Máxima presión
Maximum pressure March se denominó la estrategia desplegada por Washington en tres pasos.
El primero, el 26 de marzo, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el fiscal William Barr imputó cargos a Maduro por conspiración narcoterrorista, y ofreció recompensa de 15 millones de dólares por información para su captura. Lo acusó de que por medio del Cartel de los Soles tendría alianza con Iván Márquez y Jesús Santrich para mandar cocaína a EEUU, lavar dinero y proveer armas a las Farc. Aunque no incluyó una oferta de recompensa por la captura de todos los 14 altos funcionarios que acusó, entre los que están el ministro de defensa y el jefe del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); en cambio, ofreció US10 millones por Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y los generales retirados Hugo Carvajal y Clíver Alcalá. Minutos después, éste último asumió la responsabilidad por las armas que fueron incautadas tres días antes por la policía colombiana en la vía de Barranquilla hacia el Magdalena, declaró que estaban destinadas a un plan contra Maduro que contaría con apoyo de Juan Guaidó y de Trump, apeló a la Dirección de Inteligencia de Colombia para entregarse a la DEA, y enseguida fue recogido por un avión de EEUU, pese al cierre de aeropuertos por la pandemia.
El segundo paso, el Marco de Transición Democrática, fue presentado a varias voces el 31 de marzo. Elliott Abrams escribió en The Wall Street Journal[1], que tanto “Maduro, ex presidente aferrado al poder, y Guaidó, presidente interino”, se deben retirar para que, en la Asamblea Nacional (AN), ambas partes creen un Consejo de Estado que, como gobierno de transición, organice elecciones con nuevo Consejo Electoral y con independencia del TSJ y medios de comunicación. Para que todos los partidos -incluso el chavista- compitan en igualdad de condiciones, deberian regresar los diputados que se hallan en el exilio, en prisión o que han sido excluidos. La presión mediante sanciones pretendería privar al régimen de los ingresos usados en represión y obligarlo a aceptar elecciones presidenciales pues solo las legislativas no constituyen una solución. Según Abrams, EEUU reconocería los resultados de una elección libre, sin importar qué partido gane. Considera esenciales para el cambio, a los militares y policías si abandonan la represión, enfrentan a los narcoterroristas, aseguran las fronteras, mantienen la paz y expulsan fuerzas cubanas y rusas. Cuando se cumpla ese Marco y haya elecciones, se levantarán las sanciones, se restaurarán las relaciones con EEUU y este ayudará al regreso de migrantes.
Horas después, el secretario de Estado Mike Pompeo presentó el Marco, subrayó que quieren integrar al ministro de Defensa y a los comandantes militares, a quienes les ofrece permanecer en sus cargos hasta que se realicen elecciones; Maduro, quien no podría volver a gobernar, y Guaidó, quien si podría participar en elecciones, deben aceptar el Consejo como gobierno de transición.
Enseguida, el Departamento de Estado enunció 13 ejes de la transición: restauración de poderes y miembros de la AN y disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, liberación de presos políticos, salida de Venezuela de fuerzas de seguridad de otros países; la AN escogería los miembros de los órganos electoral y judicial, aprobaría la ley del Consejo y le transferiría facultades del ejecutivo, Trump suspendería sanciones al régimen y al sector petrolero; el Consejo nombraría gabinete y Comisión de la Verdad, recibiría ayuda, negociaría apoyos internacionales y fijaría la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas; después de unas elecciones libres, Trump retiraría las sanciones.
El tercer paso lo presentó el mismo Trump el 1 de abril en rueda de prensa sobre la pandemia: sin fecha límite envía al Caribe y al Pacífico Oriental, barcos de guerra, fuerzas especiales navales y aviones de inteligencia antinarcóticos. Mark Esper, secretario de Defensa, dijo que el operativo busca enfrentar al régimen de Maduro que se basa en el narcotráfico. Y el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo haber descubierto que los carteles de la droga tratarían de aprovechar la situación generada por la pandemia para infiltrar cocaína en EEUU.
Interrogantes desde EEUU
Estos anuncios y acciones ocurren en medio del agravamiento de la pandemia en EEUU y buscan diversos efectos, incluso electorales. Con la imputación de cargos y la oferta de recompensa, presionan al régimen de Maduro; mediante el Marco transicional designan a los sectores del chavismo que podrían participar en el Consejo pues los ligados a Maduro, aunque controlan gran parte del Estado, no hacen parte de la AN que formaría el gobierno de transición. Aunque los anuncios abren la posibilidad de suspender sanciones, movilizan la fuerza.
Es claro que la administración Trump quiere mostrar a Venezuela como “narcoestado” y corredor principal de drogas incluso bajo la pandemia. Pero el eje antidrogas de la estrategia es cuestionado mediante datos oficiales[2] que muestran como Venezuela no es el principal país de tránsito de la cocaína con destino a EEUU, así el deterioro de sus instituciones y la corrupción hayan estimulado la proliferación de grupos armados y de bandas delictivas de las que el régimen se aprovecha. La Base de Datos Antidrogas, Consolidada e Interagencial, indica que en 2018 pasaron por Guatemala 1.400 toneladas métricas (™) de cocaína, seis veces las 210™ que transitaron por Venezuela, y apenas una fracción de la que se envía por el Pacífico, que en 2017 representó el 84% de ese tráfico a partir del suroeste de Colombia.
Hay énfasis distintos en EEUU. La Estrategia de Defensa de 2018 enfatiza el conflicto de las grandes potencias y no menciona las drogas o el narcoterrorismo. El 11 de marzo, en el Pentágono y en una audiencia de la Cámara, Craig Faller explicó que preparaban la operación para “tranquilizar a nuestros socios, mejorar la interoperabilidad con ellos, y contrarrestar una serie de amenazas que incluyen el narcoterrorismo”[3].
Efectos en Venezuela
Desde el oficialismo hay rechazo total a la movilización aérea y naval, al gobierno de transición y a las sindicaciones que implican cargos penales principalmente por narcotráfico contra los jefes de todas las entidades controladas por el chavismo. Maduro designó un Consejo de Estado con personeros del régimen o de su partido. Tarek William Saab informó que había inicido investigación contra Guaidó y Alcalá “por el confeso delito de intento de golpe de Estado”. El general Padrino López reiteró que “no habrá potencia alguna que nos haga claudicar”.
El papel de los militares resulta crucial. Maduro les concedió sucesivos beneficios: aumentó el número de generales, los gastos, la compra de equipos y armas; les dió 11 de 33 ministerios, canal de televisión, banco, participación en importación de alimentos, empresas constructoras, de producción de uniformes o ensamblaje de vehículos, incidencia en la actividad petrolera, la explotación del oro y coltán. En una transición, las fuerzas armadas representan la mayor amenaza de sabotaje y los únicos que pueden proteger el traspaso de poderes frente a otros grupos armados no estatales; por eso, los militares deberían participar en el diseño de los acuerdos que afecten sus intereses y comprometan la estabilización o los rearticulen para protegerse[4].
La fragmentada oposición no está en capacidad de dar una respuesta común frente a esta estrategia. La plenaria de la AN, que preside Guaidó, respaldó la conformación de un gobierno de emergencia que incluya a distintos sectores políticos y sociales del país para convocar el Consejo de Estado, preparar una ley de garantías, una estabilización democrática, restitución de derechos humanos y reconciliación nacional que ayuden a hacerle frente a la crisis y a la pandemia. Un camino parecido había propuesto en las negociaciones de 2019, y lo reiteró el pasado 28 de marzo cuando habló de gobierno de emergencia nacional con poder compartido.
Frente al despliegue de fuerzas antidrogas en el Caribe, la embajada de Guaidó ante Estados Unidos dijo verla “como una acción positiva para frenar las redes narcoterroristas que ha impulsado el régimen de Maduro, con sus aliados del ELN, la disidencia de las FARC y otros grupos, en toda la región”. “Es necesario trabajar en todos los niveles: en las acciones judiciales contra los responsables del narcoterrorismo en el continente americano, como se anunció desde el Departamento de Justicia, y en las acciones operativas necesarias para reducir y neutralizar la capacidad de acción del tráfico de drogas y armas que intoxican la vida de los ciudadanos”[5].
Otros pronunciamientos de sectores opositores se han producido al ritmo de los anuncios. El Marco ha sido visto o como el gesto de mayor flexibilidad de Trump y un punto de partida en la búsqueda de un camino[6] que recoja propuestas de sectores a favor de una solución política y pacífica a la crisis, o más bien como un intento de golpe que saca del gobierno a Maduro y no le permite compartir el poder durante la transición para que esta sea exitosa[7]. La mayor debilidad está en no ser resultado de un proceso de negociación sino de un anuncio unilateral presentado como manual de instrucciones a seguir.
Se ha mostrado que acusar por igual a Maduro y a sus principales colaboradores y ponerles precio a sus cabezas para forzar su retiro, genera un efecto contraproducente. Mientras más se los amenace y menos garantías se les prometan, mayor será su cohesión y su afincamiento en el poder. Estos pasos recientes de Trump paralizaron la posibilidad de una negociación entre Guaidó y Maduro que les permitiera gestionar ayuda humanitaria ante la pandemia, canjear petróleo por alimentos y medicinas y recibir asistencia financiera del FMI. Al judicializarlos, los convierte en criminales con los cuales no se puede negociar pues serían cómplices de delincuentes buscados internacionalmente. Cualquier fórmula diseñada sin la participación y aprobación de un régimen que controla la administración pública, la Fuerza Armada, 19 de 23 gobernaciones, 300 de 335 alcaldías, y el poder real sobre el territorio nacional[8], está condenada al fracaso.
En todos estos pasos de Estados Unidos, Colombia aparece de muchas formas y con graves repercusiones. Pero esto será tema de otro artículo.
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[1] https://www.wsj.com/articles/a-new-path-to-venezuelan-democracy.
[2] Wola https://venezuelablog.org/beyond-narcostate-narrative-u-s-drug-trade-monitoring-data-says-venezuela/
[3] https://www.wola.org/analysis/us-counterdrug-caribbean-venezuela-factsheet/
[4] https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/venezuela/79-imagining-resolution-venezuelas-crisis
[5] https://elcapitalfinanciero.com/ee-uu-lanza-operacion-contra-el-narcotrafico-en-el-caribe-con-venezuela-en-el-punto-de-mira/
[6] https://www.elnacional.com/opinion/el-acuerdo-imperfecto-de-estados-unidos/
[7] https://www.laiguana.tv/articulos/695092-propuesta-transicion-incluir-maduro-enrique-ochoa-antich/
[8] https://www.elnacional.com/opinion/la-amenaza-creible-recompensa-por-maduro-es-una-apuesta-al-caos/
Socorro Ramírez
Foto tomada de: noticiasnqn.com.ar
Sólo a un desatinado se le ocurre dar la orden de zarpar una flota en tiempos de pandemia,
lo que obliga a miles de marinos a vivir hacinados en camarotes mínimos,
y eso que ya contaban con el ejemplo del portaviones contaminado en el Pacífico.
Lo que puede resultar es una tragedia. ¡La armada invencible!
Y a propósito ¿No debe la ONU exigir que se recojan en puerto todos los
submarinos nucleares ante esta epidemia? ¿O están esperando
situaciones críticas en caso de contaminación??
¿Por que no dejan los juegos de guerra para dentro de unos meses?
El Covid 19 desnuda toda la miseria de las naciones y sus dirigentes.