Desde el 24 de noviembre de 2016, fecha en que se firmó el Acuerdo de Paz, han sido asesinados 303 excombatientes de Farc. Entre enero de 2021 y enero de 2022 fueron asesinados 46 firmantes del Acuerdo de Paz y 188 líderes y defensores de derechos humanos; además se presentaron 96 masacres con 388 muertos. A lo cual se suman crecientes hechos de desaparición forzada, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado y confinamiento a comunidades en diferentes regiones.
Entendemos que por la gravedad de estos hechos la Corte Constitucional el pasado 27 de enero aprobó la sentencia SU-020/22 mediante la cual declaró un estado de cosas inconstitucional con las personas que firmaron la paz y están en proceso de reincorporación “por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad de la población firmante en tránsito a la vida civil, previsto en el Acuerdo Final de Paz, desarrollado por normas constitucionales legales”.
Esta sentencia ordena al Gobierno adoptar “las medidas que le permitan cumplir de manera integral, coordinada y articulada las garantías de seguridad previstas”. También dispone, entre otras órdenes, poner en funcionamiento efectivo la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y crear en un plazo de tres meses, una Sala Especial de Seguimiento para asegurar que el Gobierno cumpla las órdenes emitidas.
A esta decisión histórica de la Corte, se suma el reciente comunicado de Noruega y Cuba, países garantes del proceso de paz, solicitando al Gobierno acciones concretas para proteger a los excombatientes y sus familias.
Coincidimos con Antonio Guterrez, secretario general de Naciones Unidas, en su informe del pasado 20 de enero donde relata que el Acuerdo de Paz está en riesgo por el asesinato sistemático de excombatientes de Farc y líderes sociales.
Destacamos que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, en comunicado del 28 de enero “reiteraron su preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra exmiembros de las Farc-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas mujeres y aquellos de comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Resaltamos, en estos momentos, que los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Nariño, y Norte de Santander, merecen especial atención, pues el balance de la crisis humanitaria durante el primer mes del año deja alarmantes cifras de víctimas entre la población civil.
Sumamos, como Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal. nuestra voz a la de quienes invitan a los actores armados a respetar a las comunidades, las organizaciones sociales y sus territorios, y a frenar la ola de atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario. En particular invitamos a los grupos insurgentes que demandan espacios para la negociación política, a mostrar su disposición efectiva a un alto al fuego.
Llamamos al Gobierno a un mayor diálogo con las comunidades en sus esfuerzos por rechazar la violencia en sus territorios, y a profundizar la implementación del Acuerdo de Paz.
Convocamos a los actores armados a respetar a las comunidades, a las organizaciones sociales y a frenar la ola de atentados violatorios del Derecho Internacional Humanitario.
Respaldamos, igualmente, el reciente llamado de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz OEA en Colombia para promover un diálogo entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional -ELN que permita avanzar hacia una paz completa.
Exhortamos al Gobierno y a los grupos armados a suscribir y respetar un acuerdo humanitario, como un derecho a la Paz, fundamento del Estado colombiano y un derecho de obligatorio cumplimiento. Es necesaria, por tanto, la construcción de mínimos humanitarios como alternativa para poner fin al sufrimiento de tantas familias que se siguen sumando al número de víctimas, así como a los daños al territorio que es la vida misma para estos pueblos. Estos acuerdos deben contar con el acompañamiento de la iglesia, la comunidad internacional, los consejos territoriales de paz y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Convocamos, con especial interés, a los partidos y organizaciones políticas para que en las campañas electorales en curso se sumen a estas solicitudes.
Finalmente, ratificamos la importancia del dialogo y la necesidad de fortalecer la paz como bien supremo de la sociedad, y alentamos a la no violencia y a la resistencia pacífica a la guerra.
Mesa de gobernabilidad y paz del sistema universitario estatal
Foto tomada de: El Colombiano
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