A esa cifra de homicidios se deben sumar, según el mismo centro de investigación, 1220 heridos; nueve casos de violencia sexual, todos dirigidos contra mujeres; dieciocho manifestantes heridos en los ojos, algo consuetudinario en Colombia sin que aparezca quién dio la orden; y la gran novedad del paro: La desaparición forzada como método para tramitar protestas. Según la Defensoría del Pueblo, ente del partido de gobierno y cómplice de este, en siete días de paro se acumulan 89 desaparecidos. También reporta el portal ciudadflorida.com 1400 agresiones policiales, y más de mil detenciones arbitrarias. Repertorio del terror que también incluye torturas, ametrallamientos desde helicópteros, falsas denuncias, ataques con gases a conjuntos residenciales donde se hacen sonar cacerolas; el recurso al paramilitarismo ha llegado al punto de no diferenciarse quién es oficial y quién es un paramilitar, pues, los primeros no portan identificación… siempre contra civiles desarmados, y ejercido por la que hace años es la institución más ilegítima de Colombia, la Policía Nacional, que depende de la Presidencia de la República.
No es nueva la respuesta criminal del Estado. Este mismo gobierno respondió con una masacre a los presos de la cárcel modelo que protestaron, hace un año, pidiendo protección contra la pandemia de Covid-19, entonces exterminaron 24 reclusos en condición de indefensión. Igual, cuando en septiembre de 2020, la policía asesinó al abogado Javier Ordoñez y la ciudadanía protestó indignada la respuesta del gobierno fue abalear a los manifestantes, con saldo de trece asesinatos cometidos por las fuerzas oficiales. Tan fue gubernamental este acto criminal, que el presidente de la República se disfrazó de policía firmando la masacre.
Ya se había dado la orden de disparar contra manifestantes en las jornadas multitudinarias de protesta que iniciaron en 2019, las cuales venían en crescendo hasta la irrupción de la pandemia con las medidas de confinamiento y tratamiento policivo, como el gobierno colombiano intervino en la crisis. Crisis que desnudo la ineficacia del establecimiento para brindar salud a los colombianos, mantener el aparato productivo, y garantizar estándares dignos de vida. El paro en curso es continuidad de ese renacer ciudadano de 2019.
Hoy, cuando se han manifestado alrededor de cinco millones de ciudadanos, en más de quinientos municipios, y se han realizado centenares de actos de respaldo en el exterior, se logró que el gobierno retirara la reforma tributaria que mantenía como inamovible, al estilo mafioso de “lo hago porque puedo”, tan del Cartel de Medellín que inspira al gobierno de Iván Duque. El paro sigue pese a tal medida, y pese a la represión gubernamental que combina todas las formas de terror, pero que no ha logrado desmoralizar a la ciudadanía como pretendió, sino que ha generado a las Fuerzas Militares el mayor repudio que hayan tenido en la historia, así como ha aislado y deslegitimado al gobierno colombiano que trata de mantenerse mediante el exterminio de la oposición.
El paro sigue porque hay trámites legislativos contra la salud pública, contra las pensiones, contra el trabajo decente. Igualmente, los colombianos en las calles piden justicia por los atropellos policivos, cuando el Fiscal General, un tipejo con encargo de perseguir opositores y de exonerar la criminalidad de los militantes del partido de gobierno, fabrica ardides para exculpar a las fuerzas policiales.
Existen en el paro reivindicaciones agrarias y de los transportadores; de los estudiantes y de los empleados oficiales; también hay aspiraciones a una renta básica que resuelva el estado de indigencia de más del 42% de la población, así como hay rechazo al fracking, y a la minería en los páramos; se protesta contra la pretensión de envenenar los campos con glifosato, y contra el exterminio de firmantes de la paz. En rechazo de las 35 masacres, con 132 víctimas que, se han cometido en el 2021, sumadas a 91 masacres del 2020, y al asesinato de 57 líderes sociales, más 22 excombatientes de las FARC en el último año. Radiografía de un Estado fallido.
El gobierno que ha generado esta crisis ofrece un diálogo, “entre la institucionalidad”, algo que ya ha ensayado y se reduce a hablar con sus socios. Para ello encargó a quien funge como Comisionado para la Paz, y que fue nombrado en ese cargo por ser abierto enemigo de la paz. Diálogo condenado al fracaso.
El gobierno no tiene capacidad de manejo de la crisis más allá de matar colombianos. Si renuncia el Presidente, accedería la Vicepresidenta que es la misma torpeza y la misma corruptela, en su defecto iría el presidente del senado, Arturo Char, el único que puede ser peor que los anteriores. También se habla de anticipar elecciones, o de nombrar un gobierno de transición que posibilite unas elecciones en democracia.
No hay salida institucional a la situación. El comité de paro, hegemonizado por una dirigencia sindical cuestionada por sus bases, ofrece negociar lo que llaman un pliego de emergencia. Ese modelo plieguero, de pedir ocho para sacar uno y medio, tiene rechazo en la comunidad que se manifiesta a riesgo de la vida porque sabe que de ahí no salen soluciones, tal como con el salario mínimo cada año.
Dado que el actual orden no es suficiente para resolver los problemas urgentes del país, el camino es convocar a todas las fuerzas políticas y sociales para tramitar esas soluciones. El marco para ello es una Constituyente.
Las razones no sólo pasan por un país paralizado en repudio a una institucionalidad ilegítima. La constitución de 1991 ha sido sometida a 56 reformas, casi dos al año, para saquear la salud, la educación, las pensiones de los trabajadores, donde los derechos fundamentales ya no se garantizan: Las bases establecidas por el constituyente de 1991 han sido socavadas, y ninguno de sus aspectos fundamentales se mantiene. Las contrarreformas han sustituido al constituyente, la Constitución quedó hecha hilachas.
La Constitución es un pacto que representa la voluntad de un pueblo. Hoy ese pueblo en las calles pide ser tenido en la cuenta, y las fuerzas en el gobierno devienen en rémoras que entorpecen el tránsito de la nación a un mejor destino: Colombia no debe seguir siendo una democracia fallida, que recurre a la soldadesca parea resolver problemas sociales, atropellando a la ciudadanía. Una nueva constitución puede restituir el lugar central de la ciudadanía en una democracia, y el presidente debe convocarla.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Caracol Radio
Excelente tu artículo José Darío. Recoges toda la problemática nacional, con lujo de detalles.
Buen análisis. La propuesta de la constituyente es interesante, el problema es quienes harán de ella,
Don José Darío: ASAMBLEA CONSTITUYENTE SÍ O SÍ. ADELANTE.