El que así suceda depende ahora, al tener entre sus manos la propuesta, de la visión democrática que tengan las y los congresistas para tener la talla y disposición de liderar el más amplio diálogo nacional que se haya alcanzado en torno de uno de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro país. Sí, el Congreso no sólo puede; debería convocar ampliamente a diálogos de Nación sobre los más importantes asuntos: no por otra razón es la instancia plural estatal de participación política más relevante en nuestra estructura institucional.
Lo fácil es que no lo hagan así, y se limiten, por el formalismo con el que regularmente se legisla en Colombia a realizar, cada quien con sus cada cual, unas cuantas audiencias para ganar respaldo y conseguir incluir algunos artículos de sus intereses particulares, el retiro de algunos, o giros en algunas expresiones en la propuesta gubernamental, pero eso no es lo que el país desea. No se quiere un largo listado de artículos que le den gusto a todos, que tampoco es que se vaya a conseguir.
Lo que se espera es lo difícil, lo que no se ha querido hacer en décadas, lo que el nuevo gobierno nacional se atrevió a proponer, que es estatuir, con unas nociones precisas, unos fines consensuados y unas obligaciones irrenunciables a cargo de los responsables de garantizar, en perspectiva de futuro deseable y a largo plazo, el servicio público con el que se materialice el derecho, como son el Estado, las familias y las organizaciones de la sociedad que asuman responsabilidades como oferentes de esta labor. No se requiere más; que las particularidades y detalles vayan en leyes ordinarias y normas reglamentarias por los diferentes niveles, modalidades o instancias del servicio educativo.
“¿De qué depende? De según como se mire, todo depende”[1]. Se vale aspirar
Se parte de que la formulación de la ley estatutaria hará su tránsito en el Congreso; que hay un consenso en que su estudio se aborde reconociendo tensiones naturales, y que lo quede en ella depende de quienes intervengan en su formulación: unos por la garantía plena al derecho en los términos de la Constitución y las declaraciones de derechos humanos y de los tratados internacionales; otros, por el mantenimiento de un modelo neoliberal que soporta el actual estado de cosas; y otros, por la ambivalencia que justifica el actual estado de cosas y “advierte” el caos si se intenta superarlo con un modelo diferente.
Es la primera oportunidad para la transformación estructural de la educación en este siglo; la anterior fue hace 30 años, una vez promulgada la Constitución del 91, cuando se inició un proceso de movilización ciudadana que aspiró a que resultara una Ley estatutaria como producto de una constituyente educativa, pero que, por acuerdo entre FECODE y el gobierno, se optó por una ley ordinaria (la 115 de 1994) para organizar el aparato escolar, y “se desaprovechó una oportunidad histórica y una coyuntura política y social favorable para que el Congreso hubiera cumplido con el mandato constitucional de expedir la ley estatutaria del derecho a la educación, tarea que 20 años después continúa pendiente”, escribió en 2015 el Maestro de maestros Abel Rodríguez Céspedes[2].
Aunque él mismo reconociera siempre a la 115 como “la primera ley de educación expedida con la intervención de los educadores”, “como la conquista más significativa del magisterio en materia educativa”[3], y junto con la mayoría de docentes y académicos de la educación, la valorara como una conquista por defender, para el maestro Abel no se superó el sinsabor de haber tenido la oportunidad de formular la Ley Estatutaria en una asamblea nacional educativa constituyente y que se hubiese desperdiciado.
Mi última conversación con él, días antes de que el Covid-19 se lo llevara hace más de 3 años, estuvo teñida por el surrealismo del confinamiento y cierta desilusión, compartida conmigo, respecto de una estatutaria no formulada, de 3 planes decenales ignorados y de 2 comisiones de sabios burladas, todo esto por la misma actitud, o inacción, de amigos y colegas en gobiernos, congresos y en agrupaciones políticas y sindicales de quienes se esperaba más.
El actual Congreso de la República, en particular la bancada de Gobierno y las y los aliados con los que se coincida en la necesidad de dotar a la educación de una ley estatutaria progresista en clave de derecho humano fundamental, tiene el desafío de convocar al país durante los próximos meses yendo más allá de las tradicionales audiencias y foros limitados a sus cercanos; el reto está en “arriesgarse” a liderar el debate sobre educación en todos los municipios, con todos las organizaciones e instituciones del sector estatales y privadas.
El Congreso puede, desde una gran Asamblea o una gran Cumbre nacional, promover, si no una “constituyente educativa”, sí una “estatuyente”, en términos políticos y de legitimidad que desarrolle la Constitución en lo que tiene que ver con el derecho a la educación.
Ocasión de maravilla para legitimarse en sus territorios actuando por los millones de menores que no tienen la posibilidad de la educación inicial completa, incluyendo los grados de prejardín y jardín, que son derecho constitucionalmente reconocido; por los millones de jóvenes y adultos que sufren analfabetismos y las consecuencias de haber sido expulsados o ignorados en la educación básica; por los millones a quienes se les ha negado la oportunidad de completar sus trayectorias educativas en postsecundaria y educación superior, para estar en condiciones, y con las facultades, para garantizar sus derechos en la producción, la participación, la alimentación, las condiciones de existencia y la misma vida digna.
Hay mucho por hacer, pero también muchas posibilidades de avanzar en el reconocimiento y garantía de derechos.
Con seguridad, si el Congreso en pleno convoca al país una vez pasadas las elecciones regionales de este mes, no estará solo en esa tarea: al Estado en sus ámbitos nacional y territoriales, los sindicatos, las plataformas estudiantiles y juveniles, las juntas comunales, las instituciones educativas estatales y privadas, las academias y centros de investigación, y a las movilizaciones y organizaciones sociales les interesa la garantía plena del derecho a la educación.
No sobra recordar que, en su campaña, el hoy Presidente Petro acogió como soporte programático el documento “Agenda de Transición Democrática: otra Colombia es posible” que en su capítulo sobre educación precisamente se propone “un pacto nacional de convergencia por el derecho a la educación”[4] como resultado de una Asamblea Constituyente Educativa Nacional que acogiese como sus dos primeras estrategias la formulación de la ley estatutaria y la conformación del sistema nacional de educación con instituciones escolares y de apoyo estatales, privadas y comunitarias. En esa línea, el programa de gobierno propuesto incluyó como dos acciones esenciales el asegurar la participación efectiva de las comunidades y la articulación del sistema educativo.
Desde el mismo proceso de empalme, se le recomendó a quien fuera el ministro de Educación en el inicio del Gobierno, Alejandro Gaviria, que en los primeros 100 días convocara a ese gran diálogo nacional para transformar la educación en los términos contemplados en el programa, pero prefirió no hacerlo. Solo hasta la llegada de su reemplazo, la profesora Aurora Vergara, ya en el presente año, el Ministerio abrió espacios de conversación y concertación con todos los actores interesados, tanto en la formulación de la ley estatutaria del derecho como de las reformas en la educación superior.
“¿De qué depende? De según como se mire, todo depende”[5]. Se vale estatuir
Pero bien, estamos 30 años después, y por fin con un gobierno y una importante bancada en el Congreso que ofrecen expectativas porque en la educación se trascienda la perspectiva neoliberal y se opte por los postulados de la Declaración de los derechos humanos, el Pacto Internacional por los derechos económicos, sociales y culturales y la Constitución política de nuestro país, que indica a Colombia como Estado social de derecho, y por ende, obligado a garantizar los derechos, la búsqueda de la equidad y el reconocimiento de la diversidad, esto soportado en las nociones de dignidad, de solidaridad y de trabajo.
Es probable que hoy haya condiciones para que el Congreso invite al Ministerio, a las instituciones, academias, asociaciones, agremiaciones, sindicatos, plataformas y organizaciones sociales a un gran diálogo en el que se precise, como un acuerdo de país, el articulado de la estatutaria, lo mismo que los insumos para las normas reglamentarias que la desarrollen, incluyendo la reforma a la educación superior.
En conclusión, es una nueva oportunidad para estar a la altura de las demandas de la época y para cumplir la Constitución, que en su artículo 2 indica que uno de los fines del Estado (incluye todas las ramas del poder público) es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”.
Hecha la sugerencia al Congreso, es extendida a las entidades del Estado, a las movilizaciones de académicos, docentes, estudiantes y familias, a las juntas comunales y colectivos poblacionales que saben cómo va la educación en sus territorios, a los sindicatos, a las colectividades políticas de todo nivel y orden, para que se pongan en contacto con sus congresistas y ofrecerles acompañarlos, esto porque el servicio público para materializar el derecho a la educación no se ha reglamentado, proyectado y financiado lo suficiente, no solo por decisión de los gobiernos, sino también por inacción de quienes hemos debido ser más activos y efectivos en reclamarlo y buscarlo; que pasemos de ser actores pasivos a estatuyentes de la nueva educación en Colombia.
Cierre. Honorable Constituyente del 91, honorable Maestro Abel: como sus discípulos, esperamos que desde la eternidad siga acompañándonos y siendo crítico para que lo que tenga que ser, que Sea, y que lo consigamos con la claridad, templanza y solidaridad que nos enseñó día a día, principalmente por ese “no se olviden de mis niñas y mis niños” que nos dejó como criterio y tarea.
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[1] Canción “Depende” de Jarabe de Palo, grupo musical español.
[2] Véase Abel Rodríguez Céspedes, “20 años de la Ley General de Educación. Resultados y posibilidades” Editorial Magisterio, Bogotá, 2015, pág. 78.
[3] Ídem. Pág. 24.
[4] Agenda de Transición Democrática: otra Colombia es posible. Capítulo 5: Pacto nacional de convergencia por el derecho a la educación, por Fernando A. Rincón Trujillo. Corporación Latinoamericana Sur – Fundación Heinrich Böll, Bogotá, 2022.
[5] Canción “Depende” de Jarabe de Palo, grupo musical español.
Fernando A. Rincón Trujillo, Fernando Antonio Rincón Trujillo. Actualmente Asesor del Despacho de la Ministra de Educación de Colombia. El texto compromete solo al autor, no a colectivo ni a entidad alguna.
Foto tomada de: Ministerio de Educación Nacional
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