Las consecuencias de la pandemia. Todavía se están sintiendo los efectos perversos del debilitamiento que tuvo la actividad económica durante la pandemia. No se ha logrado retomar la dinámica económica que existía antes de la llegada del Covid. El año paso la actividad económica vivió una especie de “rebote”, y como la caída del producto fue tan significativa, la tasa de recuperación de los meses siguientes fue muy alta.
La diferencia sectorial. Las caídas más significativas se presentaron en construcción y vivienda. Estos sectores fueron los más golpeados. Puesto que su incidencia en el producto final es significativa, las acciones contracíclicas del gobierno se deberían centrar en su recuperación.
La política de vivienda se ha modificado con tres criterios. El primero es diversificar los constructores, de manera que la actividad inmobiliaria no se concentre en unas pocas empresas. El segundo criterio tiene que ver con una mejor asignación de los subsidios a partir de los puntajes del Sisbén. Se busca que las personas beneficiadas con la vivienda realmente sean vulnerables. Se trata, entonces, de corregir los errores de inclusión que se han presentado anteriormente. Los programas de focalización en el caso de la vivienda no necesariamente implican a los más pobres. Es una selección de beneficiarios para la vivienda no se puede proceder de la misma manera que en otros sectores, ya que los beneficiarios deben tener una mínima capacidad de pago, que les permita responder a los compromisos crediticios Y, el tercer criterio es el estímulo a la vivienda rural. Este propósito es loable pero más costoso porque reduce los rendimientos a escala.
Altas tasas de interés. El Banco de la República ha insistido en mantener elevada la tasa de interés de referencia. Es del 13,25% año. Para el banco central este enfriamiento de la economía se justifica porque contribuye a la reducción de la inflación. Esta lógica es perversa porque las restricciones a la actividad económica no se han reflejado en una disminución significativa de la inflación.
Fragilidad estructural de la economía. La fragilidad estructural de la economía viene de tiempo atrás. Entre 2010 y 2015 tuvimos las bonanzas de los hidrocarburos y de los minerales que no se aprovecharon bien. El país sufrió todos los síntomas perversos de la enfermedad holandesa. La abundancia de dólares se reflejó en una revaluación del peso (menor valor del dólar), y en un crecimiento significativo de las importaciones. En este proceso, la industria y la agricultura no pudieron competir con los productos importados, y en el caso del sector agropecuario el daño fue significativo. Durante la bonanza pasamos de importar, cada año, 2 millones de toneladas de alimentos básicos a 15 millones. Este mal estructural no se corrije de un momento a otro, y por esta razón la recuperación de la dinámica del PIB toma tiempo. El plan de desarrollo reconoce esta realidad, y ello explica que las proyecciones de crecimiento sean prudentes.
La ineficiencia del gasto. El gasto público es muy inflexible. Aunque el promedio de ejecución de la inversión durante el primer año de la administración Petro es ligeramente superior al de otros gobiernos, durante el 2023 se dejarán de gastar unos 20 billones de pesos. La menor inversión pública tiene incidencias negativas en la actividad económica, ya que por cada peso que el sector público invierte en formación de capital, se potencian 4 pesos de inversión privada.
Las restricciones fiscales. Entre el 2023 y el 2024 el servicio de la deuda aumentó 20 billones de pesos. Durante el 2024 es necesario cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno anterior. El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) es consecuencia de la decisión que tomó el gobierno anterior, de no aumentar los precios de los combustibles, con el fin de proteger la capacidad de pago de los hogares. Esta medida, que es comprensible en medio de la pandemia, tiene enormes costos fiscales y políticos, que ha debido asumir la administración Petro. En el presupuesto del 2024 se incluyeron 20 billones para responder por este déficit.
Durante la pandemia se tomó la decisión de no aumentar las tarifas de los servicios públicos, y de subsidiar a los hogares con cargo a las empresas. El costo de estas medidas es cercano a los$6 billones. De nuevo, el gobierno Petro tiene que corregir el desbalance. Las comercializadoras reclaman, con razón, que se les transfieran los recursos que se les deben.
En síntesis, el desequilibrio estructural es significativo. Al sumar el mayor servicio de la deuda (20 billones), el déficit del Fepc (20 billones), y el desbalance de la opción tarifaria (6 billones), el faltante total es de $46 billones. Es una cifra considerable si se compara con los recursos que se obtendrán de la reforma tributaria que se aprobó a comienzos del 2023, estimados en $20 billones.
Recordando a la Cepal. En el mediano plazo, para recuperar la situación actual se debe buscar: i) estimular la inversión pública y dinamizar la actividad privada, ii) consolidar el mercado interno, iii) fortalecer la agenda regional, iv) sustituir importaciones y fortalecer los procesos exportadores.
Estos propósitos no son nuevos. Alimentaron las políticas económicas de los países latinoamericanos durante los años del auge cepalino. Tales recomendaciones continúan siendo válidas.
Los problemas que originaron la caída del producto no se resuelven de manera inmediata. En el mediano plazo habría que retomar las recomendaciones de la Cepal, que hoy tienen actualidad.
Desde la campaña a la presidencia, Petro ha insistido en la relevancia del Estado y de la inversión pública. En el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida se reconocen las bondades de la acción del Estado, tanto en el mejoramiento de las condiciones sociales de los hogares, como en el impulso de la actividad económica.
Jorge Iván González
Foto tomada de: Valora Analitik
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