Estos límites al poder de los Estados Nacionales se profundizó con la llegada al gobierno de los Estados Unidos de Ronald Reagan y el establecimiento del llamado Consenso de Washington en 1989 en que por acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos se estableció un recetario económico neoliberal, que rige aún, que estableció entre otros temas reformas como la llamada disciplina fiscal (de donde nace la llamada entre nosotros regla fiscal que no es otra cosa que garantizar en todo momento que la prioridad de las políticas fiscales garantice el cumplido pago de la deuda externa), la liberalización comercial, la privatización en áreas como los servicios públicos esenciales (salud, agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, entre otros), la desregulación y el fortalecimiento de los derechos de propiedad, todo ello se vendió bajo la fórmula ideológica de la estabilidad económica y el crecimiento de los países en desarrollo especialmente en América Latina.
Este es el marco general en que no solo se limitó el poder de los Estados Nacionales para establecer sus propias políticas económicas y su propio modelo de desarrollo, sino que generó en nuestros países unas elites económicas, políticas y empresariales que defienden y se imbrican con estos poderes trasnacionales disminuyendo notablemente en ellas el sentido de pertenencia a una nación, a una patria. Por eso vemos entre nosotros personajes como los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez y de Cali, Alejandro Eder, que van a hacer lobbying o cabildeo con funcionarios del gobierno norteamericano y con parlamentarios republicanos partidarios y cercanos a Donald Trump, para que descertifiquen a Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Hay que anotar que a esa labor antipatria se habían comprometido inicialmente también los alcaldes de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de Barranquilla, Alejandro Char y de Cartagena Dumek Turbay. El fuerte pronunciamiento del presidente Gustavo Petro que denunció este intento antipatria y la usurpación de las funciones presidenciales, pues claramente la Constitución Política establece que las relaciones internacionales las dirige y orienta el presidente de la República. Ante este pronunciamiento los alcaldes de Bogotá, Barranquilla y Cartagena cancelaron su viaje.
Así pues para sectores empresariales como para Bruce Mac Master presidente de la ANDI, o el de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, solo existen negocios en el corto plazo, ellos que deberían compartir la política de reindustrialización del país desarrollando un diálogo productivo con el gobierno para aterrizar el documento CONPES 4129 de diciembre de 2023 que define las líneas estratégicas de reindustrialización del país, solo están interesados en defender el statu quo y las políticas neoliberales que desindustrializaron el país. Ni un asomo de sentido nacional ni de defensa de la dignidad nacional. Por eso salieron a condenar las declaraciones mañaneras del presidente Petro, cuando condenó y exigió un trato digno para nuestros connacionales deportados de los Estados Unidos esposados y muchos de ellos encadenados. Nada dijeron cuando el gobierno de Trump impuso aranceles del 10% o amenazó con aranceles más elevados. Todos ellos incluidos sectores políticos de la oposición han viajado para que el gobierno norteamericano endurezca las condiciones y las políticas del imperio contra nuestro país. Ni hablar de la ahora precandidata Vicky Dávila que no solo apoya la invasión a Venezuela, sino que se lamenta porque no se invada a nuestro país.
Mi punto de vista no es chauvinista solo que mientras no exista un orden internacional justo y democrático mis libertades y mis derechos solo los protege el Estado Nacional en el cual vivo y del cual formo parte. Son los jueces de mi país, sus autoridades y sus instituciones, quienes deben proteger mis derechos y mi libertad.
Otro frente en el cual se manifiesta no solo la torpeza de la oposición sino su insensibilidad social se refiere a las acciones que emprenden para oponerse a reformas que quieren simplemente recuperar derechos que los trabajadores y los sectores populares tenían como la recuperación del pago de las horas nocturnas laboradas, el pago del 100% de los dominicales y festivos que representaron 40 billones de pesos en los veinte años que tuvieron vigencia estas políticas de precarización del trabajo y de empobrecimiento de los trabajadores por la reforma de la Ley 789 de 2002 bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Esos recursos adicionales eran utilizados por los trabajadores para cubrir gastos mínimos como la compra de los útiles escolares de sus hijos, el pago de matrículas, uniformes, o gastos mínimos en actividades recreativas; con la reforma esos recursos se fueron a las arcas de los egoístas empresarios y eso es lo que ha defendido la oposición. También se oponen no solo en el Congreso sino en demandas ante la Corte Constitucional para que no se establezca un sistema universal de pensiones como el aprobado en el Congreso donde se establece un ingreso mínimo vital para 3.5 millones de adultos mayores que trabajaron toda su vida y ahora no tienen una pensión o el pilar para que quienes no alcanzaron el número de semanas requeridas para pensionarse puedan obtener un ingreso vitalicio. Y esa demanda la interponen parlamentarios como Paloma Valencia que tienen un sueldo pagado por los colombianos de 50 millones de pesos mensuales. Ahora en campaña hablan de justicia social, de lucha contra la pobreza cuando son ellos con las políticas que han aprobado y han puesto en marcha, quienes han empobrecido a las mayorías nacionales. Y a eso le hace el juego el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, que solicita todo tipo de certificaciones al Congreso para oponerse a que la reforma entre en vigencia este año. Es el mismo que ha dicho que ha renunciado a la pensión. Ver para creer que el presidente del máximo tribunal de derechos humanos en Colombia crea que se puede renunciar voluntariamente a un derecho fundamental.
Con estas ropas raídas por el egoísmo y la corrupción es con las que quieren convencer a los ciudadanos y ciudadanas de Colombia que voten por ellos y ellas, para regresar al gobierno en las elecciones de 2026. Amanecerá y veremos. El país ya no es el mismo con el que ellos sueñan.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: Santillan en X
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