De esta manera, con relación al primer punto, queda superada la controversia que desató el anuncio del presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre pasado sobre un acuerdo de cese al fuego bilateral con el ELN y con otras cuatro organizaciones armadas ilegales (Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Autodefensas de la Sierra Nevada), cuando en realidad tal cese al fuego bilateral no había sido pactado formalmente con esa guerrilla.
La decisión de “tomar el toro por los cuernos” al colocar este álgido tema en la agenda de la segunda ronda, se produjo en la reunión que tuvieron en Caracas el 17 de enero pasado los delegados de los equipos negociadores del gobierno colombiano y el ELN. Días antes las cancillerías de Colombia y Venezuela habían emitido un comunicado con ocasión del segundo encuentro que sostuvieron en esa ciudad los presidentes de ambos países, en el que se decía: “Venezuela como país garante apoyará al gobierno de Colombia en su objetivo por mantener el cese bilateral y la Paz Total”.
Según manifestó a un medio de comunicación Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia, una de las instituciones acompañantes de los diálogos de paz, la reunión de los delegados transcurrió en un “ambiente de diálogo sincero, propositivo y en un clima de búsqueda de entendimiento”. Allí se repasaron varios puntos tratados en la primera ronda de conversaciones, como la manera de construir consensos, la bilateralidad de las decisiones, la forma conjunta de dar a conocer los acuerdos y el procedimiento para resolver los desacuerdos.
Recordemos que esa primera ronda, que tuvo lugar en noviembre pasado en Caracas, retomó el proceso de paz con el ELN; esta vez en el marco de la política de Paz Total del Gobierno del Cambio. En ella se avanzó en diversos puntos: la agenda de diálogo, la institucionalización de la mesa, las acciones humanitarias, la pedagogía y las comunicaciones.
El cese al fuego bilateral es un tema complejo y espinoso, y su implementación territorial lo es aún más frente a las situaciones de la vida real en las zonas rurales que sufren la confrontación armada. Dicho cese tiene un componente de voluntad política recíproca y un componente técnico que implica establecer protocolos de conducta mutua, canales eficaces de comunicación, mecanismos nacionales e internacionales de verificación y cómo tratar su violación, entre otros aspectos.
Aunque no es una condición “sine qua non”, el cese al fuego bilateral es un factor clave para generar un ambiente propicio al buen desarrollo de los diálogos de paz entre las partes, restar argumentos a los “enemigos agazapados de la paz”, contar con el respaldo de la opinión pública y las fuerzas políticas del país, y sobre todo salvar vidas y evitar víctimas. Basta citar el ejemplo de lo sucedido en enero de 2019 cuando el terror sacudió a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander de Bogotá con un carro bomba del ELN que mató a veintitrés personas e hirió a cien más, la mayoría jóvenes, y trajo como consecuencia directa que el presidente Iván Duque ordenara levantar la mesa de negociación y que una nueva frustración de paz quedara registrada en la historia de Colombia.
El otro punto de la agenda de conversaciones en México, la participación de la sociedad civil, es también un tema crucial. No sólo porque el ELN considera que ésta es condición necesaria para recoger las voces de las comunidades en su agenda de negociación con el gobierno nacional. También porque en los territorios afectados por el conflicto, la paz debe construirse con la participación de los grupos poblacionales en la elaboración de propuestas que contribuyan a erradicar la pobreza, abandono, atraso y desesperanza, caldo de cultivo de la violencia, y en la ejecución y seguimiento de las soluciones acordadas. Así mismo, porque los retos del postconflicto son enormes, como se ha visto en el desarrollo de los acuerdos firmados con las antiguas FARC.
Las bases de esta participación tendrán que ser discutidas a fondo: las formas que ésta tomará en los más de 100 municipios de mayor conflicto, los desarrollos sectoriales y temáticos, la metodología para aterrizar las conclusiones de los eventos y sus tiempos útiles de implementación, entre otros aspectos, sabiendo que la Constitución de 1991 prevé mecanismos de participación ciudadana.
Los equipos negociadores no parten de cero: foros, asambleas, cabildos y demás dinámicas de participación ciudadana han tenido lugar en procesos de paz anteriores. Recuerdo en particular, por haber participado, los diálogos regionales y nacionales promovidos por el M-19 y los encuentros en Casa Verde de las FARC con la sociedad civil, durante la presidencia de Belisario Betancur. Otras experiencias son igualmente enriquecedoras: los diálogos de El Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, por donde desfilaron infinidad de dirigentes y personajes, y los diálogos con las víctimas en el marco de los acuerdos firmados con las FARC, en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Definir el carácter y el alcance de la participación de la sociedad civil será tarea de la mesa: los diálogos obtendrán resultados más cualificados y legítimos en la medida en que se canalicen principalmente a través de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, no de gentíos; las demandas que surjan del ejercicio de participación deben ser viables, no utópicas; los diálogos deben involucrar en lo posible la trilogía ciudadanía, empresariado y Estado, si falta alguno quita fuerza; los compromisos que surjan de los diálogos deben ser vinculantes, archivados son nada.
Sin embargo, el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil enfrentan un gran obstáculo: la violencia que sufren las comunidades en los territorios de conflicto. De un lado, son nefastos los efectos de la guerra en que están enfrascadas las organizaciones armadas ilegales entre sí, incluido el ELN. La Paz Total tiene un palo en las ruedas si al tiempo que el Estado pacta un cese al fuego bilateral con cada una de ellas, éstas prosiguen sus combates causando desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad de la población civil, entre otras graves afectaciones. De otro lado, son pavorosos los asesinatos selectivos, las amenazas y las violaciones de los derechos humanos de los civiles en los territorios en donde estas organizaciones armadas ilegales, incluido el ELN, se enseñorean. La Paz Total tiene un palo en las ruedas si al tiempo que el Estado promueve los diálogos, la participación de las comunidades se ve constreñida o se vuelve imposible.
Conseguir que estas organizaciones, que han manifestado su decisión de hacer parte de la Paz Total, acuerden una tregua entre sí y se comprometan con los alivios humanitarios, amainaría el sufrimiento de las comunidades que padecen el conflicto armado, permitiría el retorno de las comunidades desplazadas y propiciaría un clima de esperanza y de confianza en los territorios. La segunda ronda de conversaciones con el ELN tendrá por tanto que abordar estos temas.
Mauricio Trujillo Uribe
Foto tomada de: Actualidad RT
Gracias Mauricio … estas son explicaciones claras y muy sencillas, que el común de la gente debe tener, para aportarle al máximo, al proceso de Paz Total ; es en síntesis, la participación de la gente, la que finalmente permitirá que el proceso avance. Ojalá, la voluntad de quienes deben tomar la decisión de Cese bilateral, sea positiva y pronto.