“La ‘paz total’ no es una política de Estado. Es una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista.” César Gaviria, director del Liberalismo. ‘Radiografía de una paz fallida: el fracaso anunciado de la ‘paz total’’, en ET, 675/25, p. 1.4.
“Los mecanismos de participación popular son, por esencia, mecanismos políticos, porque la gente tiene que decidir entre el sí y el no, y eso va a disparar campañas por el sí y campañas por el no, que no necesariamente son campañas partidistas. Pueden ser campañas ciudadanas…” Alirio Uribe, representante por el Pacto Histórico, en: ET, 27/3/25, p. 1.9.
La crisis de hegemonía abierta en 1991, está dividida en dos primeros tiempos, 1999-2010, con un paréntesis táctico, 2011-2016, la nueva paz propuesta y negociada por Juan Manuel Santos con las Farc Ep, con apoyo del gobierno estadounidense. El paréntesis, sin cesar las acciones de guerra contra insurgente, tiene a Santos al comando del bloque en el poder. Entonces firmó la paz, que le valió el Nobel, y el señalamiento de traidor por el jefe natural de Centro Democrático. Paréntesis que cerró el presidente Iván Duque, que por interpuesta persona da continuidad a la fórmula del cesarismo presidencial regresivo, y practica la misión de hacer trizas la paz hasta más no poder.[1]
Duque y el partido de la guerra organizado en torno al Centro Democrático transforman la política pública de guerra. Luego del interregno de la escaramuza de paz la adaptan a esta coyuntura disfrazándola de acción cívico-militar localizada para los territorios que fueron albergue de resistencia armada y desarmada.
Estos son los territorios no conquistados por la Para República,[2] porque eran la zona de influencia y colonización defendidas con las armas de la insurgencia subalterna de las Farc Ep. El proyecto reaccionario del Estado Comunitario de los propietarios quiere expandirse; sin embargo, tiene al mismo tiempo que afrontar la pandemia del Covid-19, en las poblaciones urbanas que ponen cortapisas a su estrategia termidoriana.
Luego, este retraso oficial inducido, el notorio incumplimiento de los puntos de la paz firmada en el teatro Colón por Santos y Timochenko, y el asesinato casi diario de los guerrilleros firmantes en las regiones, primero que todo, facilitó y propició el quiebre de la mayor fuerza insurgente de Colombia, que probó no estar suficientemente preparada para su transición política a continuar la lucha contrahegemónica en las trincheras de la sociedad civil, donde la Para República se viene fortaleciendo con las derivaciones desprendidas del régimen Para Presidencial.
Tales son los pilares de la degeneración democrática inducida por la revolución pasiva que partió de la entronización constitucional de la apertura neoliberal sancionada de modo contradictorio con una exigencia de una democracia participativa instituida con la pretensión de legitimar el nuevo orden político. Y conducida por un régimen Neopresidencial bifronte, pronto deformado en una modalidad de cesarismo regresivo que reemplazo el estado de excepción cuasi-permanente de larga duración que empezó con el estado de sitio decretado por el presidente conservador Mario Ospina Pérez.[3]
Democracia, triunfo progresista y crisis
“La Corte Constitucional declaró en la sentencia T-372 de 29 de septiembre de 2023, que el gobierno de Iván Duque vulneró derechos de la ciudadanía, al obstruir “la libertad de expresión, de reunión y asociación” cuando no informó de los cortes de internet en Cali y en otras ciudades durante las protestas del año 2021”
A contra corriente, el empuje tendencial de la revolución democrática, tantas veces interrumpida en Colombia por la guerra social, y la política pública de guerra como forma de gobernabilidad sobre las mayorías subalternas no se doblegó.
Al contrario, la demanda de democracia subalterna creció y comprobó su raíz estructural que no es otra que es resultado perverso de un oligopolio impuesto, con violencia y exclusión, sobre el territorio cultivable y rico en minerales, y que fundamenta una crisis orgánica de la formación social colombiana de larga duración.
La bandera del recién electo presidente, Gustavo Petro, fue cumplir con lo acordado, un poco a regañadientes con la insurgencia en 2016. Después de quemar los cartuchos con la tripleta de ministros liberales de todos los matices, más el conservador Álvaro Leyva.[4] Petro propuso, aunque no la llamó así al inicio, la paz total. Consumió dos años de su mandato en procura de este propósito nacional con otras fuerzas y figuras del establecimiento.[5]
Quiso darle basamento a la economía nacional hipotecada por Duque para la atención a la pandemia del Covid 19, y, sobre todo, hecha una reforma tributaria progresista, ofrecerle la vía expedita en lo económico al ramillete de los más urgentes proyectos de reformas sociales.
En procura de la paz estable, tampoco logró detener la sangría de líderes sociales y excombatientes asesinados por sicarios, o en acciones genocidas, encauzar la seguridad afectada por los flagelos de las bandas armadas, y los destacamentos guerrilleros enfrascados en la disputa de zonas estratégicas que antes era monopolio exclusivo de las Farc Ep.[6]
Aquí toma cuerpo e identidad plural un segundo tiempo de la crisis de hegemonía, el periodo 2017-2025. Lo fundamenta la disputa por el desenlace de la crisis de hegemonía entre gobierno y oposición. La presencia institucional de la Oposición la propició el Acuerdo de Paz de La Habana, que se tradujo en la adopción del Estatuto de la oposición con la Ley 1909 de 2018, y es el puente/bisagra para el tránsito al segundo tiempo.
Segundo. La lenta agonía del Régimen Para presidencial, que amplió el despojo y la gran pobreza de más de diez millones de campesinos,[7] fortaleció la continua la resistencia desplegada en campo y ciudad. Movilizaciones y bloqueos en demanda de la democracia subalterna in crescendo. En síntesis, ella obra como el contrafuerte al predominio institucional de formas cesaristas presidencialistas regresivas.[8]
Esta correlación de fuerzas ambienta el sorpresivo triunfo presidencial de una tercera fuerza democratizante acelera el trámite agónico del Parapresidencialismo. El proyecto de la Colombia Humana se transforma en Pacto Histórico con fines electorales, y detiene al curso de la revolución pasiva como la estrategia impuesta por el bloque histórico dominante, que retomó el gobierno de la fracción reaccionaria, 2018-2022.
Dispuesta a quebrar el Bloque de la paz comprometido en una tercera vía conducida dentro del capitalismo por Juan Manuel Santos, primero, y luego por Gustavo Petro, su continuador con el expediente de las reformas sociales aplazadas por los representantes de la oligarquía bipartidista.[9]
Ahora, para oponerse al reformismo del Pacto Histórico, la consigna del bloque de la guerra es hundir hasta el descrédito los avances progresistas prometidos, e impedir lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta de 1991. Antes, de 1991 en adelante, la receta fue la contraofensiva contra reformista[10] contra el contenido de la Constitución de 1991.
Entonces el despliegue de la revolución pasiva para modernizar el capitalismo colombiano desde arriba desembocó en el crecimiento del ejército insurgente desde abajo cuyas acciones ofensivas en seguidilla contra las fuerzas de los gobiernos de Samper y Pastrana condujeron a la frustrada negociación de paz del Caguán, 7 enero de 1999- 20 febrero de 2002.
La suerte de aquella negociación de paz quedó echada, una vez se hizo explícito y público el contenido reformista Pacto de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001. La defunción definitiva de la paz con los subalternos en armas se escenificó con el espectáculo del desalojo de los cinco municipios, sede de aquella negociación, en el plazo perentorio de 72 horas de la fuerza guerrillera al comienzo del año 2002. Esta pasó a un periodo de defensiva estratégica en el sur de Colombia.
Este precipitado reaccionario reabrió en 1999, una nueva crisis de hegemonía de las varias experimentadas en la crisis orgánica nacional de larga duración que continua sin resolverse. Hasta el punto de fracturar la sociedad civil colombiana que pasó de una lógica adversarial en las ciudades a la fórmula schmittiana de amigo enemigo que se generalizó en Colombia.
El choque entre el actual gobierno de Petro y la oposición lo bautizan en negativo como polarización. La prensa y opinadores mainstream responsabilizan al estilo pugnaz del presidente, porque dizque quiere imponer su voluntad, y despreciar la concertación con las demás fuerzas.
Lo cierto es que Petro se radicalizó debido al bloqueo interno de los “aliados” en el Frente Amplio. Cuando no fueron satisfechas in totto las demandas de la oposición reaccionaria y de derecha, éstas hacen el coro del descrédito nacional e internacional.[11]
Bloqueo del Congreso y la Consulta Popular
“Sin embargo, a mi juicio, en él (Gustavo Petro) prevalece más el caudillo que el jefe de Estado o el hombre de Estado”. Alfonso Gómez Méndez, autor de ‘Democracia bloqueada’ (2025), en: ET, 1675725, p. 1.12.
“Petro cierra abril y comienza mayo con un evidente repunte en su imagen pública, según dos encuestas divulgadas recientemente por las firmas Invamer y Cifras y Conceptos.” Ricardo Ávila, ‘Petro sube la apuesta’, ET, 11/5/2025, p. 1.18.
Colombia, azotada por la guerra social durante más de seis décadas, tiene por fin en el gobierno a un reformador social, que se autodefine como de izquierda hoy. Gustavo Petro, desde el 1o. de mayo de 2024, no escatima esfuerzos para llamar a la movilización y organización de las demandas democráticas. El objetivo táctico más inmediato es romper las trincheras erigidas por el Senado, en particular, la Comisión séptima donde no tiene mayorías.
Este caudillo en metamorfosis, presenta rasgos de cesarismo progresivo de corte civilista. Reconoce la urgencia de construir un partido, en términos de Gramsci, esto es, un intelectual orgánico colectivo que organice con base en la deliberación democrática, la lucha por las reformas. Aparece la posibilidad de interpelar una multitud ciudadana como sujeto político que garantice un desenlace favorable de la disputa hegemónica en la sociedad civil polarizada, más allá de las formas instituidas de la representación política.
Este Cesar civilista, apoyado por la movilización propiciada por el mecanismo de la consulta popular con origen en el ejecutivo, hace que la multitud ciudadana se presente como actora de un proceso constituyente.
El régimen presidencial cesarista reaccionario fortalecido por un cuarto de siglo de la receta de-democratizadora empieza a experimentar una mutación en sentido contrario. Ahora propone de hecho pasar de la forma regresiva tradicional, que incentiva la solución armada de la guerra social, a convertirse en actor en primera línea de la paz pactada y más allá, territorializándola con escasa fortuna en el tercer año.
El vector del gobierno del cambio es una especie de cesarismo presidencial progresivo. Gustavo Petro como pedagogo cívico en plazas y movilizaciones incita a sus audiencias a luchar democráticamente, a autoorganizarse y presionar la reacción empotrada en el Senado, que tiene como arietes a su presidente, el conservador Efraím Cepeda. En la retaguardia estratégica están las altas cortes, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, donde es sabido que la mayoría de magistrados son desafectos al programa progresista reformista.
Tal es el escenario del Pacto Histórico en el segundo periodo de desenlace de la crisis de hegemonía, cuando quedan menos de dos años al gobierno del cambio para liderar el bloque de la paz como centro de Bloque histórico alternativo. Su punto de partida es un cambio en el sentido común dominante, fruto virtuoso de tres matrices integradoras que lo antecedieron como proyecto político subalterno.
Las dos primeras son el Acuerdo firmado por Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (Timochenko) el 24 de noviembre de 2016, en el teatro Colón de Bogotá;[12], y, segunda, los resultados de la consulta popular que superó los 11 millones de votos, y estuvo liderada por Claudia López y la Alianza Verde contra la corrupción del año 2018.[13]
El tercer evento corresponde a la insurgencia civil de la multitud ciudadana que anima un ciclo de diversas movilizaciones sociales y políticas que abarcan los años 2019-2022. El arranque ocurre el 21 de noviembre de 2019, contra la reforma tributaria regresiva, propuesta por el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, y sigue en ascenso ininterrumpido hasta alcanzar una primera cota con el “estallido social” que tuvo como detonante el paro nacional convocado por las centrales sindicales y organizaciones sociales diversas para el 28 de abril de 2021.
Esta convergencia de demandas extendió su acción hasta diciembre del mismo año, contra el gobierno reaccionario comandado por el Centro Democrático. Todo lo cual contribuyó al triunfo electoral del Pacto Histórico, que movilizó a miles de jóvenes abstencionistas y mujeres empobrecidas que engrosaron el fulminante del bloque histórico en construcción, con su presencia activa y su sacrificio en pos de una voluntad nacional popular y plural.
Su contexto institucional fue el Acuerdo final, que superó el escollo de la derrota del plebiscito por la paz. La Oposición desplegó la primera guerra mediática exitosa alimentada de fake news.[14] Esta derrota táctica del Bloque de la paz condujo a la renegociación en el Congreso. Hubo el diálogo nacional entre las elites progresistas y reaccionarias del país comandado entonces por Santos y su equipo negociador.
Claro, el bipartidismo político oligárquico tradicional “peluquió” aquel acuerdo, y así contó Santos, arquitecto de la paz neoliberal, con la aprobación del Congreso entre los promotores del Sí y el No en el plebiscito que perdió por escaso margen. De ese modo perfiló, vía Congreso, la modalidad de paz neoliberal con sus consecuencias inmediatas y mediatas.[15]
Este ensayo de Frente amplio que empezó a configurarse con Santos es también el contradictor, aunque tímido de la política pública de guerra que fue sostenida por cuatro administraciones sucesivas[16]. Después el Pacto Histórico reformuló dicho Frente Amplio definido como una fuera plural contrahegemónica con el objetivo de la Paz Total. Haciéndolo consiguió el respaldo mayoritario de las poblaciones de las zonas más pobres y deprimidas de Colombia, que padecen tanto la guerra como la exclusión social en el campo. Esta multitud rural movilizada en lo electoral, fue estimulada para votar el cambio con el colofón del levantamiento multitudinario de la pobrería de las ciudades.
Estas iniciativas, en todo caso, son amenazas presentes contra el bloque de poder, porque agrietan las bases de la alianza reaccionaria dominante, que heredó reencauchado el modelo del Frente Nacional bipartidista con el diseño de la apertura neoliberal en 1991. Dicho bloque histórico ejerce una dominación hegemónica en Colombia, cuya nueva etapa comenzó, de modo paradojal, con una particular revolución pasiva como dispositivo de dominación productiva, que se legitimó mediante una asamblea constituyente que no fue refrendada popularmente.[17]
De la consulta a la reforma resucitada y peluqueada
“No podemos aceptar que el presidente le haga control constitucional a los actos del Congreso, eso es un descarrío muy complicado (…) si no hubiera existido el rechazo a la consulta … ¿por qué el presidente Petro volvió a presentar la consulta? Ahí la aceptó”. Rodrigo Uprimny, en entrevista con la W.
El gobierno Petro y sus aliados del Frente Amplio proponen la Consulta Popular, para avanzar con la paz y las reformas que le dan realidad a su propósito nacional, rechazando el voto negativo de la mayoría de la comisión séptima del senado.
A través de una consulta popular, que es una especie de plebiscito con origen en el Ejecutivo, no se requiere de recolección de firmas, pero sí de la aprobación o negación fundamentada del mismo.
La propuesta fue presentada por el propio presidente ante el Congreso el pasado 1o. de mayo, en medio de una gran movilización obrera y popular en Bogotá y Colombia. El contenido estaba desglosado en 12 preguntas asertivas sobre los componentes centrales de la reforma laboral. Eran los puntos nodales de la reforma laboral que hundió la Comisión séptima del Senado.[18]
El Congreso tenía un plazo perentorio de treinta días para deliberar y votar si modificaba el texto original de la Consulta Popular. La votación del pleno del Senado arrojó un resultado 49 a 47. Estuvo plagada de irregularidades. El mininterior Armando Benedetti denunció fraude en el conteo de los votos,[19] y la senadora María José Pizarro presentó la solicitud de repetir la votación que fue desestimada.
Antes, en la misma plenaria se revivió la reforma laboral, cuando resolvió favorablemente una apelación pendiente que durmió engavetada dos meses. Pasó a la Comisión cuarta del senado, y allí empezó con celeridad el trámite con la presidencia de Angélica Lozano, siendo reducido el texto original a 39 artículos con modificaciones.
En la nueva situación, presidente y la bancada del Pacto Histórico insistieron en la Consulta Popular, añadiendo cuatro preguntas más, en relación con la reforma a la salud. La consulta popular modificado volvió a perder la votación en la Comisión. Por lo que Petro anunció, que ordenaría la realización de la Consulta por decreto con el argumento que el Senado se había negado a votarla en el plazo de los 30 días.
Con este procedimiento extraordinario, ocho partidos se oponen señalando al gobierno como estar afectando en forma grave el equilibrio de poderes, y acercándose a una forma dictatorial de gobierno. En todo caso, el pool de abogados del ejecutivo insistió que será la Corte Constitucional la que tendrá la competencia para declarar o no la inexequibilidad de la consulta.
Otros juristas, entre ellos, el constitucionalista liberal Rodrigo Uprimny,[20] insisten en que se aceptó la decisión del Senado, y no es válido decir que no hubo votación como el presidente lo señala. En el entretanto, hay el trámite de una nulidad ante la sección quinta del Consejo de Estado. El ex fiscal Montealegre presentó un último argumento que señala la inexistencia de la votación, pero la primera vez habló de inconstitucionalidad, en cuyo caso tendría que pronunciarse la Corte Constitucional.
En el entretanto
“Y para esconder su fracaso (Petro) sigue fiel a la estrategia política que ha aplicado durante su mandato, inspirada por Antonio Negri, fallecido filósofo neomarxista italiano…buscar la movilización y la politización creciente de la sociedad…” Alfredo Rangel, Aprendiz de tiranuelo, ET, 6/6/25, p. 1.16.
Avanza la discusión del proyecto de reforma laboral que para ser aprobado tiene un término perentorio. La oposición y sectores de la Alianza verde dirigidos por la presidenta de la Comisión cuarta, y Katherine Miranda insisten ahora como nunca antes en esa vía de la reforma laboral. El partido del gobierno no confía en que tal reforma recortada, favorable a los patronos, prospere, pero en todo caso en principio el Mininterior apoyó esa vía en paralelo con la de la Consulta.
Pero con el recorte del articulado, el gobierno insiste por su cuenta en la Consulta, recargándola con cuatro puntos de la reforma a la salud. En suma, siguen existiendo dos caminos. La democracia subalterna, plebeya alcanza ribetes protagónicos.
El neoprogresismo de Petro está bajo la mayor presión, como lo están ahora Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella desafiada por el crimen organizado y los maestros disidentes que tienen plantón ante la casa de gobierno, y paro en varios estados. Estos dos laboratorios de cesarismo presidencial de corte progresivo se juegan sus cartas principales. Pero requieren de la movilización de la multitud en un proceso constituyente inédito.
En particular, Morena consiguió que se votará la elección del poder judicial, este poder será presidido a partir de septiembre por un indígena, sin precedentes, eso sí, la votación de los jueces tuvo una notable abstención. Si quieren conseguir estos cesarismos romper la cárcel de las revoluciones pasivas, tienen que ganar la hegemonía en las trincheras de la sociedad civil. Para, así, precipitar el desenlace de la crisis del viejo orden bipartidista que en su agonía se resiste a morir, bajo nuevas máscaras, tanto en México como en Colombia.
En el caso de Colombia, el desafío está por la vía del constituyente que Petro, como cabeza de este tipo de cesarismo convoca por decreto, para que la Consulta Popular selle la suerte de las dos principales reformas sociales: salud, atascada, y laboral, reducida a su mínima expresión. A este cesarismo, un analista de la “seguridad democrática”, Alfredo Rangel, lo califica de tiranía que, además, la confunde con dictadura, una institución creada en la Roma Republicana.
El expresidente Samper Pizano, en el entretanto, busca una fórmula que no quiebre la institucionalidad liberal que más de uno quiere adocenar con democracia. Propone al presidente Petro que acepte la votación negativa del Senado, y desista por lo pronto de la Consulta Popular plebiscitaria que esgrime como ariete con los apoyos de Benedetti, Montealegre, quien será el nuevo ministro de justicia en reemplazo de la doctora Buitrago. Al tiempo que le propone al bloque de la oposición pro patronal en el Congreso revise el articulado actual, y haya conciliación entre las dos instancias del Congreso. Y, entonces sí, los puntos de desacuerdo el gobierno los tramite por la vía de una nueva Consulta.
El año 2025, es el yunque de prueba del cesarismo al servicio de los progresismos en su tercera oleada, a pocos días de que haya votación presidencial en Bolivia, donde la tendencia contraria a Evo Morales lleva las de ganar. Cuando se pone a prueba la tesis de la revolución pasiva como muro de contención de la revolución democrática en el marco del capitalismo globalizado.
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[1]Socarrón continuador de la política pública de guerra con el saboteo de la reforma agraria integral pactada en 2016, que la sustituyó por el placebo de los PDTEs, para los municipios más vulnerables, que el Consejero presidencial Emilio Archila implementó y defendió con cifras.
[2] Sobre el particular revisar el libro colectivo, publicado por el grupo Presidencialismo y participación, ‘El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción’. Unijus. Universidad Nacional. Bogotá, noviembre de 2007.
[3] Arrancó con el cierre del congreso por la acción del presidente Mariano Ospina Pérez motivado por el incidente de 9 de septiembre de 1949. Quería impedir un triunfo electoral después del levantamiento popular de 1948. El liberalismo mayoritario, traicionada la coalición bipartidista propuesta por Echandía, reclamaba la convocatoria de elecciones anticipadas para noviembre. El representante liberal Gustavo Jiménez se trenzó en discusión e insultos con el conservador Carlos del Castillo, quien inició los disparos en plena sesión. Una bala disparada por el general y representante conservador Amadeo Rodríguez mató a Jiménez, y la balacera en el recinto causó también la muerte del representante Jorge Soto del Corral unos meses después.
[4] Dedicado después de su remoción a escribirle cartas al presidente, donde desnuda su retórica oligárquica. Hecha de conjeturas, pero vacía de pruebas. Lo conmina a que renuncie, y se trate su drogadicción. En esta “loable” empresa tiene la ayuda del representante Díaz Balart, elegido por el estado de La Florida, quien, además, le recomienda ciertos lugares para su cura. No sobra recordar que este representante cubano americano es cuñado del difunto Fidel Castro Rus.
[5] José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, González y Leyva.
[6] Es el rosario de combates y acciones punitivas entre las disidencias, el Estado mayor conjunto, la Nueva Marquetalia, el Frente 33, el Eln, el Clan del Golfo, y las bandas locales que azuelan Buenaventura y otras ciudades intermedias.
[7] Según los resultados de la ECV en el año 2023 hay 10.640.000 personas que se identifican como campesinas, de edades entre 15 y más años. Del total, 5,4 millones son hombres, y 5,1 son mujeres. Sin embargo, para la estadística del DANE, primer semestre de 2023, la población total campesina es de 15,2 millones cercana al 30% de la población de Colombia.
[8] Este régimen resultó de la degeneración democrática del régimen Neo presidencialismo sancionado en la Constituyente de 1991. Este escenario dio la carta de ciudadanía a una tercera fuerza contraria al bipartidismo, Alianza Democrática/M19, cuando eligió el segundo mayor número de delegatarios, enfrentó al liberalismo que dirigido por Alfonso López Michelsen obtuvo el primer lugar.
[9] La tercera vía era plataforma política publicitada por Juan Manuel Santos, cuando quiso acceder a la presidencia de Colombia, con una alternativa de “centro-izquierda”. Se nutría del discurso del político neo laborista Tony Blair con el sustento intelectual del sociólogo Anthony Giddens, y así lo divulgó en un libro entrevista: ‘La tercera vía: una alternativa para Colombia. Editorial Aguilar, Bogotá, 1999,
[10] La constitución política ha sido reformada 56 veces a través de actos legislativos. 30 años después: a pesar de 55 reformas, la Constitución del 91 no ha perdido su identidad. Autor: Armando Novoa. Revista 100 días. Edición 102, mayo-agosto 2021.
[11] Circulan las acusaciones de castro-chavismo y correísmo para el progresismo tachado de comunista e izquierdista.
[12] Este nuevo acuerdo, precedido por lo deliberado en La Habana, y en Cartagena se denomina Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera.
[13] Tal fue la forma anticipada para anunciar que tenía pretensiones de ser candidata a la presidencia, lo cual quedó confirmado la semana pasada, creando el movimiento “Imparables”.
[14] El arquitecto comunicacional de esta estratagema lo confesó en público, cantando victoria antes de tiempo.
[15] La paz subalterna fue descartada, como también la fórmula de la paz reaccionaria, que es la bandera izada por el Bloque de la guerra desde las presidencias de Álvaro Uribe Vélez.
[16] Las presidencias de Samper, Pastrana, y dos veces de Uribe, con la pausa de Santos interrumpida por la elección del conservador reaccionario Iván Duque, 2018-2022.
[17]El único posible antecedente retrotrae hasta la fundación de la primera República. Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander ensayaron el proyecto de la Gran Colombia, que cerró la conspiración septembrina, el atentado contra la vida del Libertador en Bogotá.
[18] De catorce senadores, ocho votaron negativamente.
[19] Porque se cambió de forma manual el contenido de un voto que era positivo originalmente, a negativo, produciendo así, en lugar de empate la diferencia desfavorable. No se dijo que se iba a votar la consulta.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, IGS Colombia, Red Estudios Gramscianos
Foto tomada de: Radio Nacional de Colombia
Excelentes análisiis Dr. Miguel Angel Herrera Z. Saludos.