Si ya era cuestionable el ´pupitrazo´ mediante el cual la Asamblea departamental aprobó la figura sin la mayor discusión, menos aún algo de investigación de lo que pueden implicar para el departamento esta carga de una integración regional que se enmarcó en los intereses de las grandes constructoras y los bancos y holdings que son sus propietarios. En el Concejo de Bogotá la historia no fue muy diferente, a excepción de algunos concejales que hicieron el deber por demorar y analizar el proyecto de acuerdo, terminó siendo aprobado, no de forma tan aplastante, pero aprobado, al fin y al cabo. Si eso pasa en grandes centros, ¿qué se puede esperar de las pequeñas poblaciones?
Ahora ha empezado la desbandada por “unirse” a la Región, en plena época electoral y sin ninguna garantía para la ciudadanía que se esté teniendo claro a qué se ingresa, si es costo efectivo para poblaciones categoría 6, 5 o hasta 4 que deban asumir la carga tributaria y de responsabilidades que implica una nueva figura territorial, o si, siquiera les traerá beneficios. Por ello surge la duda de si los 9.196 habitantes del bello municipio de la provincia de Oriente tienen claro en qué los están metiendo. También surge la duda de si los habitantes de Chipaque, municipio que queda entre Bogotá, ya integrante de la Región y los estrenados vecinos de Une, saben qué pueden hacer si llegan a no querer ser parte de la región pero verse atrapados entre dos territorios que sí y dentro del departamento que sin territorio propio también hace parte de la adaptada figura regional.
Debido al seguimiento realizado se puede afirmar que seguramente no tienen ni idea de beneficios, compromisos, responsabilidades y la empeñada que se realiza con esa inclusión. Porque la única certeza que hay alrededor de la misma es que no hay certezas sobre ninguno de estos aspectos, es más está en proceso de revisión en la Corte Constitucional. Incertidumbre que no solo debería preocupar a la capital y al departamento sino a todo el país, porque entramos en una incertidumbre muy compleja al realizar un proceso de integración que se requiere bien hecho desde hace 40 años pero hoy sacado a punta de componendas de manera irresponsable, totalmente ilegítima para los pobladores de la región y con clara intervención corporativa, poniendo en alto riesgo nada más ni nada menos que el territorio que percibe casi la tercera parte del Producto Interno Bruto de la nación.
La organización regional se requiere hace 4 décadas debido a que las divisiones políticas de este territorio no fueron elaboradas acorde a cómo viven y se construyen nuestros ecosistemas.
La falta de articulación en las figuras de ordenamiento territorial ha llevado al lastre de los cambios en el uso del suelo, teniendo en la región el crecimiento inmobiliario desordenado como principal afectación, sumado a otros tales como la minería, ganadería y agricultura, generando como consecuencia la desconexión regional de áreas naturales que hasta hace relativamente poco habían sido conservadas y fuera de las lógicas de vocación productiva de estos territorios, lo cual se traduce en la fragmentación de hábitats que a su vez provoca el aislamiento de especies animales y vegetales desencadenando la pérdida de biodiversidad.
Sobre la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca han sido numerosas y públicas las críticas, la más persistente de ellas la de la ausencia de participación social e incidencia real, pues cumplieron con unas audiencias públicas remotas en el marco de la pandemia mundial sin vinculación real de propuestas ciudadanas y más para ponerle visto bueno a un requerimiento en el papel. Pero, lo cierto es que hay otros 3 aspectos que son alerta desde el momento cero y hasta hoy no encuentran respuesta o solución: lo legislativo, lo ambiental y lo técnico de ordenamiento territorial.
La manera en que se modificó la constitución mediante el acto legislativo 23/2019 Senado 182/2019 Cámara, creando una figura adicional a las que había en el marco administrativo nacional e instituyéndola sin contar con una adecuada inspección ni ejecución de procesos diagnósticos pertinentes o necesarios, desde las diferentes esferas que afectarán a los territorios, con el impulso de grupos políticos y empresariales que se han visto permeados por denuncias como las del volteo de tierras; sumando la desconfianza de las comunidades, en especial las cundinamarquesas, por sentirse excluidas de la información y concertación de la misma. Proceso que no se saneó en las discusiones y aprobación de la ley ordinaria y, menos, se ha saldado esta deuda en los procesos de vinculación de los territorios a la nueva e incierta figura regional.
Desde el aspecto biológico y ambiental, según la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, que Colombia suscribió y sobre la cual debe orientar su desarrollo económico y social de acuerdo con principios de desarrollo sostenible, la biodiversidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada de forma sostenible. Es por ello, y con base en la Ley 99 de 1993, según la cual cualquier proyecto que produzca deterioro del ambiente o modificaciones del paisaje requiere licencia ambiental, se recomienda que, antes de establecer una figura que implique un plan de desarrollo regional, se realice una evaluación del estado de los ecosistemas que harán parte de esta figura metropolitana, teniendo en cuenta las comunidades que habitan el territorio, procesos que se deben poner en marcha en conjunto de entidades locales y regionales (CAR, RAPE, Veedurías, Movimientos Ambientales, etc.). Una recomendación que a pesar de ser presentada a las entidades pertinentes es ignorada hasta hoy, generando integraciones sin propósitos claros, sumado a la ausencia de los diagnósticos necesarios.
En este sentido, no se ha hecho ningún avance en identificar áreas que deban ser dedicadas a la conservación o que deban ser regeneradas por encontrarse en categoría de amenaza o peligro crítico; esto permitirá garantizar la oferta de servicios ecosistémicos básicos y determinantes sociales de la salud, para el sostenimiento de la población que a futuro se asentará en la región, entre ellos agua, alimento, buena calidad del aire y en general un crecimiento urbano y económico que respete estos ecosistemas y poblaciones de gran valor para el país.
Para garantizar la oferta de tales servicios se recomendó, además, que la integración se realice de manera responsable con las riquezas naturales que hay en los territorios integrados, mediante la conformación de una estructura ecológica principal, que compartan todos los municipios que hagan parte, generando planes de conservación en conjunto con la comunidad, las alcaldías y las corporaciones regionales ambientales, pero, en cambio, gracias a acuerdos leoninos con los partidos que tienen capturada la CAR o CorpoGuavio, como son el Partido de la U, Conservador o Cambio Radical, hoy la figura de integración que lleva pidiéndose a gritos no solo no aborda lo ambiental, sino que sigue dejando la potestad a dos corporaciones regionales con serias denuncias y muy poco manejo técnico de la preservación por la que deben propender.
En cuanto al ordenamiento territorial se les solicitó que hicieran un proceso serio para un Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial – PEMOT, donde era necesario mirar los antecedentes del área metropolitana a desarrollar y posteriormente desarrollar un documento técnico que contuviera la fase diagnóstica del territorio en los diferentes ámbitos (mesas de trabajo comunitarias, estudios previos, matriz DOFA de cada entidad estatal, entre otros mecanismo diagnósticos) y una fase de formulación de lo que se planea desarrollar y ejecutar. Otro aspecto, y de la mayor relevancia, que al sol de hoy no se tiene ni el esbozo.
Los ejes de la región que debieron responder a las crisis que se viven actualmente y de los cuales seguimos en zozobra son:
- Obras a nivel metropolitano. Ejemplo: rellenos sanitarios, saneamiento del río Bogotá (POMCAS).
- Planificación e intervenciones: ecosistemas estratégicos, áreas de protección ambiental.
- Sistema vial y de transporte.
- Políticas de vivienda.
- Población desplazada.
- Servicios públicos.
- Expansión urbana, conurbación.
- Sistema metropolitano de equipamientos sociales. Como educación, salud cultura, planeación.
- Red Metropolitana de Emergencia.
- Localización espacial de actividades económicas.
- Ordenamiento de los suelos rurales y suburbanos.
- Mecanismos para el reparto equitativo de cargas y beneficios generados por el ordenamiento territorial y ambiental.
Todos estos aspectos numerados siguen sin ser resueltos. Hoy hay anuncios de ¨plantillas de proyectos de acuerdo” para la entrada a la Región, en masa, por parte de aquellos municipios que están cooptados por el clan, poderío que se financia con el negocio inmobiliario de la conurbación en zonas de volteo de tierras, con poblaciones en contra, pero sin la fuerza para que sus aportes incidan y otras totalmente desposeídas de cualquier información de en qué los están empeñando.
Por ello, este es un llamado no solo a los habitantes de Cundinamarca y Bogotá, sino una alerta para que Colombia gire su mirada para comprender si vale la pena descuidar y dejar que intereses corporativos, de la construcción y el sector financiero sean quienes dictaminen el curso de la tercera parte del PIB de la nación, de algunas de las mejores tierras cultivables del país, de ecosistemas absolutamente ricos pero vulnerables y en peligro y de las cuencas hídricas principales para el centro, oriente y sur del país.
* Agradecimiento especial al Laboratorio de Pensamiento de Clubes de Ciencia, Tecnología e Innovación Sostenible (CTIS) porque el análisis técnico es producción colectiva de este proceso de la sociedad civil.
Jiomar Estefanía Bohórquez Pérez
Foto tomada de: Infobae
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