De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional, para el 2023 se encontraban matriculados 2.475.833 estudiantes, de los cuales 2.280.847 (92,1%) cursaban programas de pregrado (técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios) y 194.986 (7,9%) cursaban programas de posgrado. Del total de estudiantes de pregrado 991.241 fueron atendidos en el sector privado (43,5%) y 1.289.606 (56,5%) en el sector público. Es importante anotar que existe una concentración de oferta en Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Antioquia.
Es importante anotar que en Colombia, solamente 4 de cada 10 bachilleres ingresan a educación superior al año siguiente a su graduación, uno de cada tres estudiantes que ingresa a la educación superior abandona sus estudios y no alcanza la graduación efectiva.
Para tener un panorama de la oferta de educación pública superior, en la actualidad, el sistema de educación superior en Colombia consta de 305 instituciones, de estas, 89 tienen el carácter de universidad y 216 tienen el carácter de Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas o Instituciones Universitarias (ITTU). Del total de Instituciones de Educación Superior (IES), 218 son privadas (55 universidades y 163 ITTU) y 87 son oficiales (34 universidades y 53 ITTU). De las 87 instituciones oficiales, 67 están vinculadas o adscritas presupuestalmente al sector educación (34 universidades y 33 ITTU), según el Ministerio de Educación.
De las 34 universidades públicas, 17 son de orden nacional y 17 de orden territorial. Las universidades del orden nacional financian sus presupuestos con los aportes o transferencias que realiza la Nación y con los recursos o rentas propias que provienen de la venta de servicios y el recaudo por las matrículas, inscripciones, consultorías y otros. Las universidades de orden territorial se financian con los aportes o transferencias de la Nación, los aportes de las entidades territoriales y los recaudos propios.
En 2024, desde el Presupuesto General de la Nación fueron dispuestos para el sector educativo un total de $70,4 billones, siendo este por sexto año consecutivo, el sector con mayor participación. Del presupuesto asignado, cerca de $12,2 billones se destinaron a educación superior, de los cuales 8,3 para infraestructura y 3,9 de fomento y sostenimiento.
Se han identificado 4 problemas relacionados con la financiación de las Instituciones de Educación Superior IES de acuerdo a la ley 30 vigente, uno es que existen brechas entre las IES públicas, los institutos técnicos y tecnológicos, estos últimos quedaron supeditados a la financiación con recursos propios. Lo segundo es que el crecimiento del esquema de transferencias no se comparece con el crecimiento de los costos de la prestación de servicios de las universidades, se calcula que los costos pueden superar en un 5% a lo que reciben las instituciones de educación superior.
El proyecto de ley consta de 4 artículos que pretenden modificar los artículos 86 y 87 de ley 30 de 1992 en donde se crea un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, incluye a todas las instituciones públicas de educación superior, las tecnológicas, e instituciones universitarias públicas, del orden nacional y territorial. El segundo artículo modifica la forma de financiación, en tanto esta se hacía de acuerdo al índice de precios al consumidor y ahora se haría con base al índice de costos de la educación superior ICES que lo calcula el DANE. Esto implica que, si hay nuevas seccionales para ampliar la oferta educativa, estos costos se incluirán en el presupuesto. También se habilita que desde el presupuesto general de la nación recursos adicionales dirigidos para mejorar progresivamente el progreso y la graduación de estudiantes, fortalecimiento de planta profesoral, también habilita a la nación y entes territoriales para que pueda hacer aportes adicionales para infraestructura y calidad.
En el artículo 3 se habilita para que se pueda destinar el 0.05% del presupuesto general de la nación para las instituciones universitarias tecnológicas y universitarias públicas incluidas las de orden territorial en cuya creación no está vinculada la nación, el crecimiento de este recurso también se hará tomando como base el ICES. En el artículo cuarto se establece que el gobierno nacional incrementará anualmente sus aportes para universidades nacionales y territoriales en un porcentaje no inferior del 70% del incremento real del producto interno bruto. Con estos artículos se reformaría el modelo de financiamiento de la educación superior consignada en la ley 30 de 1992.
Sin duda alguna este es un proyecto de ley muy importante dentro de la agenda social del gobierno del cambio, que busca saldar su compromiso programático con los jóvenes del país de ampliación de cobertura y cupos para el acceso a educación superior, modificar de manera estructural la financiación para que esto sea una política permanente es un gran acierto, correspondería posteriormente a los temas de calidad y lo relativo al papel de la educación superior en la transformación cultural para construir una sociedad democrática, pacífica e incluyente. Resuelto en parte el problema del financiamiento corresponde ahora al ministerio de Educación orientar las políticas públicas en materia pedagógica para mejorar la calidad de la educación superior, técnica y tecnológica, este es el reto.
Carolina Corcho Mejía, Exministra de salud, médica psiquiatra.
Foto tomada de: Colombia.com
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