Razonabilidad y dislates
Algunas de las propuestas son razonables y necesarias. Otras, probablemente no dejen de convertirse en dislates en términos prácticos, aunque con ellas se pretenda cierta coherencia global. Mientras tanto, la propuesta como un todo corre el riesgo de convertirse en apenas otra reforma política más, carente de un impacto profundo en la marcha de la democracia clientelista, en cuyo nido se incuba siempre el huevo de la corrupción, como el mecanismo secreto, con el que se activa la representación política, indisolublemente asociada con el control del Estado.
Razonable y necesaria es sin duda la modificación del actual Consejo Electoral y su transformación en una Corte, compuesta por magistrados, que no concurran a ella como representantes de los partidos políticos, una circunstancia que le quita seriedad, majestad y neutralidad. Se trata de una transformación pedida a gritos, hace rato, por el desarrollo mismo de la competencia electoral.
También lo es la invocación para que la ley induzca a los partidos a una mayor democracia interna. No lo es menos el hecho de que la financiación de campañas y partidos sea mayoritariamente pública y además provista de equidad para que los partidos nuevos gocen de un apoyo que les proporcione una aceptable competitividad.
Un dislate, incluso un disparate, puede ser el por el contrario la idea de aumentar el número de miembros en el Congreso, de modo que este último pase de unos 268, como sucede ahora, a 300. Es cierto que este incremento estaría apoyado en motivos de mayor equilibrio dentro de la representación, favorable a regiones y a partidos pequeños. Es verdad además que como consecuencia de la paz debe aumentarse, cuantitativamente aunque provisoriamente, la representación parlamentaria, con el fin de que dé cabida a las comunidades, habitantes las zonas azotadas por el conflicto armado.
Sin embargo, un aumento en el número de representantes elevaría sustantivamente la representación, en proporción con el número de habitantes, sin necesariamente traer mejoras en la calidad y en la eficacia del trabajo legislativo. Entraña, en cambio, mayores gastos presupuestales y un contraste desfavorable con la propuesta uribista, la que se compromete por el contrario con una disminución del personal parlamentario.
Otro disparate podría surgir de la formación de un Consejo Electoral (distinto a la Corte), que reemplace parcialmente a la Registraduría, ente éste que organiza con prontitud las elecciones. El efecto del reemplazo haría más bien las veces de un embeleco, un puro experimento intelectual, no exigido por una necesidad apremiante; le daría la razón al aserto socarrón de Alfonso Lopez, el viejo; quien hacía notar –era fama- el hecho de que los colombianos no podían ver una institución funcionando, porque les entraba, incontenible, la comezón de buscar artificialmente algún mecanismo de sustitución.
Reingeniería en las listas y circunscripciones
Entre el dislate y la razón, entre el disparate y la sensatez, aparece una propuesta, de esas que tienen el carácter de ser un ajuste en los mecanismos electorales, cuandoquiera que las cosas no hayan funcionado del todo bien. Al voto preferente, la Misión Electoral le quiere oponer la lista cerrada. El propósito seguramente ha de ser el de evitar la disgregación de los partidos en maquinarias particularistas, pues el vínculo que crea la representación se estaría focalizando más en la jefatura personalista que en el partido.
Ahora bien, bajo el sistema de lista cerrada, también existían las empresas de corte particularista; solo que a esta sumatoria de personalismos, se agregaba la falta de democracia en la selección de los candidatos y en la confección de las listas. Lo que hizo el voto preferente fue liberar la competencia de las clientelas al interior de los partidos.
Hubo clientelas con listas cerradas y las hay con el voto preferente; y en ambos casos, pervierten el nudo de la representación. Aun así, la corrección propuesta –el regreso a la lista cerrada- haría parte de una ingeniería institucional beneficiosa si, y solo si, se completa, tal como lo sugiere la propia Misión, con el diseño de distritos para unas listas plurinominales, a las que se añada la democracia intra-partidista.
Un horizonte todavía estrecho
Con todo, el conjunto de la propuesta aún se sitúa en un horizonte de correctivos (buenos, regulares y malos) a los mecanismos existentes dentro de una democracia, que no por dichos correctivos dejará de ser básicamente clientelista.
Un horizonte de mayor alcance debe incluir la limpieza en el vínculo de representación, en primer término; la garantía de los equilibrios dentro de la competencia, en segundo término; y finalmente (last but not least) la eliminación de los factores que hacen de la colombiana, una democracia clientelista en alto grado.
Dicho horizonte sobrepasa el tipo de correctivos propuestos por la misión de expertos. Tiene que ver con transformaciones de mayor calado, tales como la sustitución del bicameralismo por el sistema de una sola asamblea, bajo el diseño de un régimen equilibrado de circunscripciones electorales.
Y tiene que ver, antes que nada, con la eliminación de toda captura de los recursos públicos por parte de las clientelas formadas dentro de los partidos. Es una reforma que supone una más amplia y progresiva carrera administrativa; junto con la terminación con todo rastro de “cupos indicativos”, movilizados, tramitados y ejecutados, a través de la intermediación ofrecida por los parlamentarios. Claro: quizá haga falta una Constituyente, que en el futuro aborde estos cambios de fondo.
Ricardo García Duarte: Ex rector Universidad Distrital