Engaño contra la competencia democrática
La financiación hecha por entidades privadas, sin que de ello se informe a la entidad competente, atenta obviamente contra la transparencia y contra los equilibrios obligatorios en la carrera que se realiza entre los candidatos por conquistar el poder. Rompe con dos principios que rigen lo público: el principio de la publicidad en las decisiones en las que los ciudadanos participan; y el de la equidad en los recursos que se emplean por parte de las opciones partidistas, en esa competencia por ganarse los votos, mecanismo crucial para hacer funcionar la democracia.
Cuatrocientos mil dólares, invertidos en la propaganda mural, pueden representar un desequilibrio real. Claro está que, como lo reconoce, con razón, Antanas Mockus, aun sin esos dos millones de afiches, Santos hubiera ganado. No importa: simbólicamente, representaban la violación de las reglas, con lo que se desvirtuaba el sentido moral de la competencia justa.
¿Deslegitimación y gobernabilidad fragilizada?
Desvirtuamiento político y moral: ese es el punto, aunque el hoy presidente y entonces candidato, fuere ajeno a la felonía, reconocida ciertamente por Roberto Prieto, su gerente financiero, como una mera irregularidad. Es más, el problema ético subsiste aunque la acción sancionatoria contra la infracción haya caducado. La operación deliberada de trasgredir las normas sobre financiación destruye, sobre todo, la confianza dentro de una disputa en la que, con intervención de los ciudadanos se define la constitución de la más importante autoridad política. Quebrar esa confianza en las reglas de la democracia, por efecto de una violación a los controles y límites de la financiación electoral entraña, así sea parcialmente, la des-legitimación, la in-moralización y la i-legalización de la vida política.
De estos ejercicios propios del “todo vale”, que fueron puestos en marcha por los responsables financieros y administrativos de la campaña en 2010, de estas prácticas morbosamente casadas con la trampa, saldrá damnificada la figura del presidente. Es un efecto que puede estrechar peligrosamente los márgenes de su gobernabilidad, cuando aún faltan 16 meses para el fin de su mandato y cuando tiene que mantener firmes las riendas de una economía, cuyo crecimiento no alcanza al 3%, según las previsiones para el 2017.
Los riesgos de deserción en la coalición gobernante
Juan Manuel Santos se ha mantenido, casi siempre, peleado con las encuestas, un fenómeno paradójico, en momentos en que ha culminado un arduo pero fructífero proceso de paz con las Farc. No siendo su fuerte la opinión, en cambio, se ha mostrado, invariablemente, como el efectivo director de orquesta, siempre que se trate de manejar una coalición gobernante, ampliamente mayoritaria. No ha dejado perder el control sobre una sumatoria de partidos, que ha garantizado la gobernabilidad para preservar los difíciles equilibrios en las acciones para materializar los acuerdos de paz, su bandera principal de gobierno.
Con el escándalo de los afiches de Odebrecht –esa viveza de los 400 mil dólares regalados interesadamente por un contratista del Estado- el presidente queda expuesto a una erosión mayor de la confianza popular, lo que ya es problemático. Sin embargo, lo más complicado puede surgir de las posibles deserciones en el bloque de partidos que le sirve de apoyo.
El desplazamiento de los conservadores hacia el planeta-Uribe es la carta en juego dentro del tira y afloje, que puede darse en el escenario de un Santos debilitado, algo que solo podría ser contrarrestado por la fuerza de atracción que provoquen candidaturas como la de Vargas Lleras o la de Humberto de la Calle, ambas competidoras entre sí, pero las dos, ubicadas en el mismo trayecto político del santismo; al menos, por ahora.
El horizonte de gobernabilidad de Santos está definido, respecto de sus metas, por el cumplimiento de los acuerdos con las Farc; y respecto de la plataforma de sus apoyos, por los humores de la opinión y por el ánimo de unos partidos, muy pronto ellos en trance de seleccionar candidatos y de tantear alianzas ganadoras para el 2018.
Perdiendo opinión y reteniendo aliados
Perdido el respaldo de la opinión, surge el interrogante de si ella migrará hacia una oposición uribista que, extraña a todo recato, pretenderá erigirse en adalid contra la corrupción, sin ahorrar por otra parte esfuerzos para alejar al conservatismo parlamentario de la coalición santista. Con un uribismo interesado en ocupar todo el espectro de los desanimados o inconformes con la paz, con Santos y con la corrupción, el presidente tendrá que hacer esfuerzos para mantener la coalición mayoritaria, sin descuidarse en dejar en limpio su nombre frente a los escándalos; propósito éste que hará necesaria una verdadera operación de “reconocimiento de la verdad”, por parte de su campaña, operación que debe ser convincente, al menos para los partidos de la coalición.
De lo contrario, verá cómo se le debilita el respaldo parlamentario respecto de las muchas iniciativas pendientes aún de aprobación; esas que haciendo parte de la agenda de la paz, aun hacen cola para convertirse en proyectos formales, mientras el tiempo se agota para la vigencia del Fast Track. Que esto pueda ocurrir, que las deserciones o la resistencia pasiva entre los parlamentarios que hoy apoyan al gobierno puedan envolatar la agenda restante de los acuerdos, es algo que ya no sería solo desafortunado para la gobernabilidad de Santos, sino para la propia democracia en el país.
Ricardo García Duarte: Ex rector Universidad Distrital