En primer lugar, no cabe duda de que la pérdida de libertad de Uribe, condenado a casa por cárcel y a una pena de 12 años de prisión, más una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos y una inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 8 años, va a profundizar la polarización y la radicalización en el país. Aunque la juez Heredia encontró probadas las situaciones que motivaron la condena de Uribe, amplios sectores de la sociedad, ignorando la existencia de los argumentos de la togada, insisten en que se ha instrumentalizado la justicia con fines políticos y que se trata de una venganza de la izquierda y del Gobierno. Otros sectores consideran, por el contrario, que ha sido un jaque a la impunidad, producto de una acción respetuosa del debido proceso que se desarrolló a lo largo de 13 años y tuvo como testigos a tres presidentes y cuatro fiscales.
La condena del máximo líder de la oposición que algunos consideran injustamente tratado tendrá honda repercusión en el nivel electoral. Convertido en víctima del odio de sus opositores y de un juicio que violó su presunción de inocencia, Uribe será considerado casi como un mártir. Su figura, lejos de opacarse, se ha crecido y su palabra ganará todavía más fuerza en su partido, el Centro Democrático, donde habrá movimientos internos para lograr ser el ungido del patrón. Lo mismo parece estar dándose en las fuerzas que han asumido el poder en Colombia, las cuales no encuentran quién remplace a Gustavo Petro. Algunos han sugerido la candidatura de Iván Cepeda quien venció a Uribe en los estrados, pero todavía falta que corra mucha agua bajo los puentes. En el plano nacional, la condena del expresidente y la radicalización de los movimientos políticos llevará a reconfigurar las alianzas. En este juego de fichas en el que no se destacan figuras ampliamente reconocidas el llamado centro político se expone a quedar laminado por los extremos donde las viejas figuras políticas con experiencia pueden volver a ocupar los primeros puestos. No faltan los que, desde la derecha más rancia, han lanzado el nombre de Germán Vargas Lleras. Muchos otros piensan en Roy Barreras, identificado como santista.
La histórica sentencia de condena de Uribe tiene todavía mucho camino por delante para cerrarse. Vendrán las apelaciones y, posiblemente, si no llega la prescripción se irá hasta la casación. Será terreno abonado para seguir politizando el caso y debatiendo acerca de la judicialización de la política, lo que plantea duros desafíos al sistema judicial colombiano.
Los ataques a la juez Sandra Heredia han sido un claro ejemplo de instrumentalización de la legalidad según conveniencia la cual atenta contra la independencia de la rama judicial dejando a un lado u olvidando hechos comprobables. Ciertamente, toda discusión se sustenta o da lugar a una narrativa, a una interpretación que da cabida al sesgo. Pero para interpretar hay que contar con datos y cuando estos son comprobables escapan a interpretaciones caprichosas.
Más allá de las narrativas que se elaborarán para justificar determinadas posiciones o juicios, se plantea en el campo del derecho un asunto que ha sido abordado por varios juristas como Alfonso Gómez Méndez quien valiéndose del caso de Uribe vuelve a reflexionar sobre el sistema penal acusatorio que se implantó en el país, inspirado en el sistema estadounidense, pero con ciertas adaptaciones, en particular la introducción de un sistema “garantista” para que el ciudadano afrontara el proceso en libertad, siendo la detención preventiva una excepción. Escribe al respecto Gómez Méndez en su columna del 6 de agosto de 2025: “Se le vendió al país (el sistema oral acusatorio) diciendo que se trataría de una justicia muchísimo más ágil. Durante estos años (empero) los procesos han sido tanto o más dilatados que antes, tanto que la gente habla del sistema penal “aplazatorio”… En el caso contra el expresidente Uribe, la administración de justicia ha necesitado más de siete años para resolverlo, y sin incluir las instancias que faltan ante el Tribunal de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra”.
Para terminar, y dejando en claro nuestro rechazo a invitar a la intervención de instancias extranjeras para resolver los desafíos que ha levantado la condena de Uribe, hacemos nuestra la conclusión de Gómez Méndez en su columna: “El Congreso de la República debería tomar mucho más en serio su papel en la política criminal del Estado y no seguir haciendo cambios al vaivén de la coyunturas”.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
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