Las decisiones judiciales demandadas por los ciudadanos comunes y corrientes se aplazaban sine die, mientras que se aceleraban al máximo las que ponían en libertad a sospechosos de pertenecer a los temibles cárteles de la droga y se daba largas a las sentencias condenatorias de funcionarios y empresarios corruptos, beneficiarios privilegiados del régimen neoliberal que comenzó a implantarse en México en los años 90 del siglo pasado. Por si fuera poco, en ese poder judicial campaban a sus anchas el nepotismo y una tremenda injusticia en los ingresos de sus funcionarios. Cerca de la mitad de los funcionarios tenían relaciones de parentesco con los magistrados y jueces encargados de nombrarlos. Y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte tenían salarios, canonjías y prestaciones sociales que eran 20 veces mayores que los salarios de jueces y funcionarios de base. En muchas de sus célebres mañaneras, López Obrador denunció que la presidenta de la Suprema Corte ganaba más que el presidente de la república, en abierta violación de la Constitución mexicana que establece taxativamente que el salario ningún funcionario del Estado puede ser mayor que el de la cabeza del poder ejecutivo. Denunció en vano: su denuncia como tantas y tantas otras fueron desoídas por unos magistrados que faltaban descaradamente a su obligación de acatar la ley. Y de juzgar conforme a ella.
A estas razones de fondo del descontento popular con el anterior poder judicial hay que sumar otra, tanto o más grávida de consecuencias políticas. Y cuya raíz está en el régimen político neoliberal implantado por las sucesivas reformas que lo blindaron constitucionalmente. Dicho régimen desmontó las mayores conquistas de la revolución mexicana: la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. Privatizó de hecho el petróleo y desmantelo el régimen de propiedad comunal de la tierra. E hizo más, entronizó, so pretexto de defender los derechos individuales, la supremacía del poder económico sobre el poder estatal, del interés privado sobre el bien común y los intereses generales.
En este marco constitucional e institucional, el poder judicial actuó como un ariete contra todas las decisiones políticas tomadas por el presidente López Obrador en cumplimiento del programa de la Cuarta transformación destinado a transformar profundamente su economía y su sociedad bajo el lema de “los pobres primero”. Fueron tantos los palos en las ruedas que le pusieron a la acción de gobierno de López Obrador, que él tuvo que tomar medidas tan excepcionales como la decretar el estado de emergencia nacional para poder emplear al Ejército en la construcción de los ferrocarriles Transoceánico y Maya. Igualmente le hizo plenamente consciente de que sin la democratización del poder judicial era muy difícil que México siguiera avanzando por el camino definido por la 4T. De allí que propusiera la reforma constitucional que ha permitido que el domingo el pueblo elija a sus jueces y magistrados. En elecciones libres, democráticas y transparentes
Se van a realizar pese lo que les pese a los enemigos, abiertos o soterrados, del ejercicio efectivo de la soberanía popular, que las acusan de “demagógicas” y de abrirle paso a los “incapaces” y a los “corruptos”. Cuando no de permitir a los cárteles de la droga que nombren los jueces que prevariquen a su favor. Omiten o pasan por alto maliciosamente antecedentes como el hecho de que en 21 de los 50 estados de Estados Unidos se eligen los jueces y los jefes de policía, y en el resto del país a los fiscales. También ocultan deliberadamente que en la actual Bolivia plurinacional rige la elección popular de jueces.
A ellos y a todos aquellos que creen que las elecciones convocadas el próximo domingo en México son un coladero para ineptos e indeseables, les informo que las mismas están reguladas de tal manera que impiden que esto ocurra. Los candidatos que pueden participar en ellas han sido propuestos por comités evaluadores de los candidatos elegidos por los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El resultado de esta criba es la aceptación de 3.400 aspirantes a ocupar los cargos de nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces y juezas de Circuito.
Estos cargos representan casi la mitad del total de los existentes en el poder judicial de México. La otra parte será elegida en 2027. Para cada uno de estos cargos habrá una papeleta diferenciada por colores en la que en el lado izquierdo figuran las candidatas y en el derecho los candidatos. Cada uno de ellos están identificados con un número de dos dígitos, que el votante tendrá que escribir en los recuadros situados en la parte superior de la papeleta. Parece complicado, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece.
El Instituto Nacional Electoral ha sido el encargado de organizar estas elecciones y será quién ofrezca el 15 de junio los resultados oficiales de las mismas.
¡Que envidia!
Carlos Jiménez
Foto tomada de: France 24
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