Dada la complejidad del documento, sus caracterizaciones en elementos de la implementación, el cronograma para la expedición del Plan de Desarrollo 2019-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, así como las recientes declaraciones del Presidente Duque en París, reconociendo que el Acuerdo de Paz se inscribe dentro de los compromisos del Estatuto de Roma suscrito por Colombia a comienzos en 2002, será necesario volver sobre diversos aspectos de la política de implementación del Acuerdo de Paz en diversos momentos del diseño de la política y de su implementación, para examinar sus rumbos, contingencias y resultados.
Aunque el documento se presenta en dos capítulos: el primero, titulado “¿Qué se ha hecho?” Y el segundo, “La paz, la estabilización y la consolidación es de todos. 2018-2021”, los elementos de análisis podrían entrelazarse para encontrar cuáles son los aportes nuevos y las rutas de implementación. El documento parte del análisis de temas institucionales y de planeación, en el desarrollo de los puntos del Acuerdo Final de Paz y en el de fuentes de financiamiento. Podría decirse que, mientras el gobierno anterior puso los énfasis en el logro del Acuerdo y en la normatividad del mismo, el actual lo hará en los temas institucionales de la planeación y asignación de recursos relacionados con la implementación de los planes y programas en los territorios.
Problemas institucionales. Para el nuevo gobierno se sintetizan en cuestiones de desarticulación en la estructura organizativa en cuatro niveles: 1) interagencial (Agencias para Renovación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras y Agencia de Desarrollo Rural). 2) Intersectorial (Ministro Consejero para el Posconflicto, hoy Alta Consejería para la Estabilización). Lo descentra del tema de la paz. 3) En desarticulación Nación – Territorio; plantea que hay resistencia por parte de las autoridades locales a adoptar las estrategias enfocadas a la paz, donde resalta la inexistencia de herramientas de planificación entre Nación y Territorio. 4) Se refiere al ámbito normativo. Encuentra que se han expedido 140 normas (6 Actos Legislativos, 9 leyes fast track; 36 decretos ley, 84 decretos ordinarios y 5 directivas presidenciales); menciona la dificultad para la expedición de las demás normas necesarias para la implementación del Acuerdo Final de Paz y lo atribuye a la ausencia de gestión ante el legislativo por parte del ejecutivo y “en últimas, a la diversidad de agendas legislativas”; por supuesto, no hace alusión a las maniobras dilatorias de su propio sector político y de sus aliados en temas medulares, cuando era oposición.
En definiciones de política establece como primer nivel, una Mesa de Dirección Estratégica para involucrar políticas públicas de paz, drogas, seguridad y protección de líderes. En un segundo nivel, define el consejo de Ministros, con base en el Conpes 3932, con los espacios de discusión y decisión de Ministros y directores de Departamento Administrativo. La Consejería para la Estabilización y Consolidación se encarga de coordinar y articular las instancias nacionales y los entes territoriales entre el Ejecutivo y las otras ramas del poder público, en lo que se refiere a la implementación.
Esta política define que la Agencia para la Renovación del Territorio-ART se concentre en los Programa de desarrollo con enfoque Territorial-PDET, en la Dirección para la Sustitución de cultivos ilícitos; con la Agencia para la Reincorporación y Normalización-ARN, debe conformar la estructura institucional de la estabilización con una temporalidad de quince años. Define que la Agencia para la Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras tendrán un Único Consejo Directivo.
Se crea una Red de Enlaces para la implementación de los planes sectoriales y cumplimiento de disposiciones en el Plan Marco de Implementación-PMI con los ministerios. Busca superar lo que entiende por desarticulación de planes nacionales con los de desarrollo municipal, departamental, Sectoriales y entre sí. En este sentido, junto con el Plan Marco de Implementación-PMI retoma los instrumentos para el acercamiento y acción sobre los territorios así:
- Cuatro Programas. Programa de desarrollo con enfoque Territorial -PDET. Programa Nacional Integral de sustitución de Cultivos Ilícitos – PNIS. Programa Camino Diferencial de Vida – PCDV. Programa de Articulación Interinstitucional para el Posconflicto en Zonas con Riego de Minas Antipersonal y Acuerdos de Sustitución de Cultivos.
- Cinco Planes. Plan Marco de Implementación –PMI con un plazo de 15 años y una matriz de 501 indicadores. Planes Nacionales Sectoriales –PNS que son 16 pero, solo se han adoptado dos: Plan Nacional de vías para la Integración Regional y el Plan Nacional de Conectividad Rural. Los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA; planes municipales que cruzan con los Programas PDET en 118 municipios priorizados por el posconflicto. No obstante, a la fecha, la ruta de los PNIS solo se desarrolla en 62 municipios priorizados. Y los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR. Plan Estratégico de Acción Integral contra Minas Antipersonal – AICMA. Cada Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET se instrumentaliza mediante un PATR y estos se articulan con los PISDA. Son 16 PATR. Pero, solo se han aprobado nueve. Se requiere que todos estén formulados y aprobados a diciembre de 2018. Esto significa que no serán considerados para el presupuesto de 2019.
En relación con los inconvenientes en instancias de coordinación y seguimiento en el marco del Acuerdo Final de Paz, hace referencia a La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y al Consejo Nacional de Reincorporación, que son instancias bilaterales Gobierno-FARC. En lo que se refiere a la CSIVI, como instancia conjunta diseñada para hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento, menciona que debe funcionar con base en el decreto 1995 de 2016. Ver: https://csivi.co/implementacion-territorial/que-es-csivi. No obstante, es de recordar que, con base en demanda de Jaime Castro, Carlos Holguín Sardi y otros, el Consejo de Estado en marzo de 2018 mediante auto proferido, ordenó suspender provisionalmente como medida cautelar, uno de los numerales del Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016, por el cual se señalaban las funciones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) a la implementación del Acuerdo Final. Esta función consistía en que la Comisión hiciera un análisis previo de todas las iniciativas para la creación de decretos y leyes que tuviesen que ver con el Acuerdo de Paz. El documento dice que la Comisión obraba con alto nivel de improvisación. Lo evidente al visitar la página es que la CSIVI quedó estancada en mayo 31 de 2018, cuando emite un informe acerca de la gestión de la Instancia Especial de Género.
En cuanto al Consejo Nacional de Reincorporación, el texto destaca las dificultades para la planeación y ejecución de acciones encaminadas a la reincorporación de los antiguos miembros de las FARC-EP. Le atribuye extralimitación en dos ámbitos: en primer lugar, dificultad en el levantamiento de perfiles de los excombatientes y la ruta de acompañamiento técnico en proyectos y capacitación; en segundo lugar, pluralidad de estrategias y responsables en la implementación del Acuerdo Final, sin responder a criterios técnicos ni definir líneas de trabajo ante las necesidades y requerimientos del proceso de reincorporación. En este contexto, aduce que existe sobreoferta de programas lo que genera desinterés de los exintegrantes de FARC EP y limita su participación. Sin embargo, no presenta un levantamiento de información que sustente tales afirmaciones. Estos elementos llevan a pensar que hay debilitamiento de la ya escasa bilateralidad del proceso y que el actual Gobierno asume la conducción plena. En este ámbito, se refiere al desarrollo de los puntos del Acuerdo final de Paz.
En lo relacionado con la Reforma Rural Integral, destaca la desarticulación entre el catastro multipropósito y los Planes de Ordenamiento Territorial. Esgrime dificultades para formalizar predios ubicados en territorios de reserva forestal, la inexistencia de estimaciones en el número de hectáreas a formalizar y dificultades de orden social como amenazas y agresiones a reclamantes de tierras, incluyendo los homicidios. Recuerda que el estimativo de hectáreas a formalizar es de siete millones en un período de diez años, con un valor de $14,7 billones.
Plantea que, a septiembre 7 de 2018, al Fondo de Tierras, habían ingresado 528.824,29 Ha., principalmente de baldíos y, en segundo lugar, del Fondo Nacional agrario -FNA, lo que equivale a un 12% de la meta trazada a 12 años. Se compromete a gestionar 3 millones de hectáreas y a continuar constituyéndolo.
Con respecto a los PDET, señala que los Planes de Acción para la Transformación Regional-PATR fueron construidos teniendo en cuenta la demanda de todos los actores de las 16 subregiones. Pero, que al no estar costeadas las iniciativas identificadas en cada plan pueden exceder el monto de recursos destinado para la implementación. Plantea que la población a satisfacer es de seis millones de habitantes de 170 municipios con los 16 PATR. La meta era tenerlos diseñados a 7 de agosto de 2018. No obstante, solo se tuvieron dos, lo que incide en el retraso de la ejecución que debía iniciar en 2019. Teniendo en cuenta que se trata de 170 municipios priorizados como círculo de intervención focalizada del Estado, se propone comenzar por las zonas que cumplen con los criterios e indicadores más difíciles en lo que respecta a acceso, equidad y legalidad y lo asume como asunto de seguridad nacional para evitar recaer en el círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Se propone llegar con inversión en bienes públicos, fuerza pública e inversión social.
Hoja de Ruta Unificada de Planeación Para la Estabilización. Considera que la articulación entre PDET, PMI, PNIS y PNS tiene como punto central su construcción buscando evitar la duplicidad de acciones en procesos de planeación participativa. Recuerda que, según lo establece el Acuerdo final, los PNS se conciben como insumo de la Reforma Rural Integral y de los PATR.
En Planes Nacionales Sectoriales –PNS, para superar los inconvenientes de articulación con los demás instrumentos del Acuerdo Final considera necesario trabajar con los ministerios que tienen a su cargo los 16 planes, relacionados con la provisión de bienes y servicios públicos en los 170 municipios PDET, con el objeto de estimular la productividad, el desarrollo social, la inversión en infraestructura y la adecuación de tierras.
Se busca articular el Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo Final de Paz con los planes departamentales y municipales de Desarrollo, Los POT y EOTs con los Planes de Manejo Ambiental –POMCA, para contar con el Plan Marco de Implementación-PMI que integre 16 planes integrales con sus Programas Camino Diferencial de Vida-PCDV, Los PATR y sus PDET, los PISDA y sus PNIS, los ACMA y sus PAI Minas y sustitución y los PNS. Es de resaltar que entre las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo se incluye el Componente “La Paz que nos Une” y la construcción de siete Agendas Regionales del país. Evidentemente, la regionalización es una apuesta pertinente. No obstante, es muy importante considerar más allá de la voluntad política o de las promesas, el contexto político social de la coordinación, la concertación, la participación y el juego de intereses, máxime, cuando muchos municipios carecen de POT, EOT o de POMCA, así como de competencias técnicas en formulación de planes, programas, proyectos de desarrollo y de recursos.
En Cuanto al Plan Marco de Implementación-PMI, que tiene un horizonte de 15 años, se especificarán las metas para el cuatrienio 2019-2022, considerando las sinergias sector público nacional-territorial, sector privado y cooperación internacional. En este contexto, se simplificará la asignación de recursos de regalías para la focalización de los 170 municipios PDET, buscando un incremento del porcentaje actual del 1% a en 5 puntos adicionales, para asignarlos a la Economía Naranja para la Paz, en proyectos productivos, investigación e innovación social, cultural, económica y ambiental. En el mismo sentido, se buscará concentrar la focalización de los recursos de cooperación internacional.
Se propone “cautivar” al sector privado mediante líneas y programas de atracción política, considerando la relevancia estratégica de los territorios, estableciendo regulaciones para eliminar costos de transacción en los municipios priorizados, con paquetes de reactivación económica, incentivos, regímenes especiales de tributación, beneficios por esfuerzos conjuntos, obras por impuestos y relacionamiento constante con los gremios económicos, con base en el mensaje “Inversión de largo plazo”. Compromiso por la Colombia estable, en el sentido que “la mejor inversión para el sector privado es que no haya violencia”.
Se plantea un macro proyecto tipo 4G para construcción de vías terciarias con un horizonte de 15 años. Así mismo, liderar el Plan Sectorial de Comercialización para la agricultura familiar definido para la RRI y la estrategia nacional de comercialización de la ADR. A este proceso se vinculará el Banco Agrario. Se avanzará en el desarrollo de Centros de Acopio, compras directas, en la promoción de la Bolsa Mercantil de Colombia-BMC y en la promoción de la compra de las entidades Estatales para los estudiantes y las fuerzas armadas.
Acuerdos en materia de Sistema Integral de Seguridad. El planteamiento político retoma dos ámbitos: los esquemas generales de protección el de los líderes y defensores de derechos humanos y la seguridad de los territorios; y el otro, el de los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil. Considera que la seguridad en los territorios debe estar en cabeza del Ministerio del Interior, incluyendo los temas de sustitución de cultivos y la protección de líderes sociales y los consignados en el Acuerdo Final. En este sentido, compete al Ministerio (1) las secretarías técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y de la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política ; (2) la Coordinación de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política ; (3) hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en el SISEP y a los Programas de Protección Integral ; y (4) de coordinar el sistema de Sistema de Planeación, Información y Monitoreo Interinstitucional. Con relación a la Protección de los excombatientes, su definición, ejecución y seguimiento debe estar en la órbita de gestión de la Alta Consejería. No sobra recalcar que a la fecha van cerca de 80 exintegrantes de las FARC asesinados desde la dejación de armas, lo que ya se configura en drama humanitario.
Reincorporación Social y Económica. Reconoce que la abrumadora mayoría de los excombatientes se ha mantenido en la legalidad y con disposición de acogerse a los Programas de Reincorporación a la vida civil y productiva. En relación con las Asignación Única de Normalización por Persona, con monto de $ 2 millones, una vez cumplido el proceso de acreditación y bancarización, afirma que a 31 de agosto de 2018 se habían desembolsado recursos para 12.475 personas, quedando pendientes 574 de los 13.049 acreditados. De los pendientes, se aduce que el 63% aún no está bancarizado y 19,51% de las personas se encuentran privadas de la libertad.
En cuanto a personas que aparecen en los listados de excombatientes, plantea que a la ARN le falta por ubicar a 3.303 a 31 de agosto de 2018. Reconoce que al hacer el tránsito de Zonas Veredales Transitorias de Normalización-ZVTN a Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR, muchas personas decidieron salir y ubicarse con sus familias y redes de apoyo. Reconoce que tal decisión no implica reincidencia ni prácticas delictivas, sino el que “pudieron tomar la decisión de desarrollar su proyecto de vida alejados de la dinámica del grupo…”. En este grupo no contactado por la ARN caben personas privadas de la libertad, personas que adelantan estudios fuera del país (Cuba), que han fallecido; personas que están cerca a algún ETCR y no quieren ser incluidas en el sistema de la ARN. Esto plantea la complejidad de mantener y consolidar el sistema de información del proceso de reincorporación.
Al respecto, considera nueve frentes de gestión:
1) Plan de choque para adecuación de instalaciones en los ETCR que van hasta el 15 de agosto de 2019. Es de resaltar que dadas las condiciones de las instalaciones y la seguridad muchos excombatientes tienden a radicarse en sitios más alejados.
2) Diagnóstico de la vocación y preparación de cada uno para agosto 2019.
3) Seguridad de los ETCR y las zonas aledañas, dada la presencia del ELN y el Clan del Golfo.
4) Abastecimiento alimentario – Desmonte gradual. El Acuerdo Final no determinó beneficios de alimentación o abastecimiento, con posterioridad a la terminación de las ZVTN y PTN; dadas las prórrogas, corresponde a la ARN acompañar y brindar apoyo para el desmonte gradual del servicio de alimentación, para que los excombatientes lo asuman a partir del 1 de enero de 2019.
5) Diagnóstico de Capacitación y Plan de Refuerzo. La ARN adelanta el proceso de diagnóstico de exintegrantes de las FARC y familiares que están por fuera del sistema educativo. Con base en las normas legales, se implementarán modelos flexibles el Ministerio de Educación con rutas de acceso a la educación superior, así como validación y certificación de saberes por competencias laborales y validación de saberes y conocimientos previos. También, se desarrollará la formación para el trabajo con base en la identificación de líneas productivas mediante alianza con el SENA, el sector privado y la cooperación internacional.
6) Se brindará apoyo a la búsqueda de empleo a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA, a quienes planteen esta opción.
7) Los proyectos productivos, con base en el documento Conpes 3931 de 2018, se convierten en ejes angulares de la sostenibilidad en la legalidad de los excombatientes de las FARC EP. El Consejo Nacional de Reincorporación-CNR valora las propuestas. Con base en consultoría se establece el procedimiento para formulación, implementación y seguimiento de los proyectos que contarán con asistencia técnica, acompañamiento en la estructuración y seguimiento, así como para el fortalecimiento de esquemas asociativos; asistencia técnica en comercialización, vinculación a cadenas productivas, alianzas, redes con apoyo del MinCit.
8) Acceso a Tierras; este es un tema medular. El Acuerdo no estableció un proceso de adjudicación para los excombatientes. En el proceso de reincorporación se han definido rutas para garantizar la sostenibilidad económica de la población. En el documento, el gobierno se compromete a trabajar en la “dotación de acceso al uso de tierras” para garantizar la estabilización socioeconómica y el cumplimiento de los compromisos de las personas con el proceso de reincorporación.
9) Reincorporación comunitaria. Se plantea la necesidad de implementar acciones para promover, como fundamento de la paz territorial la coexistencia, la convivencia, la reconciliación y la no estigmatización hacia la generación y el fortalecimiento de la confianza con las comunidades, las víctimas, los exintegrantes de las FARC-EP y la institucionalidad. Para ello, se propone establecer los destinos mayoritarios de los exintegrantes para preparar su arraigo pacífico.
Programa Nacional de Sustitución-PNIS. Dado que su implementación ha sido contraria a lo previsto en el Acuerdo, deja de operar como programa aislado y se articula como componente de la Reforma Rural Integral. Se articula a las políticas del Minagricultura a través de la ADR mediante asistencia técnica del PNIS a las familias cultivadoras y con los PDET. Se propone enfocarse en proyectos de ciclo corto e ingreso rápido y contar con líneas de crédito blando. Se plantea que El PNIS continuará con el desarrollo de la implementación del Plan de Atención Inmediata Familiar, de modo que se siga suministrando apoyo económico transitorio condicionado a la erradicación inmediata como condiciones mínimas para el tránsito a la economía legal. Se retoma el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas 2014-2021, en cabeza del Ministerio de Salud, aprobado en el marco de la Comisión Nacional de Estupefacientes en procura de reducir el consumo de drogas y sus consecuencias.
Se propone desarrollar la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en armonía con el PNIS, procurando que las zonas rojas no terminen excluidas, reconociendo la importancia de proteger a las comunidades y en procura de reducir los impactos de la economía ilegal y bajo ningún caso aumentar las afectaciones. El texto no menciona las estrategias de erradicación forzada ni la reintroducción de los métodos de aspersión con glifosato mediante la utilización de drones, que se viene retomando en el país.
Acción Integral Contra Minas Antipersonal-AICMA. Se plantea actualizar la política pública mediante documento Conpes. Se tendrá un Plan estratégico en coordinación con el DNP, la redefinición de la línea de base de los municipios afectados y el Plan Estratégico, con base en estándares internacionales. Se considera importante mantener el desminado humanitario operado por organizaciones civiles, con base en la prórroga de la Ley de Orden Público. Para ello, se considera mantener un diálogo social activo y un Pacto Étnico para desminado y lucha contra la ilegalidad.
Instrumentos de Seguimiento. Se plantea articular los instrumentos de planeación y gestión, así como la comunicación entre los múltiples sistemas de seguimiento y monitoreo para la implementación del Acuerdo. Se pretende consolidar la comunicación con los diferentes sistemas de forma que se complementen y se consolide una única fuente de información del Gobierno Nacional. Se encarga de la Administración Pública de la gestión de la Información del Estado al DNP, el Fondo Colombia en Paz y la OIM. Para ello, se expedirá un decreto.
Para la Alta Consejería para la Estabilización El SIIPO debe tener las siguientes características para hacer seguimiento a las metas macro del gobierno Nacional y a la articulación intersectorial y entre la Nación, departamentos y municipios, con todos los instrumentos de planeación: Focalización territorial; Instrumento único de planeación a largo plazo; generación de alertas que determinen e indiquen cuando no se cumplieron los compromisos, cuando hay problemas de articulación entre los actores de la implementación y en la planeación integral.
Desarrollo del Marco Normativo. Se plantea en dos ámbitos: para la implementación del Acuerdo y para las acciones de estabilización en los territorios. En el primer caso, se contempla la modificación de la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Planeación con el propósito de articular los instrumentos surgidos del Acuerdo de Paz: PMI, PDET, Planes sectoriales. También, expedir la Ley de Tierras para la Reforma rural Integral, con lo que se plantea reformar la Ley 160 de 1994. También, se plantea implementar un Sistema General de Información Catastral, Integral y Multipropósito. A la par, establecer una jurisdicción agraria a cargo del Ministerio de Justicia con el fin de garantizar una justicia ágil y oportuna, con enfoque de género. Una Ley sobre zonas de Reserva Forestal, establecer un Servicio Público de Adecuación de Tierras acorde a los principios de buen vivir, bienes y de integralidad. También se deben incorporar Las Circunscripciones Especiales para la Paz, la Ley de Tratamiento Penal diferencial para pequeños productores y los Ajustes institucionales del PNIS; así mismo, implementar un marco normativo para inventariar los bienes destinados a la reparación de las víctimas y desarrollar un sistema de administración y transferencia de la propiedad de las FARC-EP, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. También, se propone modificar el Fondo Colombia en Paz.
Mediante Decretos y Resoluciones, se viabilizará el subsidio especial de compra de tierras del Estado mediante asignación de derechos de uso para pequeños y medianos productores. Se reglamentará el Decreto Ley que crea los PDET, la coordinación PDET con el Plan de desarrollo y el Programa Integral de acceso a tierras; el Plan Zonal Ambiental y el fortalecimiento de las zonas de reserva Campesina, entre otras.
En aspectos financieros y presupuestales se contemplan normas para: crear una marcación para proyectos que cumplan los requisitos de la estabilización; la operación del Fondo Colombia en Paz; el diseño de tableros de control para monitoreo de contratos en ejecución; la construcción de matrices de riesgo de impacto por proyectos, con el fin de mitigar y mejorar sus alcances; Para incluir puntajes adicionales para proyectos OCAD PAZ SGR para los 170 municipios; para colocar en cabeza de la Alta Consejería para el Posconflicto la Secretaría del OCADPAZ y finalmente, para la coordinación y focalización de recursos de cooperación internacional.
En síntesis, el documento de políticas centra su atención en los aspectos institucionales, de articulación de mecanismos de planificación nacional, sectorial y regional, estructuración financiera y definición de normatividad para la implementación con un horizonte de 15 años; así mismo, define los parámetros para el cuatrienio. El enfoque de gestión se propone ser muy centralizado, buscando articular los diversos mecanismos, en un país excesivamente reglamentarista donde el Estado le quita peso a la bilateralidad de las instancias de implementación del Acuerdo de Paz. Naturalmente, en una coyuntura tan compleja, como es el inicio de la campaña política por el relevo de gobiernos regionales, prometer articulación de planes nacionales y regionales, con planes y esquemas de ordenamiento territorial, fácilmente se queda como saludo a la bandera. Sin embargo, es pertinente apostar en la implementación del Acuerdo de Paz en todos sus componentes y avanzar en la concreción de pactos sociopolíticos en los territorios en pro de su cumplimiento. Así mismo, es estratégico el desarrollo de mecanismos de seguimiento, evaluación y control social de este proceso de implementación de dichas políticas ahora denominadas de estabilización.
________________________________________________________________________________
Albeiro Caro Fernández: Coordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo Corporación Nuevo Arco Iris
Foto obtenida de: elpais.com.co
Deja un comentario