En materia tributaria el Congreso aprobó en su primera legislatura bajo este gobierno, la del año 2022, la reforma tributaria que había sido propuesta desde la Agenda de Transición Democrática que fue asumida por el candidato Petro como parte de su programa de gobierno y que ha sido defendida, valga el reconocimiento, con decisión y gallardía por el primer mandatario. Esa reforma progresiva proyectaba un ingreso nuevo a las arcas del Estado de unos 22 billones de pesos para el primer año de su implementación. A su paso por la Corte Constitucional la reforma fue recortada para favorecer a las empresas multinacionales. El fallo controvertido favoreció a estas empresas al permitirles que pudiesen deducir lo que pagan por regalías del monto de los impuestos que deben pagar al Estado por la explotación de nuestros recursos naturales. Fueron seis billones que la Corte entregó a estas multinacionales.
El gobierno se dio la pela para conseguir el faltante de 70 billones de pesos que había dejado el gobierno de Duque en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC) mediante un incremento de los precios de la gasolina. Cumplida la meta ahora desde este mes de febrero se aplicará una reducción de esos precios. Hay un pendiente y es el relacionado con los precios del Diésel que aún esta por debajo de los precios internacionales que ha venido aumentando con mucha cautela por las implicaciones que tiene en los costos del transporte.
El gobierno de Gustavo Petro también pago el crédito que había contratado el gobierno de Duque con el Fondo Monetario Internacional por aproximadamente 5.600 millones de dólares para afrontar los gastos en la pandemia del covid19. Estos pagos se realizaron principalmente en los años 2023, 2024 y parte de 2025. Dicho sea de paso, que esos créditos se utilizaron principalmente para subsidiar el pago de la nómina de los grandes empresarios y solo marginalmente para pequeños y medianos empresarios. Este pago afectó por supuesto la inversión del Estado tanto la social como la relacionada con la infraestructura.
Por ello el gobierno presentó desde el año 2024 y volvió a presentarlo en el año 2025 dos proyectos de leyes de financiamiento que, por una parte, buscaban profundizar en aspectos de la reforma tributaria redistributiva que está contenida en el documento de reforma tributaria estructural de la Agenda de Transición Democrática que debería ser aprobada a lo largo de seis años. Por otra parte, buscaba recursos de los ricos y superricos corrigiendo su baja tributación en Colombia y también eliminar exenciones que no tienen ninguna justificación.
Ambos proyectos fueron hundidos por la oposición en el Congreso de la República. Por ello a finales del año, una vez hundido el proyecto que buscaba recursos adicionales por 16.2 billones de pesos que son el faltante del presupuesto General de la Nación para el año 2025, el gobierno decretó la Emergencia Económica y expidió decretos que recogen los rubros principales del proyecto de ley de financiamiento que había sido presentado al Congreso. Esos decretos están bajo examen de la Corte Constitucional que deberá decidir en los próximos días sobre su suspensión temporal mientras falla de fondo. El hecho sobreviniente más importante es el bloqueo institucional sistemático ejercido por una oposición irresponsable que ni siquiera los discutió a lo cual hay que agregar que ese mismo Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación con ese déficit de 16.2 billones con la promesa de aprobar una ley de financiamiento para cubrir el faltante. Eso como ya dijimos no sucedió. Las Comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado lo hundieron sin discutirlo.
De este recorrido queda claro: si queremos que el cambio continué se requiere derrotar a esas mayorías politiqueras que anteponen los intereses de los superricos a las necesidades del país. Colombia requiere una reforma tributaria estructural que grave a los megáricos y al sector financiero de tal manera que el Estado disponga de los recursos para financiar las reformas sociales. Esto es imperativo en Colombia y es eso lo que está en juego el próximo 8 de marzo en las elecciones del Congreso de la República.
Ahora miremos otro frente donde se ve también claramente porque es imperioso que los sectores progresistas ganemos las mayorías en el Congreso. Es el frente de la Paz. El Congreso de nuevo en la primera legislatura aprobó un marco jurídico para la Paz Total, la Ley 2272 de 2022 que dio herramientas para avanzar en los diálogos y las negociaciones con los actores armados a los que el Estado les reconoció su naturaleza de rebeldes políticos. Al margen de los errores de este gobierno en la implementación de dicha estrategia, la Corte Constitucional en sentencia que resolvió las demandas que se presentaron contra dicha ley, estableció que las facultades extraordinarias que la ley le dio al gobierno para adelantar procesos de sometimiento a la justicia con los actores armados sin reconocimiento político no eran constitucionales.
El gobierno debería, dijo la Corte, tramitar una ley específica para adelantar esos procesos con actores como las bandas armadas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, los Shotas y los Espartanos en Buenaventura, las bandas en Barranquilla y en Quibdó con quienes se adelantan diálogos sociojurídicos que buscan el sometimiento de estas estructuras armadas ligadas al narcotráfico y a las economías ilegales urbanas y también diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo. Hasta ahora y pese a que se han presentado proyectos de ley para facilitar estos procesos no ha sido posible que el Congreso de la República los discuta y apruebe. Estos diálogos corren el riesgo de fracasar por la desidia del Congreso en discutirlos y aprobarlos. Este marco jurídico es urgente y necesario para avanzar en estos procesos de sometimiento a la justicia de estos actores armados.
Igual suerte han corrido proyectos que buscan acelerar los procesos de reforma rural integral. No ha sido posible que se apruebe la ley de jurisdicción agraria para agilizar la compra de tierras, la titulación de pequeños y medianos campesinos poseedores legítimos de las tierras que poseen y cultivan pero que no tienen títulos de propiedad o la restitución de tierras por vía administrativa para las familias despojadas de más de 7 millones de hectáreas desde 1985 hasta el presente. La lista es larga y sobre ella volveremos más adelante. De forma torticera han hundido en la Comisión Séptima del Senado de la República dos veces la reforma a la salud que busca la recuperación del manejo público de los recursos públicos de la salud, el establecimiento de un sistema preventivo y predictivo, la creación de un sistema único de información en línea para controlar el uso de los recursos públicos de la salud, un sistema robusto de participación ciudadana, el concurso público de méritos para la elección de los gerentes de los hospitales públicos, un régimen especial que dignifique a los más de 800 mil trabajadores de la salud y el establecimiento de un sistema de doble auditorias para vigilar el gasto en salud. Esta reforma no ha sido posible porque las Entidades Promotoras de Salud, EPS, son la caja menor de la politiquería que se niega a crear un sistema que garantice el derecho fundamental a la salud.
Con estos casos hemos querido demostrar dos cosas. Primero, que no basta con ganar las elecciones presidenciales. Si no se ganan las elecciones al Congreso las transformaciones y reformas que requiere el país para reindustrializarlo, para construir una sociedad más justa y equitativa no será posible. Segundo, el Congreso de la República es un organismo con mucho poder. La verdadera traba y obstáculo al gobierno del presidente Gustavo Petro lo constituyó el Congreso y sobre todo el Senado de la República que se opuso con obstruccionismo y filibusterismo a las reformas que demanda la sociedad colombiana.
La principal tarea electoral hoy es ganar las mayorías para el progresismo en el Congreso de la República. Personalmente votaré tres veces por el Pacto Histórico. Por Iván Cepeda en la Consulta del Frente por la Vida y por la lista al Senado que encabeza Carolina Corcho y a la Cámara de Representantes. Estamos obligados, los que creemos en el cambio, a votar por un Congreso de mayorías progresistas. Manos a la obra.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
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