En memoria de Marino López y de todas las víctimas de esta era de terror que sectores de la sociedad civil alimentaron durante décadas en absoluta impunidad.
La estrecha relación entre empresarios y grupos paramilitares no es desconocida en el país. No sólo ha sido denunciada por las víctimas durante décadas, la Comisión de la Verdad documentó varios casos, y los mismos implicados han rendido testimonio ante la JEP en repetidas oportunidades. Ahora la justicia ha demostrado que se trató de alianzas criminales de mutuo beneficio a costa de la vida y los derechos de poblaciones vulnerables. Este año se han logrado importantes condenas. Y una muy significativa ocurrió la semana pasada.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a cuatro directivos de la empresa Maderas del Darién, filial de la desaparecida empresa Triplex Pizano S. A., y una de las más grandes en el Urabá durante los años de dominio de las AUC. Sobre esta compañía se tenía de tiempo atrás serios indicios sobre su conexión con el proyecto paramilitar de la casa Castaño, pero sólo hasta ahora la justicia logró validar las denuncias que fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades.
Los cuatro condenados a la ridícula pena de seis años de prisión domiciliaria por el delito de concierto para delinquir agravado fueron Jorge Amézquita García, gerente; Saúl Buriticá Cifuentes, jefe de producción; Jaime Guillermo Hernández Truten, jefe de recursos humanos; y Ronal Palacios Romaña, asesor del administrador y enlace de la empresa con las comunidades. La Fiscalía presentó extensos informes periciales elaborados por investigadores del CTI, que dan cuenta de cómo, entre 2001 y 2005, Maderas del Darién entregó $733 millones de pesos al grupo criminal, lo que equivaldría a unos $1.900 millones actualmente. Ese dinero primero era entregado a un contratista, Néstor Cayetano Victoria, quien, a su vez, los entregaba a los paras.
La justicia tenía en la mira a Maderas del Darién desde 1998”[1]
El informe y las investigaciones fiscales revelaron que Maderas del Darién, recurrió a un método impuesto a las comunidades negras y campesinas en la región del Bajo Atrato para reunir fondos destinados a financiar a los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas. Según la Fiscalía, las comunidades afrodescendientes de Cacarica, Curvaradó y Jiguamiandó fueron despojadas de un porcentaje de los beneficios que obtenían de la madera, bajo la excusa de asegurar las operaciones empresariales. Este mecanismo implicó la utilización de irregularidades contables graves, como asientos falsos, la dispersión de fondos a través de terceros, y la simulación de proveedores y contratistas, para desviar recursos hacia los paramilitares. Esto evidencia una relación de beneficio mutuo entre el sector privado y la estructura paramilitar, en un contexto de conflicto y desplazamiento forzado en la región.
“El dictamen pericial determinó que Cayetano Victoria, el enlace entre los hombres de El Alemán y Maderas del Darién, recibió de la compañía la suma de COP 937 millones, de los cuales solo COP 207 millones correspondían a bienes o servicios efectivamente prestados por él. “La cifra restante de COP 730 millones habría sido desviada mediante obligaciones registradas a nombre de terceros y cobradas por el contratista con destino al grupo armado ilegal. Dineros que fueron descontados a las comunidades afro, lo que agrava la lesión patrimonial y el carácter de victimización colectiva de los consejos comunitarios de Urabá”, señala el documento” [2].
Estos recursos aumentaron la tragedia humanitaria y la degradación del conflicto.
Dos casos emblemáticos
La justicia recordó, como parte del contexto y del fuerte impacto que tuvieron las acciones paramilitares con la anuencia de sectores de las Fuerzas Militares, dos hechos emblemáticos de enorme sevicia y crueldad: la Masacre de Bojayá y la Operación Génesis, ambos perpetrados por el Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo el mando de Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán”. La masacre ocurrió en mayo de 2002, en medio de un enfrentamiento entre los paras y las FARC, y dejó 80 personas asesinadas. La Operación Genesis ejecutada en febrero de 1997 por la Brigada XVII del Ejército con paramilitares bajo el pretexto de expulsar a la guerrilla de Riosucio, Chocó, desplazó forzosamente a 3.500 personas y despojó a la población de la región de la cuenca del río Cacarica de sus territorios ancestrales, sus costumbres y su historia. En estos hechos fue asesinado el campesino afrodescendiente Marino López Mena.
Un sobreviviente de la incursión armada a Bijao, narró lo ocurrido: “Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan, ‘si huye, le va peor’. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le cortan los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas. Y empiezan a jugar fútbol con su cabeza. Todas y todos lo vimos”[3].
El general Rito Alejo del Río fue declarado “penalmente responsable del delito de homicidio agravado en calidad de autor mediato por dominio de una estructura organizada de poder”, y la justicia resolvió “no otorgar al sentenciado ningún mecanismo sustitutivo de la pena de prisión”. Además, el Estado fue condenado en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “intencionalmente responsable de haber incumplido su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente”, así como de no haber garantizado la asistencia humanitaria y el retorno seguro de las víctimas.
La asociación criminal entre empresarios, en este caso de Maderas del Darién con paramilitares que actuaban en alianza con sectores de las Fuerzas Militares, contribuyó a exacerbar la violencia en la región destruyendo la vida de decenas de familias.
“Un empleado de Maderas del Darién entre 1986 y 1996 contó que, en 1991, las Farc dinamitaron dos remolcadores y dos tractores forestales de la empresa Maderas del Darién. “Yo supongo que el motivo fue para presionar a la empresa por algo”. El fallo declara que, a partir de la expansión de las AUC en el Urabá, aumentaron los enfrentamientos con la guerrilla, lo cual generó un complejo escenario de orden público para la población civil, que incluyó asesinatos, desplazamientos forzados, confinamiento de comunidades, despojo de tierras, amenazas, entre otros hechos”.
Esta realidad también fue mencionada también un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, donde se describe cómo paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las AUC actuaron en alianza con funcionarios públicos y madereras en el noroccidente del país para despojar y amenazar a campesinos que se resistían a abandonar sus hogares.
“En concreto, teniendo en cuenta información otorgada por el Alemán ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, el Informe Final cita lo siguiente sobre la maderera: “Aportaron mensualmente a la agrupación armada irregular, desde el año 2000, entre 20 y 30 millones de pesos, recibiendo a cambio seguridad en sus instalaciones y en lugares de corte maderero; el grupo ilegal utilizó las frecuencias de antenas repetidoras, por intermedio de estas se comunicaban las tropas… Maderas del Darién nunca cambió la frecuencia filial de muebles Pizano o de Triplex Pizano (…)”[4].
Estos acuerdos entre empresas y grupos armados han tenido como principal objetivo el control territorial, el despojo de tierra y la economía ilegal. Y la justicia lo ha demostrado.
Chiquita Brands
El 30 de julio de 2025 el Juzgado Sexto Penal de Antioquia condenó en primera instancia a siete ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands a una pena de 11 años de prisión y una multa de $13.800 millones por el delito de concierto para delinquir agravado, por haber financiado y auspiciado el Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), entre 1996 y 2004. La firma ya había reconocido ante la justicia de Estados Unidos más de cien pagos por 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por lo que se les impuso en 2007 una multa de 25 millones de dólares.
“La sentencia advirtió que la financiación de grupos armados no constituye un delito común, sino una agresión indirecta contra el Estado y la paz social. Según el fallo, este tipo de conductas “no solo afecta la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos”. Además, los recursos entregados a las AUC contribuyeron a prolongar su capacidad operativa y, con ello, el se estimuló la perpetración de nuevos crímenes.
La necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista de la prevención como de la retribución justa, demanda una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad de incurrir en este tipo de ilícitos”, dice la sentencia.
La jueza Diana Lucía Monsalve respaldó en su fallo que durante años han sostenido víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y antiguos comandantes paramilitares: que las asociaciones conocidas como Convivir —creadas inicialmente con respaldo legal— fueron instrumentalizadas por estructuras de las AUC para blanquear los pagos hechos por Chiquita Brands. La Fiscalía demostró que, entre 2001 y 2004, se realizaron al menos 18 transferencias a estas organizaciones por una suma superior a los 1.400 millones de pesos.
Fueron condenador los exgerentes generales de Banadex S.A.: el estadounidense Charles Dennis Keiser, quien ocupó ese cargo entre 1990 y 2000; el costarricense José Luis Valverde Ramírez, entre 2000 y 2002; y el colombiano Álvaro Acevedo González, quien estuvo al frente de la gerencia entre 2001 y 2004”[5].
Perenco
Hace 4 meses la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder a dos oficinas pertenecientes a la multinacional Perenco en Bogotá, avaluadas en US$10 millones, según la Fiscalía. “¿La razón? Según el Tribunal, con base en pruebas expuestas por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, la compañía habría logrado incrementar su patrimonio en el país gracias a los apoyos de las autodefensas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño en el oriente de Colombia. Esas ayudas, según señalaron ante Justicia y Paz exparamilitares como Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, se dieron a cambio de “servicios de seguridad” en los pozos operados por Perenco, pues existían riesgos de que la guerrilla se quedara con el control de los oleoductos.
Las oficinas embargadas fueron entregadas al fondo de reparación que maneja la Unidad de Víctimas, entidad que las va a administrar y entregar a quienes sufrieron los horrores del paramilitarismo en Casanare, luego de que termine el proceso judicial. Esto quiere decir que Perenco, como empresa, tiene en su contra una investigación patrimonial por supuestamente haber ejercido un rol determinante en la financiación a las AUC”[6].
La JEP también ha investigado esta complicidad criminal. En 2024 Luis Felipe Castillo Santos, exgerente de relaciones públicas de la petrolera francesa Perenco en Colombia, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que los máximos directivos de esa multinacional en el país, a finales de los noventa y principios de los 2000, no solo sabían de la presunta financiación a grupos paramilitares por parte de la compañía, si no que crearon una estrategia para justificar internamente estos pagos.
Castillo dijo además, que directivos de Ecopetrol, el principal socio de Perenco en Casanare, sabían de los dineros que supuestamente le entregaban al grupo ilegal a cambio de seguridad.
La JEP ha recibido en audiencia los testimonios de varios implicados de la empresa anglo-francesa. Recientemente se conocieron más de cuatro horas de grabación realizadas en dos audiencias, en las que Castillo Santos, habló sobre la participación de los directivos en la financiación de paramilitares en Casanare. Castillo mencionó con nombre propio a los franceses Patric du Garó y Arthur de Fautereau, quienes ocuparon la gerencia financiera, la gerencia general y la misma representación legal de la empresa en Colombia entre 1998 y 2008.
“Castillo le dijo a la JEP que dos directivos se reunieron con paramilitares y diseñaron una estrategia para registrar en la contabilidad de la empresa el dinero que presuntamente les entregaban al Bloque Centauros y a las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, un grupo paramilitar al mando de Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, que nació financiada por el narcotráfico en los ochenta y se consolidó en los noventa.
“Cuando yo llego, están Arthur (De Fautereau) y Patrick Garó en la reunión. Nos explican cómo debe ser, cómo se debe sacar (el dinero), a qué cargo contable, como les mostré en la pantalla. Él mismo (Garó), con su puño y letra, escribiendo, direccionando los presupuestos, los valores y cuando deciden (dar el nombre de) ‘el horno’ es comprar una caja fuerte”, dijo el exgerente de relaciones públicas de la compañía, refiriéndose a la presunta estrategia para justificar los pagos internamente en la contabilidad de la empresa”[7].
Las condenas a empresarios de Chiquita Brands y Maderas del Darién (el caso Perenco no es menos significativo) son históricas porque representan un reconocimiento legal y judicial de la complicidad y responsabilidad del sector privado en el financiamiento y apoyo a los grupos paramilitares en Colombia. Estos casos son importantes para las víctimas porque acepta la veracidad de sus denuncias, reconoce su derecho a verdad y se demuestra que los crímenes perpetrados por los paramilitares no fueron solo obra de actores armados, sino que fueron posibles porque contaron con el respaldo y la complicidad de sectores económicos y empresarios del país al más alto nivel.
La condena de algunos de estos empresarios (muchos otros deben estar empacando maletas) muestra que la justicia puede -si quiere- responsabilizar a todos los actores que facilitaron o financiaron el conflicto, lo que representa un paso clave para la reparación, el derecho a verdad y el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas. El mensaje es poderoso y claro: Condenar a empresarios colombianos o extranjeros indica que nadie, por más poder que tenga, está por encima de la ley. La justicia puede y debe alcanzar actores poderosos y decirle a la sociedad que es posible enfrentar la histórica impunidad y promover un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos, donde las víctimas sean el centro del relato y del accionar de los organismos responsables de investigar, juzgar y sancionar.
Estas condenas demuestran que la justicia puede romper con prácticas de complicidad y criminal institucionalizada, promover una cultura de respeto a la vida y de lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
La recientes condenas de miembros de élites antes intocables, significa que si se puede avanzar en la construcción de justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado, y fortalecer de paso, la democracia y el Estado de derecho en el país.
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[1] El Espectador; “Condenan a empresarios que financiaron a los paramilitares de Carlos Castaño en Urabá”. Bogotá 11 de noviembre de 2025. Ver en: https://www.elespectador.com/investigacion/condenan-a-empresarios-de-maderas-del-darien-que-financiaron-a-los-paramilitares-de-carlos-castano-en-uraba/
[2] El Espectador; Op.Cit.
[3] Verdad abierta; “Rito Alejo del Río y el asesinato de Marino López”. & de octubre de 2011. Ver en: https://verdadabierta.com/rito-alejo-del-rio-y-el-asesinato-de-marino-lopez/
[4] Colombia +20; “Madereras ayudaron a paramilitares a despojar tierras en el Urabá y el Darién”. Bogotá, 13 de diciembre de 2022. El Espectador. Ver en: https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/madereras-ayudaron-a-paramilitares-a-despojar-tierras-en-el-uraba-y-el-darien/
[5] Verdad Abierta; “Condena a directivos de Chiquita Brands: entre el riesgo a la prescripción y la oportunidad de verdad”. Bogotá, 30 de julio de 2025. Ver nota completa en: https://verdadabierta.com/condena-a-directivos-de-chiquita-brands-entre-el-riesgo-a-la-prescripcion-y-la-oportunidad-de-verdad/
[6] El Espectador; “Las pistas sobre Perenco: la petrolera que supuestamente apoyó a paramilitares”. Por Santiago Díaz Gamboa. Judicial. Bogotá, 10 de julio de 2025. Ver en: https://www.elespectador.com/judicial/perenco-las-pistas-que-apuntan-a-multinacional-petrolera-por-supuesto-apoyo-a-paramilitares/
[7] Rutas del Conflicto; “Exdirectivos franceses de la petrolera Perenco son señalados de financiar paramilitares”. Con apoyo de La Liga Contra el Silencio. Noviembre de 2025. Ver: https://rutasdelconflicto.com/notas/exdirectivos-franceses-la-petrolera-perenco-son-senalados-financiar-paramilitares
Maureén Maya
Foto tomada de: Verdad Abierta
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