Cierto es que una cosa son las promesas de campaña y otra la acción de gobierno. Por ello lo que permite emitir un juicio ajustado a la realidad debe basarse en evidencias concretas. Si bien durante su campaña Duque no ocultó que, aunque partidario de hacer modificaciones a lo pactado con las Farc, no lo volvería trizas y que, por el contrario, tenía un alto compromiso con la paz, las acciones adoptadas por el gobierno incitan a pensar que otras son sus intenciones.
A este respecto, vale la pena tener presente que las reglas institucionales que rigen las acciones de gobierno influyen tanto en la conducta individual de quienes llevan a cabo sus políticas públicas como la sustancia misma de dichas políticas. Así mismo, que la vía para hacerse una idea del marco institucional concebido por quienes tienen a su cargo la dirección política de una nación son los documentos que emanan desde las altas instancias.
Han transcurrido dos años desde que fue firmado el Acuerdo del Teatro Colón y seis meses de iniciado el gobierno Duque mas no se ve claro todavía el camino hacia una paz duradera. Los recelos que caracterizan las relaciones de comunidades rivales que soportaron un conflicto armado de décadas se mantienen. Más aún, se han agudizado a la lectura de dos documentos clave que han despertado muchas inquietudes: la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Política de Defensa y Seguridad. Los mismos han venido a alimentar las discusiones por algunos nombramientos en cargos de inmensa responsabilidad que hacen pensar en un freno a la implementación del Acuerdo de Paz y un regreso a la era Uribe por la prioridad otorgada a la autoridad y al mantenimiento del orden público por encima de todas las cosas.
Conocidas han sido las reacciones de María del Pilar Bahamón, secretaria ejecutiva de la JEP, y de las representantes Norma Hurtado y Juanita Goebertus que llamaron la atención por la reducción de recursos previstos para la construcción de paz, la cual se suma a los recortes operados a los dineros asignados a la Unidad Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, a la JEP y a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estos hechos han estado acompañados por nombramientos discutibles de personas que estarán al frente de entidades involucradas con la implementación del Acuerdo como la Agencia de Desarrollo Rural, la designación como director del Centro Nacional de Memoria Histórica de una persona que niega las circunstancias que dieron origen al conflicto armado y el ascenso de generales acusados de haber estado implicados en ejecuciones extrajudiciales.
A la luz de los hechos mencionados la demora (¿resistencia?) del presidente Duque a firmar la ley estatutaria que le permite a la JEP cumplir con su mandato, atendiendo los reparos del Centro Democrático y la insistencia del Fiscal General de la Nación para que no la sancione, exponiéndose a las críticas de la comunidad internacional y al llamado de atención de la Corte Penal Internacional, queda claro que Iván Duque no está comprometido con el cumplimiento de lo acordado con las Farc en La Habana. En su Política de Defensa y Seguridad, el presidente hace hincapié en la necesidad de fortalecer las instituciones respetando la legalidad y el Estado de derecho, pero parece desconocer el análisis jurídico que en su momento hizo la Corte Constitucional a través de la sentencia C-80/188.
Así no objete la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria, el presidente podría hacerlo por inconveniencia política acercándose a una caprichosa “razón de Estado”. En este caso quedaría patente la lectura ideologizada de la norma al exponer el motivo por el cual decida no sancionarla.
Lo expuesto lleva a pensar que el verdadero temor de quienes tienen hoy las riendas del poder en sus manos y cierran el camino a la JEP es que se conozca la verdad. Esta hipótesis se ve fortalecida por las declaraciones del ex general Rito Alejo del Río quien al tomar la decisión de acogerse a la JEP se comprometió a no encubrir más a quienes él protegió y estuvieron comprometidos con la comisión de delitos de lesa humanidad.
Es posible que el presidente de la República termine por aceptar las recomendaciones del Centro Democrático y del Fiscal General de la Nación, pero ante esa eventualidad ha surgido un grupo de ex combatientes, ex negociadores de paz, políticos y activistas que han creado un grupo de presión para defender la paz y abogar por introducir en las próximas elecciones una papeleta para preguntar a los colombianos si quieren o no que se respete lo ya acordado.
Tal como lo planteó el Procurador General de la Nación, y dígase lo que se diga, la JEP es la columna vertebral del proceso de paz y un compromiso de Estado. Las palabras se las lleva el viento. Cierto es también que los hechos no hablan por sí solos y que son susceptibles de ser interpretados, pero son evidencias por todos constatables. Como decían las abuelas, “obras son amores no buenas razones”.
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Rubén Sánchez David: Profesor Universidad del Rosario
Foto obtenida de: El Huffington Post
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