En este escenario de incertidumbre y pesimismo ha quedado claro que los próximos comicios serán protagonizados por coaliciones de intereses cruzados cuyas composiciones no están claras todavía. Las grandes formaciones políticas se han fracturado, el transfuguismo y la doble militancia están en la orden del día y no faltan las acusaciones de traición. La derecha se divide en dos grandes alas comandadas respectivamente por Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, el liberalismo definirá su candidatura entre Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle, la izquierda, como siempre, permanece desunida y el centro es una formalidad.
La campaña electoral de 2018 no deja de generar discusiones en un ambiente enrarecido. Cada día se habla de la reforma política, de la gran cantidad de aspirantes por firmas y de quiénes serán los candidatos definitivos de los principales partidos del país. Un debate que se ve permanentemente azuzado por fenómenos que permanentemente lo avivan.
En los últimos días dos hechos han despertado reacciones apasionadas. El primero de ellos es la decisión del Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación contra el excandidato presidencial por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga por la supuesta financiación de Odebrecht a su campaña. Investigación que permanece abierta en la Fiscalía y en la Procuraduría.
El segundo hecho que se ha sumado al ambiente de ataques, reproches y acusaciones que animan la vida política de los colombianos es el reconocimiento de la personería jurídica a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). Con el aval que el Consejo Nacional Electoral le dio a la exguerrilla que completó la entrega de sus armas el 16 de agosto se abrió la vía para su participación en los comicios que se avecinan. De hecho y ya con su personería jurídica, la Farc ha anunciado quiénes son sus fichas para el Senado y la Cámara así como su candidato a la Presidencia en las elecciones que tendrán lugar en 2018.
Iván Márquez encabezará la lista para el Senado, Jesús Santrich la lista para Cámara y Rodrigo Londoño Timochenko será el candidato a la Presidencia. Ahora con personería jurídica, la Farc tiene derecho a recibir recursos del Estado para su funcionamiento y podrá avalar candidatos para cualquier elección. Ya hay 3.600 millones de pesos aprobados para el partido. De estos, 1.800 millones son para su funcionamiento y otros 1.800 millones, para el Centro de Pensamiento Político. Valga la pena recordar que si bien el acuerdo de paz de La Habana establece que la Farc tiene derecho a cinco curules en el Senado y a cinco en la Cámara de Representantes, el partido de la exguerrilla debe participar con sus candidatos en las elecciones. Si en las elecciones no obtiene las 10 curules a que tiene derecho por haber hecho la paz, estos cupos se le asignarán automáticamente.
Como era de esperarse, el anuncio de las candidaturas de la Farc no fue bien recibido por buena parte de la población que las considera inapropiadas y encendió las pasiones. El expresidente Álvaro Uribe, anunció airado que enfrentaría “la candidatura presidencial espuria del delincuente” y dijo que tiene información que indica que el naciente partido de la exguerrilla se prepara para hacer política de la mano de sus disidencias aún armadas.
De su lado, el Alto Comisionado para la Paz Rodrigo Rivera recordó a las Farc que para ejercer cargos públicos debe someterse al proceso de la justicia transicional y pidió al Congreso que apruebe de urgencia la Justicia Especial para la Paz. Ello porque la aprobación del mecanismo está en veremos por las repetidas faltas de quorum que han obligado a levantar sesiones decisorias.
Para que se apruebe la JEP el Gobierno tiene que fortalecer la debilitada Unidad Nacional pero se enfrenta a la inconformidad de muchos congresistas que han manifestado su descontento con el reparto de la torta burocrática; algunos, inclusive, se han declarado perseguidos por la Presidencia de la República y su secretario general.
Paralelamente, ante el bochornoso espectáculo de abierta presión hacia el Gobierno por parte de un Congreso que solo deja entrever sus apetitos burocráticos para pedir puestos en la administración a cambio de la aprobación de reformas transversales a la Constitución, la justicia y la democracia como son la reforma política, y la ley estatutaria de la JEP, se incrementa el sentimiento de desconfianza y decepción de la sociedad hacia la política.
Ciertamente, lo que sucede actualmente en el Congreso, donde senadores y representantes juegan con el quorum para saciar su sed de poder y garantizar su futuro político en las próximas elecciones, cuando su deber y obligación es representar al pueblo colombiano y garantizar el efectivo funcionamiento del poder legislativo, es inaudito. Sin embargo, lo preocupante es ver cómo se juega con el futuro del país sembrando la discordia y abonando factores de ingobernabilidad que impiden la reconciliación y la implementación de lo pactado.
RUBÉN SÁNCHEZ DAVID: Profesor Universidad del Rosario
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