Hasta hace algunos años se creía que las elecciones de Congreso eran secundarias, que lo importante era la elección del presidente. Y era natural que fuera así, porque nunca habíamos tenido un presidente popular, es decir, que defendiera los intereses de las mayorías excluidas. De modo que todos los esfuerzos se enfocaron en elegir al presidente. Pero ahora que está tan cerca la victoria con Iván Cepeda, y que hemos visto los estragos del actual Congreso contra el presidente, hemos cobrado conciencia de ese grave error. Sin mayorías legislativas no hay reformas, no hay leyes sociales, ni hay presupuesto para financiarlas. Un Gobierno sin Congreso es un gobierno maniatado.
El Congreso aprueba o bloquea; permite avanzar o paraliza. Allí se decide, por ejemplo, si la educación pública recibe más recursos o se privatiza; si el sistema de salud se transforma o está al servicio del negocio de las EPS; si el campo recibe apoyo real y se moderniza o continúa en la pobreza histórica bajo el yugo de los señores de la gleba. Durante el gobierno de Gustavo Petro, las reformas se enfrentaron a un muro legislativo, y ese muro tiene nombres propios.
Durante décadas, el Congreso ha estado dominado por fuerzas políticas que han defendido un modelo económico excluyente y empobrecedor basado en el desfalco, el robo y la concentración violenta de riqueza. Ese modelo ha producido el enriquecimiento monstruoso de unos pocos, y la muerte y la miseria de la mayoría del pueblo colombiano. Esto no es un juicio moral, sino un balance histórico. Las cifras de miseria, desigualdad y pobreza lo demuestran.
Hoy el país vive una disputa inédita y abierta entre fuerzas que representan dos caminos: continuar y profundizar las transformaciones iniciadas bajo el actual gobierno, o regresar al modelo anterior que atenazó a Colombia hasta la asfixia.
Algunos sectores intentan presentar la elección legislativa como un simple trámite. Pero nosotros, más conscientes, sabemos que si las fuerzas que se oponen a las reformas logran mayoría, el país entrará de nuevo en una fase de bloqueo sistemático institucional. Cada iniciativa que busque mejorar las condiciones de vida de la mayoría será frenada, desfigurada, hundida o archivada. Eso ya lo hemos visto.
La política no es solo discurso; es, esencialmente, correlación de fuerzas, y esta se construye voto a voto. Para la clase trabajadora, para la clase media, para quienes viven de su esfuerzo diario, esta elección tiene un significado claro: decidir si el Congreso representará por fin los intereses populares o si volverá a ser un muro de contención frente a cualquier intento de reforma.
Gracias a nuestro primer gobierno progresista, el Congreso ya no es un escenario ajeno, ni lejano. Hoy sabemos bien qué es, cómo funciona y para qué. Las decisiones que allí se toman influyen en el precio de los servicios públicos, en el acceso al crédito, en los impuestos que pagamos, en la inversión en salud, educación, en la financiación de programas sociales, en el apoyo a pequeños empresarios y emprendedores, etc.
Quien crea que su voto no importa olvida que en política los vacíos siempre los ocupan otros. Ningún avance social ha sido regalado porque siempre ha sido resultado de organización y lucha, y esta lucha, para seguirse dando, necesita de una arrolladora participación este domingo en las urnas.
Un Congreso comprometido con la ampliación de derechos puede consolidar un ciclo de reformas sociales. Un Congreso alineado con los intereses de las fuerzas políticas tradicionales va a frenar ese proceso y a reinstalar viejas prioridades: recortes en el gasto social, privilegios tributarios, protección de monopolios, bloqueo a iniciativas redistributivas, privatización y presupuestos amarrados para financiar negocios de ultrarricos.
Quienes viven del salario, quienes trabajan en el comercio, en el campo, en la industria, en los servicios, quienes sostienen con su esfuerzo diario la economía nacional, tienen en sus manos la posibilidad de incidir en la reestructuración del viejo Estado. El voto legislativo es una herramienta de poder ciudadano, y ese poder ha quedado demostrado porque el Pacto Histórico hoy es mayoría, y por eso somos la principal fuerza política existente en el país.
Las élites nos enseñaron que la democracia es elegir candidatos cada cierto tiempo. Era esa la manera de legitimar el gobierno de los mismos con viciados procesos de elección. Hoy, la democracia formal es apenas el requisito básico con que el pueblo puede construir también poder en el Congreso, que es donde se redactan las leyes que organizan la vida económica y social que nos afecta a todos.
Este domingo 8 de marzo será una jornada clave. Cada voto suma, cada curul cuenta. Cada abstención favorece a quienes siempre han tenido maquinaria y estructura para movilizar electores cautivos y desprevenidos.
El país atraviesa una etapa decisiva. Hay avances que pueden y deben consolidarse, y retrocesos que pueden reinstalarse. El Congreso será el campo donde esa disputa se exprese con mayor claridad. Este 8 de marzo no es una fecha más en el calendario electoral colombiano: es un momento en el que la ciudadanía va a decidir si quiere un Congreso que acompañe y facilite las transformaciones sociales que el país requiere, o uno que funcione como freno permanente.
Votar solo en la presidencial no basta. Si este domingo 8 de marzo no se construye una mayoría progresista en Cámara y Senado, el próximo gobierno del Cambio enfrentará la misma resistencia que enfrentó Gustavo Petro.
David Rico Palacio
Foto tomada de: Registraduría del Estado Civil
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