El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez
Venezuela está siendo víctima de una agresiva ofensiva militar, económica y política por parte del gobierno de Estados Unidos encabezado por el presidente Donald Trump, ante la cual no podemos ser indiferentes y menos aún auxiliares o cómplices. Pero no solo porque el destino de Venezuela está ligado al nuestro por la geografía, la hermandad, la historia y la política, sino porque la nueva arremetida del gobierno de Estados Unidos contra ella, cuestiona nuestra propia existencia como nación libre, independiente y soberana. Y la del resto de los países de América Latina y el Caribe.
El secuestro del presidente Nicolás Maduro, en una sangrienta operación de comandos, justificado por los cargos de narcotráfico presentados en contra suya ante un juzgado de Nueva York, pone en cuestión la existencia misma del Estado venezolano, porque da por hecho su inexistencia y por lo tanto la de su derecho a juzgar a sus propios ciudadanos, de acuerdo a la legislación vigente y con las garantías procesales establecidas por esa misma legislación.
El derecho internacional – fundado en la Carta de las Naciones Unidas suscrita Colombia y Venezuela y por el resto de los 193 países que conforman la comunidad internacional y corroborado por distintos tratados internacionales – contempla la posibilidad de que un Estado acuse de cometer delitos a un ciudadano de otro Estado, al mismo tiempo que establece la obligación del Estado acusador de presentar ante el otro Estado una solicitud de extradición que este último puede aceptar o rechazar. En Colombia conocemos bien el procedimiento, porque nuestros gobiernos han recibido y tramitado favorablemente numerosas solicitudes de extradición de ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico por las autoridades estadounidenses.
Estados Unidos jamás siguió este procedimiento en el caso del ciudadano venezolano Nicolás Maduro Moros. En 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, el secretario de Justicia le acusó de “narcoterrorismo y corrupción” y ofreció 15 millones de dólares por toda información que permita su captura. La administración de Joe Biden subió a 25 millones cifra y la segunda administración Donald Trump la subió a 50 millones. Pero en ninguna de estas tres oportunidades Washington cursó una solicitud de extradición de Nicolás Maduro ante el gobierno de hecho y de derecho de Venezuela. Porque en todos los casos dieron por inexistentes las instituciones del Estado venezolano. Tanto la presidencia, o sea el poder ejecutivo como el poder judicial. Si hubieran reconocido la existencia del poder ejecutivo no habrían podido formular la acusación ni ordenar la captura de quien lo encabezaba entonces y ahora porque, según la Convención de Viena, suscrita tanto por Estados Unidos como por Venezuela, los presidentes y jefes de estado gozan de inmunidad.
En el marco fijado por la Carta de las Naciones Unidas, estos últimos solo pueden ser juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya y/o por la Corte Penal Internacional. Como lo demuestran los casos de Slovan Milosevic, presidente de gobierno y jefe de Estado de Yugoeslavia, detenido en 2001 por orden del Tribunal Internacional de La Haya, acusado de “crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio”. Cargos semejantes a los que se enfrenta desde 2024 Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Insisto: esta es la única vía legal que existe para enjuiciar a un presidente o a un jefe de Estado. La alternativa es la violación del derecho internacional y el ejercicio desnudo de la fuerza bruta. Es la dictadura trasladada al plano internacional por un presidente como Donald Trump, quien ha declarado con respecto a sus decisiones en materia de política internacional: “Sólo hay una limitación, mi propia moral, mi propia razón. Es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional”.
El hecho de que esté dispuesto a violar el derecho internacional de manera tan flagrante en el caso de las acusaciones contra Nicolás Maduro afecta y de manera muy grave al Estado venezolano. También afecta al Estado colombiano y al del resto de los países de América Latina y el Caribe, como ya dije, porque si permitimos que el presidente Trump consume impunemente el secuestro del presidente de Venezuela, damos vía libre a que en el futuro pueda repetir una operación semejante en cualquiera de nuestros países. Y aceptamos de hecho que el reconocimiento de la existencia o siquiera la vigencia de nuestros Estados, nuestras leyes e instituciones están sometidas a las decisiones del gobierno de Washington. Colombia se convertiría en un mero protectorado.
Para nuestra vergüenza y nuestro infortunio permitimos que el presidente George W.Bush crease un funesto antecedente con el secuestro del general Manuel Noriega, comandante de las fuerzas armadas de Panamá, acusado, como ya es un hábito estadounidense, de narcotraficante. No niego que lo fuera. Digo que la operación militar que permitió su captura por las fuerzas armadas de Estados Unidos produjo la muerte de 4.213 panameños, según han revelado investigaciones recientes. En Venezuela los muertos producto del ataque letal del 3 de enero, suman ya un centenar, entre civiles y militares. Todos ellos crímenes de guerra, según la Convención de Ginebra, porque fueron el resultado de ataques armados a países al que oficialmente no se ha declarado la guerra. No permitamos que esto ocurra de nuevo. Exijamos la libertad inmediata del presidente Nicolas Maduro y de la diputada Cilia Flores, con independencia de cuáles sean nuestras creencias, orientaciones políticas e ideológicas u opiniones personales sobre la República Bolivariana de Venezuela. La política internacional de Colombia sólo será verdaderamente una política de Estado si es congruente con la defensa de su libertad, su independencia y su soberanía.
Carlos Jiménez
Foto tomada de: BBC
Deja un comentario