Si así ocurriere se lograría desfinanciar parte importante de la política social (diferente a la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico) y del presupuesto nacional de inversión, a la vez que se profundizaría la crisis fiscal y aumentaría la presión por un mayor endeudamiento, mientras se consolidan los cacicazgos elitistas de las regiones.
Por el contrario, la reforma al SGP puede expandir el Estado social de derecho sobre todo el territorio nacional, contribuir a proteger los grandes ecosistemas ecológicos, a la paz, a profundizar la democracia y a estimular sistemas económicos territoriales. Para ello se requiere que el aumento de recursos esté atado al cierre de brechas de bienestar, capacidades institucionales y oportunidades de desarrollo económico.
El cierre de brechas sectoriales se refiere a los enormes diferenciales en cobertura y calidad que existen en salud, educación, agua potable y saneamiento básico. En salud, en 39 municipios el 100% de la población necesita más de 60 minutos para acceder a servicios del nivel primario. Departamentos como Chocó, Vichada y la Guajira tienen tasas de mortalidad materna superiores a 150 casos por cada cien mil nacidos vivos, tres veces el promedio nacional y diez veces más que el registrado en el Valle del Cauca. Por otro lado, 304 municipios carecen de salas de parto, 566 municipios no cuentan con Instituciones Prestadoras de Servicios en áreas rurales y 184 no disponen de servicios de urgencias.
En educación las tasas de matrícula de niños de 3 a 4 años en Bogotá, las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, superan de lejos los registros de los municipios periféricos. Esta disparidad también se observa en adolescentes de 15 a 16 años. En las pruebas Saber 11 en matemáticas y lectura crítica los municipios con puntajes mayores a 50 se concentran en el centro del país, mientras que en el Pacífico, la región Caribe, la Amazonia y la Orinoquía no superan 42 puntos. En infraestructura, el 24% de las sedes educativas de secundaria no cuentan con matrícula en educación media, un porcentaje que en Bogotá y las grandes ciudades baja a menos del 10%. Además, el 55% de los establecimientos educativos no tienen conexión a agua potable, afectando principalmente a las zonas rurales.
Las brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico son muy grandes, especialmente entre las zonas rurales y urbanas. Según el Registro de Estratificación y Coberturas (REC), 396 municipios no cuentan con agua apta para consumo humano, 52 presentan discontinuidad en el servicio de acueducto, 48 reportan una continuidad insatisfactoria y 421 municipios ni siquiera reportan información. La situación en las zonas rurales es aún más crítica: 115 municipios no registran cobertura de acueducto rural, 278 carecen de registro de alcantarillado y el 86.4% no tiene agua apta para consumo humano.
La reforma constitucional es la gran oportunidad de modificar las normas y criterios de distribución en cada uno de los sectores para el cierre de brechas, es decir, construir una arquitectura institucional para la equidad como gran legado progresista de larga duración, que continua y profundiza el acuerdo constituyente de 1991.
El cierre de brechas institucionales se refiere a la gigantesca diferencia en capacidad fiscal, desarrollo administrativo y poder de agenciar los intereses locales ante las autoridades, políticas y presupuestos nacionales. Después de 38 años de iniciado el proceso de descentralización 84 municipios y 3 departamentos tienen solvencia y capacidad de inversión, complementan con recursos propios el gasto social financiado nacionalmente, tienen baja dependencia del sistema de transferencias, alta capacidad de ahorro, acceso al crédito público y privado, así como los mejores estándares en capacidades administrativas y fiscales. Por el contrario, 618 municipios y 22 departamentos se encuentran en riesgo fiscal, siguen dependiendo de las transferencias en más del 70% de sus presupuestos, no tienen capacidad de inversión ni acceso al crédito y continúan con bajas capacidades administrativas y fiscales (Tabla 3).
La reforma constitucional debe aprovecharse para financiar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios más débiles: aquellos de mayor prevalencia ambiental (al menos el 60% del territorio es área protegida), densidad étnica (al menos el 33% de la población) y a los municipios con menores capacidades tributarias per cápita. El cierre de brechas y la extensión del Estado Social de Derecho sobre todo el territorio nacional se juega, no solo en los recursos transferidos, sino en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos locales.
Fuente: Informe Final Misión de Descentralización (2024).
Las brechas económicas son la médula a partir de la cual se genera la producción de las inequidades. Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina, la región más inequitativa del mundo, en términos de ingresos de las personas. Comparte el deshonroso palmar con Honduras y Brasil, es decir, con un PIB bajo y otro alto, siendo el colombiano medio. Los departamentos más ricos de Colombia, (Bogotá, Antioquia, Atlántico, Valle, Santander, Cundinamarca y Bolívar) concentran las mayores inequidades internas entre sus municipios, en términos del Valor agregado Municipal. De igual manera ocurre con la Guajira, Meta y Casanare, que dependen de las actividades extractivas. Es decir que la inequidad no es el resultado del atraso, de la pobreza y del subdesarrollo, sino de las características mismas del modelo de desarrollo y crecimiento, en el cual a mayor desarrollo del PIB más inequidad socio territorial se produce.
La ley de competencias es la gran oportunidad de crear un Fondo de Convergencia Económica Territorial que financie proyectos de formación bruta de capital entre los municipios con mayores rezagos tributarios en cada departamento. Todos los departamentos serían receptores del Fondo y por un criterio de equidad el per cápita sería mayor para los territorios con menor desarrollo relativo.
La reforma constitucional estableció como principal objetivo del sistema general de participaciones el cierre de brechas sociales, institucionales y económicas. Gran logro que debe traducirse en las múltiples leyes que la desarrollen.
Darío I Restrepo & Sergio León Álvarez
Foto tomada de: RTVC Noticias
Aumentar el SGP sin reglas claras de inversión es poner a cuidar el queso al ratón. Las castas regionales se enriquecerán más y, las necesidades básicas primarias de muchas poblaciones seguirán sin resolverse.
Con clanes políticos y mafiosos tan codiciosos y egoístas empotrados en el congreso, estas transferencias serán presa fácil de su rapiña.
Reforma política con límite de permanencia en el legislativo y representación de todos los sectores sociales debe ser la columna de la democracia participativa. La financiación total del estado de las campañas y la no intervención de las empresas privadas en campañas junto a la abolición del lobby serían muestras de querer salir de ka corrupción hacia un verdadero estado social de derecho.