La CPI, creada en 2002, tiene como mandato abordar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas judiciales nacionales no son capaces o no están dispuestos a hacerlo. En el caso de Palestina, las acusaciones contra Netanyahu y Gallant incluyen violaciones graves del DIH, como la colonización de territorios ocupados y ataques indiscriminados contra la población civil.
El Estatuto de Roma, que rige a la CPI, establece que los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio son violaciones que afectan a toda la humanidad. Este marco legal busca garantizar que nadie esté por encima de la ley, independientemente de su posición o poder. Sin embargo, el cumplimiento de estas órdenes enfrenta retos monumentales, especialmente ante la negativa de Israel, Estados Unidos y otros países de respetar la jurisdicción de la Corte.
Estados Unidos y su rechazo a la justicia internacional
La postura de Estados Unidos hacia la CPI ha sido históricamente ambivalente y, en ocasiones, abiertamente hostil. Aunque firmó el Estatuto de Roma en 2000, nunca lo ratificó, manteniendo una relación distante con la Corte. En este caso específico, el gobierno estadounidense ha respaldado a Israel, calificando las investigaciones de la CPI como “ilegítimas” y defendiendo la inmunidad de sus aliados. Este rechazo no solo socava la autoridad de la CPI, sino que también perpetúa una narrativa peligrosa: que los crímenes graves pueden quedar impunes si cuentan con suficiente respaldo político.
La inacción de este país, una potencia global que se presenta como defensora de la democracia y los derechos humanos, pone en entredicho su compromiso con los principios que dice proteger. Además, su posición refuerza la percepción de que el cumplimiento del derecho internacional es selectivo y está condicionado por intereses estratégicos para no hablar del evidente carácter imperialista y colonial del gobierno de estados Unidos.
Europa y su papel en el cumplimiento de las órdenes
Europa, por su parte, enfrenta un dilema similar. Si bien la mayoría de los países europeos son Estados Parte del Estatuto de Roma, su historial en el cumplimiento de órdenes de captura de la CPI ha sido desigual. En el caso de Netanyahu y Gallant, la respuesta de Alemania la coloca en una situación de complicidad con el genocidio al negarse a cumplir con la orden de la CPI. Europa será determinante para evaluar su compromiso con el DIH y los derechos humanos. No aplicar las órdenes de captura socavaría la legitimidad de la CPI y enviaría un mensaje peligroso: que la justicia internacional es vulnerable a las presiones políticas.
Colombia: un ejemplo de compromiso con la justicia
En contraste, el gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, ha anunciado su disposición a cumplir con la orden de captura emitida contra Netanyahu. Este pronunciamiento representa un acto de valentía y liderazgo moral, especialmente en un contexto donde otros Estados poderosos se niegan a cooperar. La postura de Colombia destaca la importancia de que los países que han ratificado el Estatuto de Roma asuman su responsabilidad y se alineen con los principios de la justicia internacional.
La importancia de un frente común de los Estados
Más allá de las respuestas individuales, es crucial que los Estados, tanto del Norte como del Sur Global, formen un frente común en defensa del DIH. Los crímenes imputados a Netanyahu y Gallant, como la expansión de asentamientos ilegales y el uso desproporcionado de la fuerza, no solo afectan a Palestina, sino que también erosionan los fundamentos del orden internacional basado en normas. Cumplir con las órdenes de captura de la CPI no es solo una obligación jurídica, sino también un acto necesario para reafirmar que los crímenes de guerra no serán tolerados.
El liderazgo de países como Colombia puede ser una inspiración para otros Estados Parte del Estatuto de Roma, mostrando que la justicia internacional no debe ser rehén de intereses políticos. En última instancia, la implementación de estas órdenes es un paso crucial para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
Jaime Gómez Alcaraz, analista internacional
Foto tomada de: RFI
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