Una de las últimas víctimas fatales fue Jesús Monroy Ayala, cuyo nombre de guerra fue Albeiro Suárez, en el municipio Uribe, quien lideraba el programa de reincorporación a la vida civil en el departamento del Meta, acribillado junto con uno de sus escoltas, Luis Alexander Largo, también excombatiente de las FARC. Por lo regular las víctimas fatales causadas contra el partido FARC y los colectivos de mujeres y hombres excombatientes, han sido personas de reconocido liderazgo comunitario, social, político y comprometidos con la defensa de los derechos humanos y los derechos colectivos, sociales y ambientales de sus poblaciones. Paralelamente, en hechos relacionados con esta situación también han sido asesinados 42 familiares de excombatientes de las FARC participantes en el proceso de reintegración, incluidas mujeres, menores de edad y un bebe de siete meses.
Son ya 234 los homicidios contra personas excombatientes de la anterior insurgencia FARC EP, firmantes del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, quienes han sido asesinadas, sin que el Gobierno nacional del presidente Iván Duque haga todo lo debido para evitarlo, ni los entes del Estado contribuyan de manera decisiva al respecto y existiendo casos identificados de directa responsabilidad estatal. Así lo han denunciado los integrantes del partido FARC ante la opinión pública:
“Pese a esta contundente, dolorosa y preocupante realidad, a la fecha, los avances de implementación del Punto 3.4 del Acuerdo Final, sobre Garantías de Seguridad, presentan importantes retrasos, después de más de cuatro años de la firma, muchos de ellos producto de acciones y omisiones de funciones legales de funcionarios estatales”[1].
Esta situación contradice de hecho abiertamente los términos del acuerdo de paz en implementación. Puesto que éste implica efectivas garantías políticas para el partido FARC y los liderazgos políticos y sociales de las regiones objetos de intervención. Porque es contraria a las condiciones que se establecieron para que opere con garantías el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política. Porque el gobierno nacional ha desestimado y no se logran compromisos centrales de la Comisión Nacional de Garantías como es la medida de disolución de los grupos paramilitares y las redes criminales asociadas. Porque resultan ineficaces políticas y medidas a adoptar desde la iniciativa oficial que han sido reveladas en la Mesa de Seguridad y Protección configurada para el seguimiento.
Recientemente la JEP convocó a altas autoridades gubernamentales y estatales para revisar la situación, dado que bajo su jurisdicción están en calidad de comparecientes el grueso de quienes tuvieron posiciones de comandancia en esta ex guerrilla, pero de manera injustificada el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior y el Alto Comisionado para la Paz no se hicieron presentes. Ahora la JEP, citó a una audiencia el próximo 25 de noviembre, al Fiscal General y al Gobierno nacional, en el marco de las medidas cuatelares demandadas por los firmantes del acuerdo de paz, para se verifiquen las medidas adoptadas, con relación a esta grave situación en derechos humanos y humanitaria.
Por su parte la Comisión de la Verdad, en los primeros meses del año sostuvo una audiencia en su sede nacional con los excombatientes de las FARC y sectores interesados en la problemática invitados, en la cual voceros del partido FARC entregaron un informe técnico y revelador de lo que configura un tipo de campaña sistemática y grave contra sus integrantes y contra firmantes del acuerdo de paz en general y sus entornos familiares y sociales. En perspectiva de esclarecimiento histórico, infortunadamente esta situación repite un patrón de victimización que se ha desarrollado contra exintegrantes de guerrillas y milicias insurgentes que han suscrito desde décadas anteriores acuerdos de paz con gobiernos nacionales en representación del Estado colombiano.
La semana pasada a propósito de una nueva entrega del informe periódico de la Misión de Observación tripartita liderada por la ONU, que supervisa la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco del acuerdo de paz, el Consejo de Seguridad hizo un fuerte pronunciamiento por la gravedad y alto número de excombatientes y líderes sociales asesinados, demandando del gobierno y las autoridades estatales, atender esta situación de forma satisfactoria. El PNUD y otras instancias de entes de la comunidad internacional también se han pronunciado al respecto, incluyendo de forma especial los países acompañantes de la implementación del acuerdo, Cuba y Noruega.
El partido FARC en un documento suscrito por su delegación en la CSIVI, Rodrigo Estrada, Jairo Estrada y Ronald Rojas, expone la gravedad y alto riesgo existente y la ineficacia e incoherencia de los planes gubernamentales en términos de protección efectiva en conformidad con los términos del acuerdo pactado. Por tanto, solicita a la Procuraduría General de la Nación (PGN) intervenir con un control preventivo e instar al Gobierno nacional para que revise esta situación y actúe a tono con las obligaciones que le asisten al respecto.
Corresponde, por tanto, desde los más amplios sectores realizar acciones de incidencia, debate público, exigencia a las autoridades y solidaridad con las FARC como partido protagonista central del acuerdo de paz, para que se le brinden a sus integrantes y al conjunto de la población excombatiente y sus entornos familiares, sociales, poblacionales y territoriales la protección debida por parte del gobierno y del Estado. La Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia clara sobre la protección reforzada que deben brindarle a la población excombatiente acogida a acuerdos de paz, amnistiada, indultada y en procesos de justicia transicional, en el horizonte de la construcción de la paz.
Ante la actual reactivación de la amplia movilización contra el gobierno nacional por sus medidas autoritarias lesivas al Estado de Derecho, de beneficio a los grandes capitales y lesivas a los sectores populares con relación a su situación social y laboral en detrimento, de afectación de los territorios indígenas, afros y campesinos con múltiples problemáticas causadas por las medidas oficiales y la ausencia de garantías, el paro nacional registrado este pasado 21 de octubre, en su comunicado de convocatoria hizo clara alusión a la centralidad que reviste la demanda del respeto al derecho a la vida, en rechazo a los crímenes sistemáticos cometidos por actores estatales y otros actores irregulares contra los liderazgos sociales y la población de excombatientes de las FARC.
“El gobierno de Iván Duque continúa desatento y cuando no cómplice de abusos y asesinatos cometidos por miembros de la policía y el ejército; de las graves masacres de líderes y lideresas sociales, excombatientes de las FARC firmantes de la paz, jóvenes, comunales, afros e indígenas, situación que explica nuestra exigencia para que se respete y garantice el derecho a la vida, se cumplan los Acuerdos de Paz y se restablezcan las negociaciones con el ELN. Nos negamos a la guerra y a la invocación de este gobierno de hacer trizas los Acuerdos de Paz, escenario que vivimos y nos está imponiendo la violencia política”[2].
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[1] “Farc pide intervención de Procuraduría por asesinato de excombatientes”, El Tiempo, https:eltiempo.com/justicia/, 20 octubre de 2020.
[2] “Por Vida, Democracia, Paz y Negociación del Pliego de Emergencia: Paro Nacional 21 de octubre. Comunicado suscrito por el Comité Nacional de Paro, diversas organizaciones sociales, de mujeres, bancadas del Congreso de los partidos y movimientos alternativos, plataformas de derechos humanos, organizaciones de paz y ambientalistas. Bogotá, 17 de octubre de 2020.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: RCN Radio
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