Han pasado más de 70 días desde cuando el Gobierno convocó a sesiones extras para implementar los acuerdos de paz al amparo de la vía rápida aprobada por el Congreso. Sin embargo, lo aprobado hasta la fecha no llena las expectativas de muchos. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de este procedimiento abreviado, apenas se han aprobado las leyes de indulto y amnistía y la que habilita a Voces de Paz a pronunciarse en los debates que se llevan a cabo en el Congreso. La reforma de la Jurisdicción Especial de Paz que ha generado mucha polémica está a un debate de promulgarse. Polémica que no se queda atrás de la generada por la propuesta de reforma política presentada sorpresivamente por el Ministro del Interior sin esperar el dictamen de la Misión Electoral que fue conformada para tal efecto.
Lo cierto es que la propuesta de reforma del Gobierno no convence a la mayoría de ciudadanos ni a muchos analistas porque si bien hay acuerdo en que una reforma política es urgente en el país para poner un freno a la corrupción que agobia a la ciudadanía, fortalecer las instituciones y mejorar la representación política, también se considera que la propuesta se ha lanzado sin un estudio pertinente y en un momento inapropiado que genera suspicacias. De hecho, muchas de las propuestas del Gobierno han fracasado en el pasado y han sido estudiadas en otros países por lo que lo aconsejable es que sean analizadas y discutidas en un ambiente desprovisto de las pasiones que despierta una sociedad polarizada como la actual.
Las reformas son necesarias y urgentes pero no es correcto que las mismas respondan únicamente a los intereses de las élites. Parte de la atracción de la democracia reside en su negativa a aceptar en principio otra concepción del bien público que no sea la generada por los ciudadanos. En realidad, la democracia se ha planteado como un mecanismo que confiere legitimidad a las decisiones políticas cuando se adhieren a principios, reglas y mecanismos adecuados de participación, representación y responsabilidad.
Según el Ministro del Interior, el punto dos del acuerdo de La Habana no puede quedar reducido a un estatuto de la oposición para que las FARC hagan política y se debe aprovechar la ocasión para hacer una revisión integral de lo que no está funcionando en la política. No obstante, y en este orden de ideas, aunque el fast track o vía rápida es necesario por razones empíricas para asegurar una implementación sin delaciones a lo acordado entre los negociadores del Gobierno y las FARC, dar comienzo al proceso de posconflicto y emprender el camino de la convivencia, conviene no olvidar que la democracia ha sido celebrada como una forma de contener los poderes del Estado, de mediar entre proyectos particulares y exigir responsabilidades ante las decisiones políticas. En circunstancias políticas caracterizadas por la diversidad de intereses y la pluralidad de identidades, la democracia ofrece además una base para tolerar, debatir y negociar la diferencia con miras a logra un objetivo común. De allí que no sea conveniente que la reforma política que se acuerde sobre la base de lo que permite el fast track desborde los límites de lo previsto en lo acordado por el Gobierno y las FARC, relacionado con la participación política de los desmovilizados.
Ninguna reforma política se agota en cambios normativos y la idea de democracia no representa un valor entre muchos como la igualdad o la justicia. La idea de democracia es el valor que puede mediar entre intereses preceptivos enfrentados. Es un punto de referencia que ayuda a generar una base para relaciones específicas entre diferentes preocupaciones normativas. La democracia no presupone el acuerdo entre distintos valores; sugiere una forma para relacionar unos valores con otros y abrir la puerta a la solución de conflictos de valor a distintos participantes en un proceso de diálogo público y toma de decisiones sobre asuntos de interés general.
Más allá de los cambios normativos de la reforma política por la que abogamos millones de colombianos, la misma debe poner fin a prácticas que envilecen la política como la compra y venta de votos, la trashumancia electoral, el ingreso de capitales ilícitos en las campañas y todas aquellas prácticas que fomentan nichos de corrupción en la administración pública y privada.
Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario