La “Corte Electoral”, el máximo organismo electoral de la época, integrada paritariamente por liberales y conservadores, organizaba, dirigía, vigilaba, controlaba, realizaba las elecciones, efectuaba los escrutinios y consolidaba los resultados; los jurados de votación y las comisiones escrutadoras municipales, departamentales y nacionales, también eran paritarios; nunca hubo árbitro electoral independiente, solo se controlaban entre ellos. El sistema electoral era totalmente politizado; no se permitía la participación de fuerzas políticas diferentes a los partidos liberal y conservador. Era el monopolio del poder oligárquico, antidemocrático y fraudulento.
Cuando surgieron liderazgos políticos que pusieron en riesgo el monopolio político electoral del régimen bipartidista recurrieron al fraude; tal como sucedió con el famoso chocorazo a manos del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo que le robó las elecciones al exdictador, exgeneral Gustavo Rojas Pinilla y a su recién fundado partido de la ANAPO, en 1970. El disidente liberal, Luis Carlos Galán, que se perfilaba como ganador de las elecciones presidenciales de 1990, lo asesinaron en 1989; los candidatos alternativos, Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990) fueron asesinados y su partido la Unión Patriótica fue víctima del genocidio político y, Carlos Pizarro, comandante del movimiento guerrillero M19 que había firmado la Paz y se había incorporado a la vida civil y al ejercicio político democrático, con su movimiento Alianza Democrática M19, fue asesinado en 1990.
La Asamblea Constituyente de 1991 creó un nuevo sistema electoral, conformado por el Consejo Nacional Electoral de nueve (9) Magistrados; el cual, supuestamente regula, controla y vigila las elecciones, y la Registraduría Nacional, que, aparentemente, se encarga de organizar técnicamente la realización de elecciones. El sistema es, figuradamente, independiente del poder político. Los magistrados del CNE son elegidos por el Congreso de la República, mediante el sistema de cifra repartidora; el cual permite que los partidos y movimientos de la derecha y la extrema derecha se coaliguen para elegir la mayor cantidad de magistrados; permitiéndoles de esta manera, ejercer el control político de dicho consejo para ponerlo al servicio de sus particulares intereses y los de sus financiadores. El nuevo CNE resultó tanto o más politizado que la anterior Corte Electoral, porque los parlamentarios que los eligen colocan a sus fichas políticas como magistrados del mismo, quienes no pueden actuar con la independencia requerida a la hora de vigilar y garantizar transparencia en los eventos electorales, porque sus cargos quedan subordinados a los políticos que los eligieron; es decir, los que participan como candidatos, se eligen y se reeligen en cargos de elección popular. Fue una reforma típica del gatopardismo, se hizo el cambio para que todo siguiera igual. Los magistrados del CNE actúan como testaferros de los tahúres que participan en el juego político electoral.
El fraude electoral, que no es la simple alteración de los famosos formularios E14 en los que se consignan los datos del llamado “pre – conteo” de los votos, en favor de mafias y políticos corruptos al momento del escrutinio de los mismos; se trata de complejos entramados, que operan como aceitadas maquinarias electorales integradas por gamonales y capitanes políticos, al servicio de los llamados clanes mafiosos regionales, (Los Char; los Gerlein, Los Gnecco, los Ñoños, Los Aguilar, etc.) encargados de desplegar, ejercer y controlar la práctica fraudulenta del clientelismo político, que consiste en el intercambio de votos por cargos públicos, y el recaudo de coimas que cobran por adjudicar contratos de obras y servicios públicos, para atesorar parte del capital requerido para la compra de votos en las elecciones siguientes; son igualmente encargados de controlar y verificar que quienes les vendan el voto lo depositen en las urnas; previamente, las mafias han pagado millonarias sumas a registradores regionales para que les entreguen miles de tarjetones marcados; los cuales, son repartidos a los sufragantes que vendieron su voto, antes de ingresar a los puestos de votación, quienes, junto al tarjetón marcado, reciben el 50% del pago pago pactado; el 50% restante, lo reciben después que los capitanes certifican que el voto ha sido depositado. Esta es la práctica de fraude más conocida, que, según el exsenador Roberto Gerlein (QEPD) “se inició en Barranquilla, se extendió a toda la Costa Atlántica y luego a todo el país”. Se trata de una práctica tipificada como delito; pero, tolerada y admitida como normal; nunca investigada y menos castigada judicialmente.
Otras prácticas fraudulentas consisten en identificar los números de la cédula de ciudadanos y ciudadanas que han fallecido o que siempre se abstienen de votar, las inscriben, con la complicidad de funcionarios de las registradurías y, luego los suplantan el día de las elecciones; por esta razón, a los corruptos les interesa que la abstención se mantenga por encima del 50%. Otra modalidad de fraude es la trashumancia electoral, que consiste en trasladar camionadas de votantes a municipios clave, en donde inscriben irregularmente las cédulas y alteran los resultados electorales.
La práctica fraudulenta más cruel y criminal ha sido el constreñimiento armado del voto, ejercido por las bandas paramilitares, sobre poblaciones enteras, en muchas regiones del país, amenazadas de muerte y obligadas a votar en dos oportunidades, por Álvaro Uribe Vélez, “El Matarife”, y por sus cómplices, que representaron el 35% del Congreso, incursos en la parapolítica; hechos corroborados por el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, en sus declaraciones ante la JEP.
Igualmente. el país constató que otra particularidad de fraude consiste en los aportes millonarios de los capos del narcotráfico a las campañas electorales para la compra de votos en favor de sus aliados candidatos y candidatas a las corporaciones, a la presidencia y demás cargos de elección popular; el caso más sonado ha sido la elección del señor Iván Duque M, alias “El Títere”, quien, según circuló en los medios políticos, se hizo elegir mediante compra de votos con dineros presuntamente aportados por el narcotraficante alias “El Ñeñe” Hernández (QEPD). Semejante ha sido la participación de las corporaciones empresariales privadas, nacionales y extranjeras, por ejemplo, las EPS, en la financiación de las campañas electorales de candidatos que protegen sus privilegios, en el pago de impuestos, en las grandes contrataciones, etc., recuérdese el caso emblemático de Odebrecht que aportó millonadas a las campañas de Juan Manuel Santos y del uribista Iván Zuluaga en 2016.
Tanto en las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2022, como en las parlamentarias del pasado 8 de marzo, se evidenciaron prácticas fraudulentas posteriores al cierre de las mesas electorales, mediante la alteración de los datos consignados en los formularios E14, la destrucción de votos, introducción de votos falsos, las llamadas “urnas embarazadas”, tachones y alteración de las cantidades de votos por las listas, etc. En ambas ocasiones se intentó el fraude contra Pacto Histórico; pero, gracias a los operativos de los y las dirigentes y testigos electorales del PH, se conjuró el fraude y, además se recuperaron cuatro curules al senado en 2022, cuatro curules a la cámara y dos curules al senado en 2026.
Sea esta, apenas una muestra de las mil caras del fraude que ha sido la práctica ininterrumpida de las mafias que controlan el poder económico y político en nuestro país. En buena hora se ha destapado escándalo del mega fraude que se venía fraguando desde la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, alias “el destripador y mata gatos”; como consecuencia de una orden emitida por un juez y confirmada por la Dirección Nacional de Inteligencia, no del presidente Gustavo Petro como han difundido los medios corporativos, se escucharon conversaciones telefónicas, en las que los hermanos Bautista, socios mayoritarios de la empresa Thomas Greg & Sons, registrada en México, propusieron al candidato que ellos lo ponían a ganar la presidencia, siempre y cuando les devolviera el contrato de los pasaportes que les suspendió el presidente Petro a su empresa. Se supone que al ser propietarios del software y el código fuente, con el que controlan el conteo de los votos, disponen de la tecnología para alterar los resultados electorales. Todo indica que se estaba fraguando un mega fraude en las elecciones del próximo 31 de mayo. El pueblo debe exigir claridad, sobre por qué una labor tan delicada, ha sido entregada desde 2007, mediante contrato de más de $2 billones, a un par de bandidos que habían sido declarados convictos por la justicia estadounidense por un robo de más de USD$105 millones de dólares a 25 entidades bancarias. El escandalo pone en duda la legitimidad de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque que contaron con los servicios de este par de delincuentes.
El Consejo Nacional Electoral, de comprobarse esta criminal operación, debería cancelar inmediatamente la inscripción de la candidatura de este abogado de paramilitares, narcotraficantes y del contrabandista y posible narco, financiador de campañas electorales del poder mafioso dominante, alias Papá Pitufo. El pueblo que mayoritariamente apoya al candidato Iván Cepeda debe declararse en estado de alerta y cuidar las elecciones mesa por mesa, el próximo 31 de mayo, para impedir que se ejecute el fraude, sea en favor de la candidata de Uribe, Paloma Valencia o de su candidato Abelardo de La Espriella.
José Arnulfo Bayona, Miembro de la Red Socialista de Colombia y Fiscal de ANEP.
Foto tomada de: Pares
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