la contención de sus jubilaciones, pero, curiosamente, los acusadores son los que se niegan a una reforma del sistema fiscal que sea más equitativa con las clases media y trabajadora porque supondría la pérdida de privilegios para las grandes fortunas y los grupos empresariales. Una vez más el objetivo del sistema neoliberal es exprimir las rentas del trabajo, no las del capital. En ocasiones, valiéndose de artimañas, como el incumplimiento por parte de nuestros gobernantes del Artículo 50 de la Constitución Española1 (1978), pues deja a la ciudadanía en una difícil indefensión futura. Aun así, ningún partido político se ha atrevido a “hincarle el diente” al sistema público de pensiones, pues dependen de 14.361.809 de votantes mayores de 60 años (el 36,4% de la población total del país).
Las pensiones españolas pueden ser contributivas –con aportaciones procedentes de impuestos y cotizaciones– y no contributivas –de tipo asistencial–, y nuestro sistema ha establecido una serie de convenios con todos los países de la Comunidad Europea y bilaterales con otros países. No obstante, los medios de comunicación más poderosos no han dejado de afirmar desde la crisis financiera que el capital para las pensiones públicas se acabará en poco tiempo. Aparte de que la ideología neoliberal siempre ha defendido el ámbito privado, lo que supone acabar con el estado del bienestar, el catastrofismo propagado por los medios de comunicación oculta intereses muy poderosos. Por un lado, los grandes grupos empresariales quieren abaratar costes no pagando las cotizaciones de sus trabajadores; por el otro, los grupos financieros ven beneficios multimillonarios en el control de las pensiones, lo que supondría la entrada de un capital ingente en las ruletas financieras.
La primera ofensiva contra el sistema público de pensiones llegó en 1994 de la mano del Banco Mundial, que afirmaba que no era sostenible y sugería que se estipulase una pensión mínima más unos complementos privados opcionales. Los argumentos esgrimidos fueron que dicho sistema no podría mantenerse porque la evolución demográfica implicaría una disminución de las cotizaciones, que las prestaciones estatales eran demasiado generosas y que la gestión privada siempre resultaba más eficaz. Sin embargo, se ha comprobado que dichas afirmaciones eran falsas.
En primer lugar, la evolución demográfica no es el problema porque las pensiones no dependen de la cantidad de trabajadores en activo, sino de la cantidad de bienes que se produzcan. De hecho, un informe independiente bien documentado asegura que en 2060 las pensiones solo supondrán un 11% del PIB. En segundo lugar, la tasa de dependencia, que depende del número de cotizantes por jubilado y que es fundamental para conocer la evolución de las pensiones, en 1999 era de 2,9/1 y en la actualidad es de un 2,23/1. En tercer lugar, la menor aportación a las cotizaciones, otro de los argumentos esgrimidos para acabar con el sistema público de pensiones, se debe a que nuestro índice de paro juvenil es el más alto de Europa.
En cuanto a la “generosidad estatal” con los pensionistas, es mínima, puesto que la tasa de sustitución o reemplazo, que es la diferencia entre el último sueldo y lo que se cobra al empezar la jubilación, es de las más elevadas de Europa –somos los terceros– a causa de la crisis, que ha provocado una bajada brutal de las cotizaciones.
No obstante, el problema viene de atrás: los Pactos de Toledo fueron aprobados por el Congreso de los Diputados (6/04/1995) para reformar los problemas estructurales del sistema de seguridad social. Se pretendía la financiación de las pensiones públicas por medio de impuestos y cotizaciones, pero se acabó ahogando a las clases media y trabajadora. Por un lado, los impuestos han seguido recayendo sobre las rentas del trabajo y no las del capital, con lo que se ha favorecido a los grandes propietarios y grupos empresariales. Por el otro, las cotizaciones han disminuido no solo por la crisis, sino también porque se presiona mucho menos a las empresas para que contraten a más trabajadores, aunque sea en condiciones pésimas, y no se han actualizado los salarios desde la crisis financiera.
A pesar de esta realidad, los distintos gobiernos optan por acusar a los pensionistas diciendo que no piensan en las generaciones futuras y que están sustrayendo capital a los sistemas educativo y sanitario. Los gobernantes deberían exigir que pagasen impuestos los que más tienen –las rentas del capital– y reformar la ley para que se cotizase con arreglo a los salarios reales y no a un máximo de 3.300 euros.
En realidad, las principales responsables de la crítica situación del sistema público de pensiones han sido las reformas laborales de Rodríguez Zapatero (PSOE2, 2010) y de Mariano Rajoy (PP3, 2012). Sin olvidar que los distintos gobiernos socialistas desde el supuesto regreso de la democracia a España (finales de los 1970) han hecho más daño al sistema público de pensiones que los gobiernos conservadores. El primero que estipuló que los trabajadores tenían que cotizar entre 2 y 5 años para cobrar una pensión fue Felipe González, el primer presidente socialista del país (1985). Con anterioridad, no se fijaban límites. La segunda restricción llegó con los Pactos de Toledo. En 1995, José María Aznar, presidente por el PP, estableció 15 años de cotizaciones para cobrar una pensión. En 2010, en plena crisis financiera, R. Zapatero implantó medidas que han llevado a los pensionistas a una pérdida de poder adquisitivo del 20%: la congelación de todas las pensiones excepto las mínimas, la imposición de trabas a la jubilación parcial, la supresión de la retroactividad en materia de dependencia –aunque hiciese muchos años que se hubiese solicitado– y el refuerzo de los incentivos a la prolongación de la vida laboral. A las restricciones socialistas se sumaron las conservadoras, pues la reforma de Rajoy (2012) incluyó la bajada de cuota que pagaban los empresarios, la instauración de los contratos a tiempo parcial, el apoyo a los emprendedores y la disminución de las indemnizaciones. En resumen, desde 1985 las actuaciones gubernamentales se han convertido en “reformas a la carta”; en perjuicio de trabajadores y pensionistas.
No obstante, las excusas de los políticos no pueden ser más pueriles. Según ellos, la Seguridad Social –que es la “pagadora”– no tiene dinero para la subida anual del 0,50% más el IPC; no dicen, sin embargo, que ese dinero existe pero que no se lo transfieren directamente, sino en forma de préstamo para justificar esa carencia de fondos… También ocultan que la caída de la esperanza de vida en 2016 llenó las arcas y que quienes se jubilen en 2027 perderán un 30-35% de valor adquisitivo.
En realidad, el objetivo fundamental es ahogar el plan público de pensiones para potenciar la gestión privada, aunque dicha opción no resulta tan eficiente y encomiable como parece. Si bien potencian los planes privados con sustanciosas desgravaciones, en el momento de liberarlos hay que devolver a Hacienda todas las desgravaciones y pagar por los beneficios obtenidos. Pero lo más peligroso es que dichos planes no están garantizados por el estado porque son muy especulativos y es precisamente su elevadísima volatilidad la que ha llevado al suicidio a un buen puñado de “beneficiarios”, a pesar de que los medios de comunicación no saquen a la luz pública dichos sucesos…
1 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
2Partido Socialista Obrero Español (partido de centroizquierda).
3Partido Popular (partido conservador).
Pepa Ubeda
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