Petro insistió en que actuó bajo la legalidad del DIH, que dichos bombardeos no violan ninguna de sus normas. Además, pidió perdón a las familias de los menores muertos y admitió que fue “una decisión riesgosa”, pero justificable en un escenario de “guerra irregular”. Contradictoriamente, el ministro de defensa, general retirado Pedro Sánchez, declaró que si bien existe “restricción” para bombardear cuando hay menores, “quienes participan en hostilidades pierden su protección”. Es decir, que los militares actuaron convencidos de que los niños “por estar armados” habían perdido la protección del DIH.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, al corroborar las muertes de menores en los bombardeos, señaló que muchos de ellos habían sido “reclutados forzosamente” y pidió suspender los bombardeos hasta verificar la presencia de menores, la UNICEF y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pidieron al Estado que proteja a los menores con más rigor, subrayaron que el reclutamiento infantil es un crimen, y exigieron que Colombia adopte todas las precauciones posibles para proteger a los menores. Defensores de derechos humanos han solicitado investigaciones independientes.
Por su parte, La procuraduría, en su comunicado afirma que el reclutamiento de menores por grupos armados “es un grave crimen internacional, no susceptible de amnistía” y anunció que abrió investigaciones para determinar si los bombardeos violaron el DIH.
Con toda razón los sectores del Pacto Histórico, los movimientos políticos democráticos, de izquierda y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, señalaron que los bombardeos ordenados por Petro son la reedición de los bombardeos ejecutados durante el gobierno del uribista Iván Duque (2018/2022), en los que asesinaron por lo menos 29 niños, niñas y adolescentes, calificados y condenados como “infanticidios sin ninguna justificación” por el entonces senador Gustavo Petro. Las justificaciones esgrimidas en ambos casos solo guardan diferencias en la forma, pero coinciden en el contenido, mientras el ministro de defensa de Duque, Diego Molano, argumentó que aquellos niños habían sido convertidos por las mismas disidencias de “Mordisco” en “máquinas de guerra”, el presidente y su ministro de defensa, en esta oportunidad, argumentaron que por estar armados se convirtieron en objetivo militar legítimo y perdieron el derecho a “la protección del DIH”.
Es de resaltar el oportuno pronunciamiento del precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, en el cual expresó su condena, tanto al bombardeo, como al reclutamiento de menores y reiteró su posición expresada cuando denunció y condenó los bombardeos a campamentos en el gobierno de Iván Duque y manifestó que “Los menores son víctimas del conflicto y los bombardeos que causan muertes infantiles violan el Derecho Internacional Humanitario y el Código Penal”.
Otros precandidatos, como Juan Fernando Cristo, de la derecha y exministro del interior del actual gobierno, apoyó al presidente y declaró que “No apoyaría suspender el uso de capacidad ofensiva del Estado… suspender bombardeos sería un incentivo para que los grupos armados sigan reclutando”; Efraín Cepeda, precandidato conservador uribista, al tiempo que condenó el reclutamiento, consideró los bombardeos como una “respuesta firme del Estado”. Los demás partidos y sectores de la extrema derecha neoliberal, hicieron mutis por el foro; pero, en apoyo tácito a los bombardeos, votaron en contra de la moción de censura, firmada incluso por tres congresistas del PH, contra el ministro de Defensa, Pedro A Sánchez.
Habitantes del Guaviare y sus líderes sociales, han declarado que se sienten traicionados, porque consideran que “Petro defendía antes el rechazo a los bombardeos y ahora justifica bombardeos que afectan a niños reclutados”.
El presidente insiste en argumentar que, pese a la muerte de los menores, no violó el DIH; que el reclutamiento es un problema tan grave que justifica incluso acciones militares “riesgosas”; arguye que su enfoque protege a las tropas y desincentiva el uso de niños por parte de los grupos armados. Además, responsabiliza a Iván Mordisco del reclutamiento infantil, lo define como un criminal de guerra, que será denunciado ante la Corte Penal Internacional. Y, lo que es muy grave, el presidente defiende tercamente los bombardeos y reitera que no los va a suspender, porque “detenerlos incentivará a las disidencias a seguir reclutando menores”, que, para él, “hay un incentivo perverso si el Estado deja de actuar fuerte, que, aunque un menor “siempre es una víctima, puede ser considerado “combatiente”, según el DIH, cuando comete crímenes de guerra. Dijo que no siempre se puede saber con certeza si hay niños en esos campamentos, que como la inteligencia no es perfecta “hay que asumir riesgos en operaciones militares”.
Coincidimos con el presidente, con la oficina de derechos humanos de la ONU, con la defensora del pueblo y con todos los pronunciamientos que condenan el reclutamiento como “un crimen de Guerra” y de “lesa humanidad”; pero, igualmente, consideramos que los bombardeos, sin tomar todas las precauciones posible, incluida la de suspender tales operaciones, para preservar la vida menores criminalmente reclutados, son también un crimen de lesa humanidad, no se justifican argumentos de falta de certezas, o “eran combatientes”. Las muertes de niños, aun estando armados, no pueden ser consideradas como “daños colaterales”, ni deben ser clasificados como criminales. Un principio del DIH consagra que los niños reclutados, incluso armados, deben ser considerados como víctimas.
Los principios que deben respetarse, según lo consagra el DIH, salvo que las investigaciones independientes arrojen lo contrario, no fueron guardados por el Estado con el rigor requerido en la planeación de estos ataques para proteger la vida de los menores, definieron el operativo como un “objetivo militar legítimo”, pero violaron el principio de proporcionalidad, al no calcular los daños probables a los civiles, hubo una ventaja militar directa, amén de que el daño se causó a menores y, “los menores reclutados siguen siendo civiles protegidos, son víctimas, no combatientes” (DIH);
Como no aplicaron el principio de proporcionalidad, el bombardeo, a la luz del DIH, se convirtió un crimen de guerra. La presencia de niños, incluso armados obligaba la suspensión del operativo.
Sin detrimento del apoyo político, con sentido crítico, siempre hemos expresado al presidente Gustavo Petro y su política de reformas democráticas y sociales, la solidaridad con el pueblo palestino y la condena al genocidio que cometen el régimen Nazi – Sionista y su patrocinador, Donald Trump, la lucha contra el cambio climático, la denuncia de los bombardeos a decenas de lanchas, principalmente pesqueras y las ejecuciones extrajudiciales de decenas de pescadores, la defensa de la soberanía de Venezuela, Colombia, Latinoamérica y el Caribe, la ampliación de la redistribución de la tierra en cumplimiento del acuerdo de paz etc., condenamos el asesinato de niños y niñas en los bombardeos ordenados por el señor Presidente, porque los consideramos crímenes de guerra, que deben ser investigados por la justicia colombiana y los organismos internacionales; adherimos a la declaración del precandidato Iván Cepeda y exigimos la suspensión inmediata de los bombardeos en los que, a pesar de que no se tenga certeza, pongan en riesgo la vida de menores, así estén armados.
Lamentablemente el retorno a los bombardeos de los campamentos de los grupos armados son el sello definitivo del fracaso de la política de paz total y la reapertura a la agudización del conflicto y la generalización de las violencias paramilitares y de todo tipo.
Entendemos la digna rabia del señor presidente frente a la feroz campaña sucia de persecución y aniquilamiento moral y político contra él y su familia, desatada por el gobierno gringo, en contubernio con la extrema derecha colombiana, su inclusión en la llamada Lista Clinton y las amenazas de intervención militar en nuestro territorio; acciones que forman parte de dicha campaña, cuyo propósito es apoyar políticamente las campañas electorales de las mafias de la extrema derecha neoliberal, lacaya y proimperialista y que, además, atenta contra la soberanía nacional.
Retornar a los bombardeos es dar aliento a la extrema derecha opositora para reencauchar su trágica política de seguridad Democrática. Paradójicamente, aunque el gobierno incaute 10.000, 20.0000 o más toneladas de Cocaína, tampoco servirán para persuadir al neo fascista presidente yanqui de levantar las injustas e ilegales sanciones a nuestro presidente. Wall Street perdería los billones de dólares que dejaría de percibir. El presidente sabe como nosotros que solo las multitudes en las calles y un masivo respaldo en las urnas podrán detener la ofensiva imperialista y la complicidad de sus lacayos nacionales.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de la ENEP.
Foto tomada de: La Silla Vacía
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