La primera experiencia ya se había intentado con los “Diálogos Regionales Vinculantes” pero dicho ejercicio fue muy general, esencialmente deliberativo, muy poco vinculante, bastante formal, y en donde las comunidades no participaban en forma directa. Además, las conclusiones de esa “consulta” fueron elaboradas por expertos para el “diseño” del PND.
Lo interesante de la experiencia que arrancó esta semana en el Departamento de La Guajira es que se intenta ir más allá. Llegarle a la gente, escuchar sus iniciativas, tomar decisiones con ellas y resolver problemas urgentes. Se siente que el espíritu es diferente y que el reto es pasar de las promesas y propuestas a las realizaciones concretas. Eso es importante y clave.
Claro, el reto es enorme. Las dificultades son de todo tipo. Existe mucha dispersión y división entre las comunidades (indígenas, campesinas y urbanas). Es fruto de un proceso histórico que se formó en el proceso de resistencia a la invasión europea, la “criolla republicana”, la migración árabe y la intervención de poderes económicos transnacionales en el siglo XX.
Existen allí 19 resguardos indígenas (Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo, Wayúu y Yukpa), así como 36 consejos comunitarios de comunidades negras en la Sierra Nevada, Serranía del Perijá, planicie aluvial y macizos guajiros. También, hay población campesina y ciudades como Riohacha y Maicao, además de núcleos urbanos más pequeños en los 15 municipios.
El acumulado de problemas es colosal pero la potencialidad de la región es formidable. La Exxon, Drummond y otras transnacionales han explotado el carbón durante 40 años sin que ello se haya traducido en efectivo desarrollo y bienestar para la población. Al contrario, la degradación del medio ambiente ha traído graves perjuicios para las comunidades.
Las comunidades han sufrido diversos procesos de contaminación producto de la explotación carbonífera, y han sido testigos de los procesos de apropiación de las aguas para el uso minero y otras economías extractivas. El impacto negativo en sus costumbres y cultura también es evidente, aunque las comunidades se recrean y reorganizan en medio de la resistencia.
Los eventos realizados y liderados por Petro responden a la coyuntura de gobierno (bloqueo institucional) y política (elecciones locales y regionales); apuntan a resolver problemas urgentes (salud, agua potable, nutrición, etc.); y trazan líneas gruesas para los proyectos estratégicos (cambio climático, transición energética, turismo ecológico y cultural, otros). Además, construir una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y las comunidades.
Son actos de gobierno diversos. Entrega de recursos económicos, tierras e instrumentos para la educación y conectividad digital; devolución de las máscaras koguis recuperadas en Alemania para empoderar la identidad ancestral; consultas privadas y públicas con las comunidades indígenas para decidir sobre los proyectos de agua potable y transición energética (eólica y solar), y la reglamentación del nuevo ministerio de la mujer y la igualdad.
Petro sabe que ese ejercicio es solo un inicio y que todas esas acciones tienen un mensaje motivador. Que es la misma población y las comunidades las que tienen que imponerse la tarea de depurar a los “operadores políticos” y derrotar la corrupción, organizarse a diferente nivel y articularse en torno a los proyectos estratégicos con visión integral y transformadora.
También es consciente que no será con los mismos sectores políticos que han llevado a la actual situación de crisis humanitaria y emergencia administrativa con quienes puede cambiar la vida de ese departamento y sus gentes. Ha llamado a que las comunidades se organicen para participar en forma asociativa en los grandes proyectos que están en la agenda de la transición energética que tienen un impacto para todo el país.
El gobierno ha anunciado que estos ejercicios de “gobierno desde los territorios” continuará en Arauca y proseguirán en otras regiones. Desde ya la población de todos los departamentos deberán prepararse para convertir esos eventos en la construcción de “asambleas populares” para avanzar hacia nuevas modalidades de participación y acción popular transformadora.
Si ello se hace con una mirada integral y transversal, con sentido práctico y poco “legalista”, que combine derechos y acceso a servicios con ejecución práctica de proyectos diseñados y controlados “desde abajo”, se trazará una línea política para los mismos gobiernos locales y territoriales, y el bloqueo institucional será derrotado en el terreno donde las comunidades pueden desarrollar toda su creatividad y capacidad de gestión “de hecho”.
Así lo vienen proponiendo los dirigentes más claros y avanzados del Pacto Histórico que saben que se requiere acumular mucha más fuerza social y política para romper el bloqueo existente en el poder legislativo (Congreso) y judicial (Cortes, fiscalía, procuraduría). Y con esa nueva actitud y práctica política, se despejará el panorama hacia las elecciones locales y regionales.
Fernando Dorado
Foto tomada de: Portafolio
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