La nueva realidad que aglutina hoy día a millones de jovencitas y jovencitos estudiantes universitarios de universidades públicas y privadas que consideran que tienen un compromiso con la defensa de lo público en materia de educación para el ahora y para las futuras generaciones, se ha articulado bajo la consigna “PUBLICA NOS LA ENTREGARON, PUBLICA LA ENTREGAREMOS”, idea central que agita hoy el movimiento estudiantil por todos los rincones de Colombia. Esta consigna, es la nueva invocación a ser realistas y a pedir lo que algunos tecnócratas y burócratas del establecimiento estatal colombiano consideran como un imposible: Pagar la deuda y asignar recursos suficientes a la universidad pública. Eso es lo que se exige; cancelar una deuda actual del gobierno con la universidad pública que es del orden de 3.2 billones de pesos para su funcionamiento, y de casi 15 billones para la recuperación y mantenimiento de su infraestructura a nivel nacional.
Como es conocido, la financiación de la Universidad pública está determinado por la ley 30 de 1992, y en tal sentido, la plata destinada a la educación se ajusta a la base del IPC anual (Índice de Precios al Consumidor). Producto de este rublo en el último año, el incremento del IPC fue de 5,57%, mientras el gasto de funcionamiento e inversión en las mismas universidades se incrementó en el 10,69%, lo que implica, hoy día, un déficit del 5,12% por debajo de lo presupuestado. Lo anterior significa, en cifras, que a las universidades publicas les debe llegar por el medio punto establecido en el IVA en el artículo 184, la suma de 400 mil millones de pesos, y este año llego solo 160 mil millones de pesos, es decir solo un 40% de lo determinado.
De otro lado, de los recursos asignados del 0,4% por el artículo 243 de los recursos CREE (Impuesto sobre la renta y complementarios), asignados a las universidades públicas que se consideran del orden de los 330 mil millones, solo llego una cifra cercana a los 161 mil millones es decir, un 49%; De tal manera que, por solo estos dos rublos, hay un déficit cercano a un poco más de los 405 mil millones de pesos; deuda legal del año en curso que no ha sido girado por el gobierno nacional, y que es lo que el movimiento estudiantil y profesoral en las calles exige se cumpla de manera inmediata como condición para volver a las aulas.
De tal manera, que esta situación de crisis presupuestal nos coloca en el centro del debate de la discusión política que se ha venido planteando, en el sentido, de si la educación es un derecho humano o una mercancía. No hay que olvidar que la universidad pública es un patrimonio de las ideas liberales, del humanismo y de la ilustración; y no del desarrollo de las fuerzas del mercado como algunos la conciben.
Este debate se ha venido desarrollando en Colombia desde la década del 30 del siglo pasado. El Gobierno liberal de López Pumarejo inició un proceso de modernización del Estado, entre ellas, del sector universitario, de amplias repercusiones. En aquellos años se buscó crear un sistema nacional universitario de carácter público, proceso que se logró en las décadas del 50 al 80 donde se alcanzó una transformación administrativa, académica y financiera positiva de las Universidades colombianas; se fortalecieron las universidades de mayor tradición, tomaron auge instituciones regionales y se crearon nuevas con el mismo modelo.
La Ley 80 de 1980 del Gobierno del Doctor Julio Cesar Turbay, fue una norma de orden público cuyo objetivo prioritario fue pacificar y controlar la universidad, se opuso a la democratización e inicio el proceso acelerado de privatización de la Universidad pública; consideró también esta Ley a la Universidad como un empresa de producción, a la educación como un bien de cambio, de competencia mercantil, de subasta y de mercado.
Pero fue en las épocas del gobierno del Dr. Ernesto Samper cuando el proceso democratizador sufrió aún más. En su proyecto de gobierno de “El Salto Social”, se precisó aún más, la negación de la financiación estatal y se dispuso “que los padres de familia colaboren con el pago de las matrículas y que se hiciera una labor conjunta entre estos la Universidad y el Gobierno para atender lo referente a la financiación de la universidad pública”. Se tomaron los principios de la equidad, pertinencia, pertenencia, proyección social, calidad, cobertura, con el enfoque neoliberal y enmarcados dentro de la política del recorte fiscal.
Es en el Plan Decenal de la educación 2004- 2014 y el Plan Colombia 2019 donde se cimientan más esta orientación gubernamental. Podrá observarse entonces, que todas las políticas agenciadas por los diferentes gobiernos colombianos en los últimos 40 años han tenido como común denominador el diseño de políticas públicas en el campo de la educación superior, marcadas por los acuerdos con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio.
De ahí, que las grandes jornadas estudiantiles que se están viviendo hoy en Colombia, no son otra cosa, que el planteamiento nuevamente del debate acerca de si la educación es un derecho humano fundamental o una mercancía.
No hay lugar a dudas que la educación debe ser un derecho humano fundamental. En este sentido, y en defensa de la educación como derecho humano, es preciso invocar varios de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos que afirman la naturaleza del derecho humano que debe tener la educación; e igualmente, recordar varios de los artículos constitucionales de nuestra carta política que aseveran dicha condición.
Entre los instrumentos internacionales hay que citar la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948. Art.26), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948. Capitulo I. Art 12). El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales PIDESC-(1968. Art.13), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969. Capitulo III, Art.26)), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981. Parte III. Art.10), El Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1988, art.13), y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989. Art.28 y 29)), entre otros
Además, a nivel nacional el constituyente de 1991, quiso dejar plasmado en la constitución su compromiso con la educación superior estableciendo en el Artículo 67 que “La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.”; en el artículo 68 estableció que “Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. Y en el artículo 69 afirmo que “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.”
Ahora bien. Hoy día hay miles de razones para exigir la condición de derecho humano de la educación en general en Colombia, y miles de razones para luchar por la vigencia de la universidad pública. Lo primero que hay que afirmar es que la educación es la única forma democrática de ascenso social, que la educación es un instrumento determinante de desarrollo de la sociedad, es un bien común y un patrimonio cultural de los colombianos; y, afirmar, categóricamente, que si en la sociedad premoderna predominaba la ignorancia, en la sociedad actual debe predominar la ilustración.
Héctor Alonso Moreno Parra, Docente, Universidad del Valle
Foto tomada de: ELTIEMPO.COM
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