Toda acción militar debe llevarse a cabo teniendo en cuenta protocolos previos de investigación e inteligencia, que aseguren las condiciones para realizarla sin que constituyan violación a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario.
Si había niños (as) en el blanco del ataque el operativo no debió llevarse a cabo y no vale decir que no se sabía de su presencia en el mismo, pues de eso se trata el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. Es imperativo el acogimiento a los principios humanitarios y a lo que prescriben las normas nacionales e internacionales, máxime en un Gobierno que se debe a una propuesta diferente de encarar el conflicto en Colombia.
El Estado colombiano es firmante y ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño de 1989, así como el Protocolo Facultativo de la Convención del año 2000, relativo a la participación de los niños en conflictos armados, y está obligado a cumplirlo.
Lo que dispone la Convención y el protocolo facultativo está precedido por lo estipulado en el IV Convenio de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, del cual los niños y niñas son beneficiarios (as). Asimismo, el Protocolo II adicional de 1977, cuya finalidad es impedir que los niños y niñas participen en los conflictos armados y los consideren sujetos de protección especial, aun si estuvieran participando directamente en las hostilidades.
Es claro así que ningún gobierno y en ninguna circunstancia se puede pasar por alto que la guerra tiene límites y que, como ya se anotó, existen personas de especial protección, como en este caso eran los (as) niños (as).
No se desconoce que el presidente está presionado por quienes desde la oposición le exigen resultados; los mismos que hoy condenan hechos que, como este -ciertamente lamentable y condenable-, antes aplaudían. Pero no puede caer en la trampa de dejarse llevar a una confrontación ciega en la que, como en la mayoría de las veces, personas inocentes terminan siendo víctimas.
Es preferible hacer oídos sordos a quienes, hipócritamente, siguen reivindicando los hechos de guerra, que solo cuestionan cuando les sirven para deslegitimar al Gobierno y sumar a sus pretensiones políticas.
La búsqueda de soluciones negociadas es algo en lo que se debe insistir y mantener en prioridad, sin que ello implique bajar la guardia y renunciar al uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, sobre todo cuando se trata de enfrentar a quienes, argumentando causas nobles, no son más que expresiones delincuenciales y artífices de una guerra cada vez más degradada.
En cualquier caso, debemos guardar la coherencia y no permitir que el cumplimiento de los derechos quede subordinado a quienes, desde una u otra orilla, se esfuerzan por alcanzar sus realizaciones a costa de que el país se mantenga anegado en la violencia.
Orlando Ortiz Medina
Foto tomada de: El País Cali
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