En las cuentas de bombardeos se suman 5 realizados en Antioquia contra campamentos del Clan del Golfo (EGC), los de Arauca contra el ELN y el Frente. 10. Y todo como parte de la ofensiva general de guerra que se despliega en varios departamentos.
La discusión sobre la pertinencia de los bombardeos en Colombia tiene una larga historia lo mismo que la oposición desde organizaciones defensoras de los derechos humanos. Muchos de los asuntos y argumentos de ese viejo debate vuelven a la agenda de hoy y los retomamos quienes nos hemos opuesto y seguimos criticando estas prácticas en las confrontaciones armadas en Colombia.
En el centro del debate está el recordatorio fundamental de que la proporcionalidad, la exclusión de objetivos prohibidos y el principio de distinción obligan a reconocer que niñas, niños y adolescentes no pierden su condición de víctimas ni se transforman en objetivos militares por estar vinculados a grupos armados tras un reclutamiento tramposo que no elimina la condición de víctima. Este estándar exige descartar cualquier ataque cuando exista riesgo para NNA y priorizar medidas de protección reforzada.
El retorno a los bombardeos -justificados bajo narrativas de combate contra narcotraficantes armados- profundiza una tensión crítica: se niega la existencia de conflictos armados, pero al mismo tiempo se invoca el DIH para legitimar acciones que desconocen obligaciones. Además, hoy los grupos armados ya no operan como estructuras convencionales con campamentos estables, sino como estructuras tácticas, móviles y fragmentadas, que hacen uso de tecnología, comunicación digital y nuevas armas -incluidos drones- para evitar enfrentamientos directos y maximizar su capacidad de daño. En este escenario, los bombardeos no solo resultan desproporcionados, sino también ineficaces y contraproducentes, pues no responden a las dinámicas reales de la confrontación, a la imbricación de armados entre la población y a la presencia permanente de menores de 18 años en las unidades de los grupos armados.
Un Déjá Vu
En 2015 criticamos las orientaciones dadas por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, quien autorizó bombardeos en la directriz 03 divulgada por la Fiscalía el 15 de diciembre, “por medio de la cual se establecen pautas para la persecución penal de los crímenes de guerra en el territorio nacional”. Este Fiscal, como ya lo había hecho el gobierno de Uribe, le da soporte a las acciones fatales contra integrantes de grupos armados, incluyendo los bombardeos, calificando la situación del país como un conflicto armado no internacional en la cual las fuerzas militares pueden matar personas identificadas como combatientes y hacer uso de armas bajo limitaciones de proporcionalidad y exclusión de daño a civiles o a objetivos no legítimos.
En un artículo publicado en 2015 hice algunos comentarios que mantienen vigencia:
“Esos bombardeos han sido realizados en el pasado con artefactos de gran impacto en los blancos escogidos y en su entorno. Muchas veces son incontrolados los llamados efectos colaterales y nunca se ha discutido y aclarado que no es legítimo ordenar una acción de guerra de aniquilamiento total de un campamento o cuartel donde duermen combatientes o delincuentes de un “grupo armado irregular” que interviene en el conflicto interno. Tampoco se aclaró lo propio para rechazar actos de perfidia o de destrucción masiva en acciones de las guerrillas”.
En Bogotá marzo de 2021 debatimos con el entonces ministro de Defensa que defendía los bombardeos a campamentos o unidades con presencia de niños o niñas calificados como combatientes y objetivos miliares válidos por el solo hecho de portar un arma en un grupo armado organizado. En artículo publicado por Indepaz se dijo:
“La ignorancia del señor ministro de Defensa Diego Molano es muy peligrosa: Afirma que si está en curso una operación de las FF.MM. pueden bombardear un campamento en el cual pueden encontrarse niños, pues es superior la obligación de liquidar a jefes de las disidencias o del ELN y que a quien le corresponde establecer la edad, con posterioridad a los hechos es a la Fiscalía y a Medicina Legal. (…) Contrario a lo que dice el ministro, ante el riesgo de presencia de niños, niñas y adolescentes en un campamento o área de combates, lo que prima es el respeto a su vida, el derecho de precaución y la debida proporcionalidad en el uso de armas y en especial de armas de destrucción masiva como las bombas lanzadas desde aeronaves. (…) Es contrario a la ley y a los compromisos internacionales de Colombia, el argumento que autoriza bombardeos independientemente de los riesgos o posible presencia de niños por el carácter criminal del reclutamiento por parte del grupo armado irregular”.
¿Conflictos armados no internacionales y guerra global contra el narcotráfico?
Pero en la situación actual hay varias preguntas adicionales que muestran el galimatías que han formado quienes acuden al DIH para justificar bombardeos. Autoridades civiles y militares dicen en estos días que en Colombia ya no hay guerrillas y que todos los grupos armados persistentes son “traquetos”, instrumentos del narcotráfico y de carteles trasnacionales.
En ocasiones los que meten todos los grupos armados en un mismo costal como narcotraficantes y crimen organizado han hecho extensiva esa calificación desde el Clan del Golfo a todas las disidencias y al ELN.
En esos discursos no se ha aclarado si la política de seguridad y lucha contra GAOs se continúa alineando con la ley 2272/2022 que reconoce una situación de conflicto armado (o de conflictos armados subnacionales) en la cual persisten grupos armados organizados de diverso carácter, unos potenciales participantes de diálogos y acuerdos de paz y otros no políticos y posibles participantes en conversaciones de sometimiento a la ley. De unos y otros se dice en la ley y en sentencias de la Corte Constitucional que, “bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio (dentro de un país o parte contratante) un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”.
En medio de tantos interrogantes quienes niegan que hay conflictos armados internos persistentes en Colombia se acercan a la definición de guerra contra el narcotráfico y sus apoyos nacionales y transnacionales. Y curiosamente guerra con uso de armas de alta capacidad de destrucción como las bombas.
Bombardeos ineficaces y contraproducentes
Pero más acá de estas elucubraciones sobre la utilización del DIH para justificar el uso de armas de alto impacto fatal contra personas armadas, que serían “combatientes” del narcotráfico, está la poca efectividad de los bombardeos para el desmantelamiento de grupos armados como los neomafiosos, post Farc y cuasi rebeldes que proliferan en regiones de Colombia.
No se trata de ejércitos paramilitares como los que existieron en el periodo crítico de guerras en Colombia, ni tampoco de ejércitos guerrilleros semejantes a lo que fueron las FARC. En su estructura y formas de acción esas organizaciones armadas han pasado a ser redes en su mayoría camufladas entre la población civil, que funcionan en pequeñas unidades, muchas operan por medio de sicarios para operaciones especiales de agresión a civiles y otras son más milicias o bandas articuladas. Solo una parte de esas organizaciones, y no precisamente en donde se encuentran los jefes y determinantes, actúan en unidades armadas desde campamentos estables.
Tampoco es propio de las neomafias, ni de las organizaciones postFARC hacer operaciones sostenidas o campañas contra la fuerza pública: su objetivo central no es la confrontación con las fuerzas armadas del Estado como camino para la toma del poder central. Las neomafias buscan incrustarse en las instituciones existentes y capturar unas o entronizar la corrupción. Los grupos híbridos post FARC y el ELN pretenden reproducirse en poderes subregionales, microparaestados, y en captura de rentas con varias fuentes de economías legales e ilegales. Se enfrentan entre si o con la fuerza pública en la disputa por territorios, control de poblaciones y por fines de lucro. Para esos propósitos no necesitan estructuras de ejércitos ni similares a las guerrillas tradicionales.
Estas sugerencias de interpretación de las características de los grupos armados irregulares persistentes en Colombia llevan a mostrar que los bombardeos no tienen eficacia en el combate que debe hacerles el Estado. En realidad, esos bombardeos tienen impactos negativos que desdibujan las intenciones de control territorial y de alianza con la población.
Llegar a territorio en situación crítica por presencia de grupos armados, como al Cauca, Nariño, Putumayo, áreas de la frontera amazónica, Catatumbo, Arauca, Guajira, Choco o Antioquia con la amenaza de bombardeos o con la ejecución de algunos para la guerra sicológica, puede ser muy contraproducente por muchas razones que llevan a colocar a la población contra el gobierno. Han esperado los beneficios sociales, económicos y de seguridad de la Paz Total y en la recta final del gobierno del Cambio, cuando han sido parciales o insuficientes las transformaciones, la nueva receta es más ofensiva militar y noticias de bombas.
Esa obsesión por los objetivos de alto valor y por mostrar “neutralizaciones” lleva a oscurecer los objetivos de la seguridad, a reencauchar con nuevos argumentos la fracasada “guerra contra el narcotráfico”, a debilitar las estrategias para el desmonte de grupos armados irregulares y para un avance en la construcción de paz y superación de violencias.
Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
Foto tomada de: https://www.mindefensa.gov.co/
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