El primer elemento que me hace dudar de la eficacia de las acciones emprendidas por las cabezas visibles de los entes de control y del órgano de investigación, es la confluencia en ellos de intereses clientelistas derivados del origen político de sus nombramientos. A este elemento, connatural al diseño constitucional colombiano y a la cultura política dominante, se suman, para cada uno de los tres, situaciones que pondrían en tela de juicio los alcances de esa estrategia de trabajar juntos y producir resultados contundentes.
Para el caso de Fernando Carrillo[2], Procurador General de la Nación, su aspiración presidencial hace que sus objetivos misionales los aplique con cuidado, para no tocar “callos” de agentes-funcionarios que hacen parte de sectores de poder político y económico que necesitará para llegar a la Casa de Nariño; a lo que se suma, que actuó con “excesiva” diplomacia ante la decisión del Consejo de Estado que ordenó que la investigación contra el congresista del Centro Democrático, Ernesto Macías, por el caso de la famosa “judadita”, la asumiera la Comisión de Ética del Senado. Su actitud terminó debilitando el carácter disciplinante de la Procuraduría, en un caso en el que claramente se violaron los derechos de la Oposición y se impuso una suerte de censura política, a todas luces, inaceptable para una democracia.
Para el caso del Fiscal General, Francisco Barbosa, su amistad con el presidente Duque y su cercanía al “uribismo” lo convierten en un Fiscal poco confiable a la hora de tocar a aquellos funcionarios cercanos al partido de gobierno o a las huestes uribistas, que incurran en actos de corrupción. A lo que hay que sumarle el hecho de haber prescindido de la fiscal Claudia Carrasquilla, figura incuestionable en la lucha contra las bandas criminales, entre estas, la Oficina de Envigado y sus relaciones con políticos profesionales.
Y en lo que respecta al Contralor[3] General de la República, Carlos Felipe Córdoba, el no haber dado continuidad a investigaciones abiertas durante la administración de Sandra Morelli, hacen dudar de su real libertad para cumplir con sus funciones de control fiscal. Por ejemplo, el país no sabe qué pasó con la investigación que en su momento se abrió contra el expresidente Uribe por la inversión de millonarios recursos en un distrito de riego en su hacienda El Ubérrimo, en el marco de la ejecución de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS); de igual forma, no se sabe qué sucedió con la investigación por la apropiación de baldíos que hicieron posible que extendiera los cercos de la señalada hacienda.
Dijo recientemente Fernando Carrillo que “tres gatos cazan mejor que uno”. Y sentenció: “Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias pese a que se pretenda disfrazar, desvirtuar o disimular la comisión de hechos con incidencia disciplinaria. No estamos jugando. El derecho disciplinario es un tema serio y los funcionarios públicos deben saber que no pueden hacer fiesta con el bienestar de la gente”.[4]
Habrá que esperar a las decisiones conjuntas que adopten los tres funcionarios. Mientras ello sucede, no podemos olvidar sus afectos y afiliaciones políticas que, en el contexto de un Régimen político sumido en prácticas corruptas, podrían terminar en investigaciones preliminares, en sanciones menores o en la persecución de aquellos mandatarios locales o regionales no afectos al gobierno nacional.
Eso sí, estos “tres felinos” no podrán actuar tan libremente y con tanta decisión como nos pretenden hacer creer a través del despliegue mediático de su estrategia conjunta de “cazar ratones”, porque no se pueden abstraer de esta realidad: “hay poca transparencia en el manejo de lo público, controles ineficaces, un pobre arreglo institucional, injerencias políticas en la designación de los llamados a ejercer el control… un modelo de Estado centralista y clientelista, falta de independencia y factores de nivelación en órganos regulatorios y de control…”[5]
No podemos olvidar que en el mundo animal hay gatos que no cazan ratones, y otros que solo juegan con estos. No vaya a ser que estos “tres felinos” terminen “jugando” con ratas y ratones, y al final sus investigaciones terminen siendo un ensordecedor canto de sirenas.
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[1] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2020/01/es-posible-luchar-contra-la-corrupcion.html
[2] Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/12/retroceso.html?m=1
[3] Véase: https://www.sur.org.co/el-contralor-controlado/
[4] Véase: https://www.elespectador.com/noticias/politica/es-importante-que-se-sepa-que-tres-gatos-cazan-mas-que-uno-procurador-fernando-carrillo-articulo-916477
[5] Véase: Henao, Juan C y Zárate, Aníbal R. (2018). Corrupción en Colombia. Corrupción, Estado e Instrumentos jurídicos. Universidad Externando de Colombia. Tomo 4. p.40.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: El Colombiano
Los tres mosqueteros, en realidad eran cuatro, falta uno, ¿quien será?. El problema es que las tres instituciones no generan credibilidad, y la democracia se construye a partir de la confianza que generen sus organismos de control.. y esa credibilidad requiere de practicas claras y contundentes, y se pierde en un pequeño acto.