El planteamiento, en el marco de negociaciones, de iniciativas de reconversión productiva, restauración ecológica y fortalecimiento del tejido social, con énfasis en el liderazgo de las mujeres rurales, constituye un interesante cambio de enfoque, en buena medida coherente con la estrategia de paz territorial. En este caso, el escenario de transformación es el norte y parte del Bajo Cauca antioqueño, en particular, en siete municipios: Ituango, El Bagre, Briceño, Anorí, Valdivia, Segovia y Yarumal.
Es decir, en esta selección de municipios no se incluyen: Caucasia, Nechí, Tarazá, Cáceres y Segovia que también son municipios antioqueños afectados por la explotación ilegal del oro.
La Iniciativa “Sembremos Confianza” es el fruto de un acuerdo logrado en el cuarto ciclo de diálogos adelantados entre las delegaciones del Gobierno Nacional y del Estado mayor de los bloques “Comandante Jorge Suárez Briceño”, Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte” y frente “Comandante Raúl Reyes” de las FARC-EP [1].
Entre los ejes fundamentales de dicha iniciativa está la protección del jaguar, en la franja estratégica de conectividad ecológica, para la protección de la selva húmeda del noroccidente del país, la preservación de la biodiversidad y el impulso de economías sostenibles, en procura de generar nuevas oportunidades para beneficio de las comunidades territoriales.
Para su implementación, se ha acordado el liderazgo de Corantioquia, la entidad autónoma regional que agrupa ochenta municipios de la franja central del departamento, así como el concurso de la Consejería Comisionada de Paz, la Agencia de desarrollo rural (ADR), la Misión de Verificación de la ONU, el PNUD, la UNODC, las autoridades locales y las organizaciones sociales, campesinas y de mujeres.
La iniciativa se propone beneficiar a 183.000 personas, mediante una inversión de US $ 1.600.000 a ejecutar durante 15 meses [2]. Desde 2024 se viene consolidando el modelo alternativo a la restauración ambiental con transformación social del territorio. Se pretende hacer restauración ecosistémica mediante la recuperación de hectáreas de bosque nativo, a la par del fortalecimiento de 21 asociaciones locales para el impulso de la producción de cacao, plátano y miel. En dicho contexto, se busca reparar a las víctimas del conflicto armado, especialmente, a las mujeres cabeza de hogar.
Este paso constituye una reafirmación del compromiso gubernamental de implementación de planes que incluyan la protección de las comunidades y de la naturaleza, desde perspectivas de sostenibilidad social y ambiental.
Con ello, se pretende dar respuesta a la vocación productiva del territorio, en procura de superar afectaciones históricas caracterizadas por la confrontación armada, la existencia de cultivos de uso ilícito, la minería ilegal y la instrumentalización de los pequeños y medianos mineros artesanales.
En un contexto territorial en el que, además de los Grupos Pos-Farc, también tienen presencia los grupos armados ELN y las Autodefensas Gaitanistas o Ejército Gaitanista, a la fecha, la iniciativa no goza de la aceptación general de los distintos grupos armados. Al respecto, predominan el silencio, el escepticismo y la obstrucción, según los intereses y objetivos particulares de cada grupo armado. Las actitudes frente a la iniciativa van desde quienes la interpretan como una amenaza a su control territorial, o la perciben como una estrategia gubernamental para debilitarlos. Tampoco faltan quienes pueden identificarla como oportunidad para legitimar sus acciones, o para obtener beneficios.
Como se muestra en el portal Vorágine [3], la lucha por el control de las rentas ilegales, en el caso de la explotación del oro ha llevado al ELN y al EGC a disputas por territorios para montaje de escuelas de entrenamiento de jóvenes reclutas, los cuales son usados luego como “carne de cañón” en sus enfrentamientos armados y por la explotación de minas, lo que también incluye confrontaciones con los grupos pos Farc.
Según Vorágine [4], Colombia produjo en 2023, 50,8 millones de gramos de oro, de los cuales, Antioquia aportó 35,3 millones de gramos, de los cuales el Bajo Cauca sumó 14,8 millones, de acuerdo con estadísticas del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO.
El precio del gramo de oro estaba a 29 de junio de 2024 en $ 295.101, según datos del Banco de la República. En contraste, aunque el precio puede fluctuar en el mercado, a fecha del 20 de julio de 2025, el precio del gramo de oro estaba para la venta a $ 524.701. Cabe resaltar que el 85% del oro que exporta Colombia proviene de la minería ilegal. Antioquia posee el 37% de las hectáreas dedicadas a la explotación ilícita del oro.
Los grupos armados ilegales cobran por permitir la entrada de retroexcavadoras y maquinaria amarilla, entre 2 y 3 millones de pesos, como lo refiere Vorágine a partir de estudios del Instituto Popular de Capacitación. Así mismo, los barequeros deben pagar entre 50 mil y 100 mil pesos mensuales por trabajar sobre material sobrante de la maquinaria. Una mina pequeña les debe pagar entre 200 mil y un millón de pesos y a un dragón le cobran entre 5 y 10 millones de pesos.
También, los grupos armados ilegales han creado empresas ficticias para legalizar el oro en Tarazá, Cáceres, Valdivia y Medellín. Más que ser dueños de minas, el EGC, el ELN y los grupos pos FARC lavan y consiguen recursos mediante la financiación de maquinaria, la compraventa, el cobro de extorsiones, a grandes, mediano y pequeños mineros. Esto les genera ingresos promedio entre 7 mil y 10 mil millones de pesos anuales.
El mejor camino para superar la ilegalidad de las minas es la formalización. Al respecto, la hoja de ruta trazada en el Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida tiene como ejes la transición energética, la reindustrialización, el desarrollo agrícola y la construcción de infraestructura. Al respecto, la diversificación productiva asociada a las actividades extractivas se concibe como una de las principales apuestas del sector minero y para ello se conciben los distritos mineros especiales [5].
Es importante lograr que la estrategia trascienda a los diferentes grupos y comunidades. De lo contrario, el proyecto “Sembrando Confianza” puede verse abocado a factores de riesgo debido a la presencia y accionar de los diversos grupos armados ilegales, a la desconfianza en el Estado, a las precarias condiciones socioeconómicas de la región, donde el 28,5% de los habitantes es pobre y el 68% se dedica al rebusque y el 33%, a la explotación de minas y canteras, lo que puede incidir en mantener las expectativas y costumbres de ejercer las prácticas de explotación ilegal del oro, en razón de su rentabilidad. Estos elementos pueden perturbar la implementación exitosa del proyecto y afectar la seguridad de la población.
La amenaza y la intimidación a líderes y lideresas sociales y a personas defensoras de derechos humanos también puede ser un obstáculo para la implementación de la iniciativa. Se requiere de presencia integral del Estado, en términos sociales, tecnológicos, educativos y económicos para brindar soporte a las cadenas productivas que se articulan con los procesos productivos y comerciales, en escenarios legales.
Así mismo, se requiere garantizar la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de las organizaciones sociales en sus dinámicas de autocuidado colectivo, de las agremiaciones de productores.
También, es pertinente la presencia judicial, de investigación criminal y de los correspondientes dispositivos de seguridad, en la perspectiva de la protección legal de las personas y comunidades, del avance en las negociaciones políticas y socio jurídicas y del desmantelamiento de las organizaciones delincuenciales.
Así, el Gobierno del Cambio va mostrando cómo se pueden articular políticas públicas y reformas estructurales de carácter nacional en lo social, con políticas que permitan reforzar la vocación productiva regional, en beneficio del proceso de reindustrialización del país, del fortalecimiento de la economía popular y campesina, con enfoques ecológicos a tono con las fuerzas motrices de cada territorio.
A la par, puede avanzar en la promoción del fortalecimiento del papel activo de las comunidades como sujetos protagonistas de la construcción de la paz. Esto puede propiciar la generación de escenarios y condiciones favorables para que las negociaciones de paz conduzcan a la reintegración socioeconómica, pacífica, de los actuales actores armados. Así mismo, puede facilitar la disminución del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y debe permitir derivar lecciones
Fuentes:
[1] Consejería comisionada de Paz. Instalado el primer Comité Directivo del proyecto “Sembremos Confianza” para la construcción de Paz Territorial en el norte y Bajo Cauca antioqueño. Comunicado de prensa. Julio 17 de 2025. Medellín. [2] Gómez Licsa. ONU y Corantioquia firmaron alianza por más de 1 millón de dólares para restaurar zonas afectadas por minería y cultivos ilícitos. Junio 28 de 2025. [3] Vorágine. Escuelas de reclutamiento y extorsiones: la guerra del oro en el Bajo Cauca | CONTRACORRIENTE 32, 2 oct 2024.https://www.youtube.com/watch?v=FCOLw4ytzRU&t=176s
[4] Alexander Macías. Escuelas de reclutamiento y extorsiones: la guerra del oro que desangra al Bajo Cauca. Portal Vorágine. 29 de septiembre de 2024.https://voragine.co/historias/reportaje/escuelas-de-reclutamiento-y-extorsiones-la-guerra-del-oro-que-desangra-al-bajo-cauca/jo Cauca, donde la Paz Total naufraga en medio de
[5] Unidad de Planeación Minero Energética. Diagnóstico Distrito Agrominero y Pesquero de la Región del Bajo Cauca Antioqueño. Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva. 2024.
Albeiro Caro Fernández, Corporación Nuevo Arco Iris
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