El Gobierno de Gustavo Petro se propuso garantizar el derecho a la paz en las ciudades, a través del diálogo y salidas no violentas a las conflictividades, sin menoscabo del ejercicio de la autoridad legítima, pero concibiendo la seguridad y la paz como las dos caras de la misma moneda. Se busca abordar las violencias urbanas desde un enfoque de paz territorial, mediante la construcción de una cultura de paz con epicentro en lo urbano y el dialogo permanente con las comunidades y la sociedad civil, en general. Se parte del reconocimiento de la Paz Urbana como una apuesta por garantizar los derechos de las víctimas citadinas a ser reconocidas, identificadas y valoradas, con posibilidad de acceso a la verdad, a la memoria, a la reparación colectiva con enfoque territorial y a la no repetición.
De igual manera, la política de paz urbana se cimienta en el Derecho a habitar la Ciudad, que prioriza el derecho a la vida, a la libre movilidad, a la seguridad, entre otros. Para ello, en el caso de Medellín y los nueve municipios vecinos en la subregión denominada el Valle de Aburrá, se hace necesario un dialogo con las Estructuras Armadas Ilegales Organizadas que se han logrado consolidar durante décadas, ejerciendo capacidad de generar violencias y ejercer controles desde la ilegalidad de tipo territorial, social, económico, cultural, institucional y político, mientras el Estado, en todos los niveles, ha sido incapaz de su sometimiento y desarticulación. Siempre las mismas formulas -más policías, más recompensas, más cámaras de vigilancia, más vehículos, más radios, más penas- para obtener muy precarios resultados. Se trata de la consolidación de una gobernanza criminal que se entrecruza con la gobernanza institucional, cuyas fronteras parecen no existir. Es el golpe de realidad que perciben los pobladores de estos territorios, vuelto una costumbre por su normalización.
El Espacio de Conversación Socio Jurídico, ECSJ, como se denomina la mesa donde se sienta la delegación del gobierno nacional y los voceros de las estructuras armadas ilegales, inició labores en junio de 2023 con tres objetivos estratégicos: des escalamiento de las violencias urbanas, territorialización de la paz y desarticulación de las estructuras armadas ilegales.
Hoy la paz urbana del gobierno nacional ha demostrado sus bondades mediante la reducción significativa de los homicidios al lograr en 2024 la tasa más baja en los últimos 50 años en la ciudad, la reducción del desplazamiento forzado intraurbano, de los secuestros, de las desapariciones y de la desaparición total del flagelo de las fronteras invisibles. En este año 2025 hubo un pequeño bajón en la tendencia de reducción de los homicidios reflejo de dos situaciones: la presión negativa ejercida contra el ECSJ desde la administración distrital de Federico Gutiérrez quien no ha cejado en su intención de criminalizar el proceso mediante la persecución jurídica y mediática, no exenta de la recurrencia a los falsos positivos judiciales, a los voceros de las estructuras y sus familias; a la delegación del gobierno, en particular a su coordinadora, la senadora Isabel Cristina Zuleta; y a los lideres y organizaciones sociales que apoyan la paz urbana con estigmatizaciones de todo tipo, hasta el punto de tener que recurrir a la Defensoría del Pueblo buscando algo de protección.
La otra circunstancia que ha hecho mella en el comportamiento de las cifras de homicidios, es la presencia del crimen multinacional en el territorio con todo lo que ello implica en cuanto a disputas y confrontaciones que degeneran en violencia. Aún así, este 2025 va a ser uno de los mejores años de Medellín en cuanto a las cifras y tasa de asesinatos muy por debajo del promedio nacional y de todas las grandes ciudades capitales del país. Con una particularidad significativa: hoy en Medellín hay más muertes por violencia intrafamiliar y riñas, que por el accionar de la delincuencia organizada. La Alcaldía Distrital fracasa en su obligación constitucional de garantizar la convivencia en la ciudad.
La paz en Colombia es una obligación del Estado y un derecho irrenunciable de los ciudadanos. Ha habido una oportunidad que no podemos dilapidar en lo que resta del gobierno Petro, para darle sostenibilidad o irreversibilidad al proceso de paz urbana , dada su voluntad, a pesar del enmochilamiento en el Congreso del proyecto de ley para posibilitar el sometimiento de las estructuras; la disposición de los voceros de las estructuras armadas ilegales de continuar adelante a pesar de las contingencias y dificultades por la hostilidad del entorno; y de un significativo movimiento social organizado que tiene una hoja de ruta construida y una agenda social para la paz local y regional, lo cual tendrá una marcada connotación política en la campaña electoral del 2026 en la región.
El activo más importante del ejercicio realizado en Medellín y el Valle de Aburrá durante estos 30 meses, es el de haber posicionado el dialogo como la opción para superar las conflictividades urbanas cargadas de violencia, sin desmedro del ejercicio legítimo de la autoridad, cuando realmente es legítima. Los resultados medidos en cifras están sobre la mesa.
El debate en la ciudad sobre la pertinencia de buscar la paz urbana se volvió permanente, cotidiano, con actores de la extrema derecha y actores de la extrema izquierda que coinciden en descalificarla. Los unos porque requieren recurrir al miedo y la violencia en aras de generar dividendos electorales y los otros porque el dogmatismo no los deja avanzar pues “primero hay que cambiar las estructuras sociales y económicas de la sociedad”, presos de la eterna discusión sobre la paz ideal, soñada y la paz posible, real, con un fundamentalismo inmovilizador. Acá vale la pena traer a la recién laureada periodista Yolanda Ruiz “La paz sí, pero no así, dijeron muchos. No se conoció entonces cual habría sido la fórmula de la “paz sí, pero así” que permitiera desmovilizar efectivamente a miles que hacían la guerra. Los acuerdos de paz son siempre imperfectos; las guerras, por el contrario, son siempre perfectas en su crueldad, en su objetivo: matar al otro no importa cómo”.
Jorge Mejía Martínez
Foto tomada de: Pluralidad Z en X
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