Esta vez los disensos culminaron con una crisis de Gabinete en virtud de la cual fueron relevados tres ministros por decisión presidencial entre los cuales Alejandro Gaviria, ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos durante seis años, quien era el mayor crítico en el Gobierno a la propuesta de reforma a la salud concebida por la ministra Carolina Corcho.
Ante los reparos públicos a su propuesta, el presidente Petro se ha mostrado combativo y convocó a sus bases en defensa de la reforma, pero también ha buscado el camino del entendimiento con los partidos políticos porque sabe que sin su apoyo su plan fracasa en el Congreso.
Petro se ha referido a los puntos de acuerdo entre todas las bancadas que coinciden en la necesidad de reformar el sistema de salud para darle una base territorial, priorizar la atención primaria y promover la prevención sanitaria. Sin embargo, dos puntos son objeto de una polémica no superada: el futuro de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y el costo de la reforma.
En la mente del presidente no está la virtual eliminación de las EPS. Si bien ha sido enfático en reiterar que la salud es un derecho y no un negocio, también ha repetido que seguirá buscando consensos y acuerdos para consolidar la reforma sin excluir la actividad privada siempre y cuando no limite el derecho.
Sin embargo, las declaraciones de Petro no han logrado calmar los ánimos. El Partido Conservador, por ejemplo, que es partido de gobierno, ha sido enfático en afirmar sus reparos al texto de la reforma de la salud y al debilitamiento de las EPS. De otro lado, Cambio Radical ha radicado el contraproyecto liderado por Germán Vargas Lleras el cual consta de 42 artículos, se enfoca en el mantenimiento de las EPS y plantea construir sobre lo construido. Vargas Lleras ha señalado públicamente sus reparos en sus columnas de opinión y ha sido uno de los más grandes críticos del articulado que presentó el Gobierno. La contrarreforma de Vargas Lleras se suma a la ya radicada por el Centro Democrático.
El Gobierno no ha cerrado la puerta a la posibilidad de dejar un espacio a las EPS en su reforma. La resistencia más fuerte proviene, sin embargo, del todavía desconocido costo de la reforma por el impacto fiscal que ella tendría y porque no está claro quien asumiría el papel que cumplen hoy las EPS hacia los pacientes. El temor que despierta tanta inquietud es la posibilidad de un regreso al fracasado modelo del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ISS) así como que el manejo de los dineros de la salud quede en manos de las autoridades locales y territoriales por los continuos casos de corrupción que ventilan los medios de comunicación.
Al margen de lo expuesto, el ambiente en el Congreso no es diáfano porque muchos congresistas de todos los partidos se resisten a que la reforma de la salud se haga mediante una ley ordinaria. De hecho, un juez ya aceptó una tutela interpuesta por un grupo de congresistas que busca que la plenaria de la Cámara de Representantes decida si el trámite es estatutario u ordinario y que se suspenda el mismo hasta que haya una decisión de fondo. Algunos analistas como Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exprocurador consideran que de tramitar la ley como ordinaria, la misma no pasaría una revisión de la Corte Constitucional.
No obstante, y sea lo que sea, mientras se resuelve el trámite judicial, la reforma sigue un curso accidentado. Los ponentes que deben construir el texto que se debatirá en el Congreso ya han sido designados, pero deberán esperar para dar inicio a la discusión formal del proyecto del Gobierno porque tienen la obligación de evaluar las propuestas de los partidos y, además, cumplir con la Ley Quinta que ordena acumular en una ponencia conjunta los diferentes proyectos que se refieren al mismo tema. En consecuencia, es probable que el debate de la reforma no pueda iniciarse sino en el curso de las sesiones ordinarias, que arrancan el 16 de marzo.
Gustavo Petro ha abierto las puertas al diálogo con sus aliados en el Congreso, a la vez que ha enviado un duro mensaje de disciplina y unidad en su Gabinete al definir quién sigue y quién no en el mismo y hasta dónde se permiten las discrepancias. Sus planes, sin embargo, seguirán bailando al ritmo de la política; más aún en un año electoral cuando el poder de muchos congresistas pasa antes por tener un alcalde o un gobernador aliado que un presidente partidario.
Rubén Sánchez David
Foto tomada de: El Colombiano
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