El miércoles 6 de noviembre yo me dirigía al Palacio de Justicia a adelantar una revisión de expedientes en las Altas Cortes. Como no existían celulares, una llamada entró a la casa sobre las 10 de la mañana y me demoré bastante atendiéndola. Era un líder comunal de un barrio del norte que requería una asesoría. Eso me salvó. Tomé el autobús por la carrera séptima (cerca de la Escuela de Caballería, donde torturarían a varias personas). Llegué a las 11.30 a.m. a la carrera 8 con la esquina de la Plaza de Bolívar, cuando ya había penetrado el M 19 al Palacio, lo cual hizo reaccionar de inmediato al Batallón Guardia Presidencial, bloqueando el ingreso a la Plaza en ese y otros puntos colindantes. Ello me salvó. Pero me dejó una honda huella de dolor por todo lo acontecido, que me obligó a hacer el seguimiento del caso en estos 40 años y ver cómo, desgraciadamente, desde el Estado se produjo una “omertá” mafiosa. Un pacto de silencio para no hablar del tema y generar la impunidad, que ojalá se supere en estos años, en favor de la verdad y de las víctimas que esperan justicia. Varios ya han fallecido esperando respuesta del Estado. En muchos casos no ha llegado esa respuesta. Conocí a varios de los muertos o heridos como mis docentes o conferencistas, o como vecinos que saludaba con respeto y consideración.
El Palacio de Justicia era la sede de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el archivo de ambas entidades y de una valiosa y bien documentada biblioteca. 35 guerrilleros del Movimiento 19 de abril M19 a las 11.20 a.m. hora local penetran por la zona de aparcamiento y se toman las instalaciones, reteniendo a cerca de 400 personas que se hallaban en el interior del Edificio, en el corazón de Bogotá. La columna del M19 se autodenominaba “Iván Marino Ospina” y la operación la llamaron “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Según el M19, la toma de la Corte Suprema de Justicia tenía por único objeto exigir la publicación de los documentos de los Acuerdos de Paz y las actas de la Comisión de Verificación, para que “toda la Nación pueda establecer la verdad sobre el proceso de paz”. Denunciaban la actitud del Gobierno de Betancur de “impedir que la Nación conozca y juzgue, y su negativa a todo diálogo en procura de soluciones incruentas”.
La intención era realizar una especie de juicio a Betancur y su Gobierno, para lo cual la Corte Suprema iba a ser el epicentro del juicio, mediado por la publicación de una serie de documentos y requerimientos en los principales diarios de la Nación y en las cadenas radiales. Finalmente, se buscaba realizar una consulta popular radial con base en las siguientes preguntas:
a) ¿Cuál es su exigencia más apremiante? y
b) ¿Este Gobierno le ha cumplido?
Indudablemente los guerrilleros del M19 pensaban que irían a tener el mismo impacto que con la toma de la Embajada de la República Dominicana efectuada en febrero de 1980, en la cual retuvieron a varios miembros del Cuerpo Diplomático, y cuya “solución” fue el pago de U$1.000.000 (donado por un judío) y su exilio a Cuba. No esperaban la reacción violenta de las Fuerzas Armadas, que dominaron a sangre y fuego la situación, con la connivencia del presidente Betancur. Éste después dijo que no habló con el presidente de la Corte, porque “no era un hombre libre”. Se cae de su peso semejante insensatez, si se examinan los distintos procesos de paz que han existido y el antecedente de la Embajada de la República Dominicana. Luego, Fujimori en Perú repetiría la masacre con el MRTA en la residencia del Embajador Nipón.
¿Por qué si Turbay negoció con los guerrilleros que se tomaron la Embajada, no negociaba Betancur con los que se tomaron el Palacio? La respuesta está para los analistas políticos, o para algún arúspice, pues nunca se intentó siquiera el menor contacto para la negociación, ya que lo que hubo fue una contratoma por parte del Ejército y la Policía en una forma sangrienta jamás vista, con el peligro que conllevaba consecuentemente: la vida en juego de los rehenes. Se puede examinar el Manifiesto del M19 preparado, pero no hecho público, sobre la “Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos”
La réplica de las autoridades fue inmediata: el Ejército lanzó sus carros (tanques desproporcionados) de combate hacia el interior mismo del Palacio de Justicia. Los combates duraron 27 horas, hasta la destrucción del interior del edificio y la muerte de 115 personas, incluyendo 35 guerrilleros (todos), 11 militares, 17 Magistrados de la Corte Suprema (incluyendo su propio Presidente) y empleados del Palacio de Justicia. Igualmente, se denunciaron varios desaparecidos entre guerrilleros sacados con vida y rehenes confundidos, situación aún no aclarada. El incendio del Palacio generado por el calor de las bombas enviadas por los militares calcinó los cuerpos y destruyó todo el edificio y cuya reconstrucción costó 38.000 millones de pesos de la época (26 millones de dólares). Hubo 244 personas “rescatadas”. También 22 lesionados civiles y 31 del personal de las Fuerzas Armadas.
La fecha inicialmente escogida por el M19 para dicha toma fue la de 18 de octubre porque se encontraba en Colombia el Presidente de Francia, pero la detención de dos guerrilleros con los planos del Palacio de Justicia, un anónimo al ministro de Defensa, el hallazgo -más tarde- del casete con la proclama del M19 para ella, y todo esto publicado en la prensa, provocó fuertes medidas de seguridad. A pesar de ello, tales medidas se suspendieron (sin que quede claro por qué) el 5 de noviembre y el M19 procedió a llevar a cabo el Operativo Antonio Nariño “por los Derechos del Hombre” el 6 de noviembre a las 11.35 horas y a las 11.40 empezó a llegar la fuerza pública.
En la tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Alfonso Reyes Echandía, habló por teléfono con una radiodifusora, clamando angustiado: “… somos rehenes del M19, por favor díganle al presidente que cese el fuego porque si no, habrá una hecatombe” y más tarde el Magistrado Horacio Montoya Gil, también rehén, imploraba: “De por Dios, llamen a la fuerza pública y díganle que no siga disparando sobre nuestras oficinas porque nos van a matar”.
Al día siguiente, después de que fuera tomado el Palacio, las fuerzas militares iniciaron la “Operación Rastrillo”. El Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas -encerrado con más de 60 personas en un baño de dicho Palacio- sale, con el acuerdo de rehenes y guerrilleros, diciendo quién es y que desea hablar con los militares y se dirige a un general y dos coroneles que se hallan también en el interior de la edificación, explicándoles que en los pisos de arriba hay inocentes, que los guerrilleros piden un periodista, un miembro de la Cruz Roja y dialogar; los oficiales le respondieron: “Tranquilo, vamos a ver qué hacemos”; no lo dejan subir de nuevo, habla con el Secretario del Ministerio de Defensa, va a la Casa del Florero (museo vecino donde los militares están llevando a los rescatados), lo llevan al hospital y el mensaje nunca llega al Presidente de la República.
Sobre los desaparecidos, a pesar de que el comandante de la XIII Brigada, General Armando Arias Cabrales, aseguró que ninguna persona relacionada con la toma estaba presa, los familiares de los 12 desaparecidos en la cafetería del Palacio (que no se incendió) tienen bases serias para pensar lo contrario. Bastan las declaraciones de Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares Desaparecidos del Palacio. Los empleados de la cafetería desaparecidos fueron: Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador; Bernardo Beltrán Hernández, mesero; Gloria Stela Lizarazo Figueroa, encargada del autoservicio; Luz Mary Portela León, lavaplatos. David Suspes Celis, chef. Ana Rosa Castiblanco Torres, 7 meses de embarazo, auxiliar del chef. Héctor Jaime Beltrán Fuentes, mesero. Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera. Norma Constanza Esguerra Forero, proveedora de pasteles. Otros: Lucy Amparo Oviedo Bonilla de Arias, buscaba empleo y tenía una entrevista. Gloria Anzola Mora de Lanao, sobrina de la consejera de Estado Haydée Anzola, guardaba su coche en el parqueadero del Palacio. También se vieron salir del Palacio vivas (hay testimonios fílmicos) y fueron desaparecidas las guerrilleras Irma Franco Pineda, abogada, y Clara Elena (o Gloria) Encizo Hernández (alias Diana Cazadora). Estuvieron en la Casa del Florero. Posteriormente se descubrió que Clara Enciso se disfrazó de particular y logró escabullirse, huir de la tortura y muerte segura. Falleció en México.
Los Magistrados muertos fueron: Alfonso Reyes Echandía, presidente y miembro de la Sala Penal, no está comprobado el que haya sido asesinado por el comando guerrillero. Fabio Calderón Botero, Sala Penal. Manuel Gaona Cruz, Sala Constitucional, estudiaba la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Tratado de Extradición con EE.UU. José Eduardo Gnecco Correa, Sala Laboral. Fanny González Franco, Sala Laboral, primera mujer en dicha Corte. Carlos José Medellín Forero, Sala Constitucional, estudiaba demanda contra el Tratado de Extradición. Luis Horacio Montoya Gil, Sala Civil. Alfonso Patiño Roselli, Sala Constitucional, estudiaba demanda contra el tratado de extradición. Pedro Elías Serrano Abadía, Sala Penal. Darío Velásquez Gaviria, Sala Penal. Magistrados auxiliares: Emiro Sandoval Huertas, Julio César Andrade Andrade, Jorge Alberto Correa Echeverry y Juan Lisandro Romero Barrios. Los miembros de la Sala Constitucional apoyaban la Ley de indulto.
Los guerrilleros muertos fueron: Alfonso Jacquin Gutiérrez, de quien se dice que fue visto saliendo del Palacio con los brazos en alto y sonriendo, llevado a la Casa del Florero, reconocido por los militares y luego desaparecido por ellos. Luis Francisco Otero Cifuentes, José Domingo Gómez Castiblanco. Ariel Sánchez. Marcela Sossa y Guillermo Helvecio Ruiz Gómez, Andrés Almarales Manga, William Arturo Almonacid Rodríguez, Humberto Lozada V., Edison Zapata Vásquez, Elkin de Jesús Quiceno Acevedo, Fabio Becerra Correa, Héctor y Orlando Chaparro Vélez, Diógenes Benavides Martinelli, Alberto Nicolás Erazo Murcia, Fernando Rodríguez Sánchez, Gerardo Jiménez, Héctor Arturo Lozano Riveros y Jesús Antonio Rueda Velasco.
El presidente Belisario Betancur se responsabilizó de lo acontecido en alocución televisiva y radial registrada por muchos periódicos y días después le dijo a “Le Nouvel Obsevateur” que en circunstancias similares él volvería a repetir el operativo militar del Palacio del 6 y 7 de noviembre del 85 (citado por Jorge Child, en El Espectador, diciembre 17 de 1985), cuyas imágenes dantescas se olvidaron por las pavorosas del desastre natural de Armero ocurrido 8 días después y que mató a 28.000 personas, cuya ayuda humanitaria en su mayor parte se la robaron personas del Gobierno de Betancur (incluyendo la responsabilidad del padre del expresidente Iván Duque) , tal y como ocurrió en Nicaragua con el Gobierno de Alemán que hurtó la ayuda por el huracán Mitch. Definitivamente la muerte se ensañaba contra los colombianos, que apenas despertaban de un holocausto y se sobreponían al terremoto de Popayán con centenares de muertos.
La responsabilidad del ministro de Defensa General Miguel Vega Uribe es patente al expresar: “Al terrorista sólo le importa matar al hombre para producir un desconcierto total, tanto que a veces se asesinan entre ellos mismos”. (General Vega Uribe, “El Tiempo”, 13-XII-85). Vega Uribe era pariente del coronel Alfonso Plazas Vega. Éste era esposo de su hija,
El oficial de la Policía José Luis Vargas Villegas estuvo presente en el teatro de operaciones y, bajo la coordinación del comandante de la XIII Brigada, tomó parte en la dirección y coordinación de ese operativo. Este oficial no fue objeto de ninguna investigación.
Desde el principio del operativo militar parece ser que las Fuerzas Armadas obstaculizaron cualquier comunicación entre el presidente y el Comando guerrillero; impidieron intentos de negociación y de mediación; desacataron órdenes de búsqueda de conversación impartidas por el Consejo de ministros; cortaron las líneas telefónicas del Palacio y generaron los incendios que calcinaron a los rehenes. El operativo militar no apuntó en ningún momento a rescatar con vida a los rehenes. El oficial Víctor Alberto Delgado Mallarino, como Director General de la Policía, desatendió una orden impartida por el presidente y el Consejo de ministros, y ordenó a sus efectivos del COPES y del GOES atacar al grupo de guerrilleros atrincherados con rehenes en el 4 piso del Palacio. No fue condenado, por prescripción del delito (que no lo era, por ser de lesa humanidad). El Capitán Anatolio o Antonio Correa Figueroa, de la Policía, al mando de un grupo élite, ingresó al 4 piso del Palacio. Allí, según las necropsias, guerrilleros y rehenes fueron en su inmensa mayoría acribillados con proyectiles disparados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este oficial no fue investigado por nadie.
Dos estudiantes fueron torturados en el operativo, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson. El oficial de la Policía Luis Gabriel Bayona Borrero, como miembro del F-2, colaboró estrechamente con el equipo del B-2 de la XIII Brigada que ordenó las 13 desapariciones y torturó a los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson Ospina. No fue nunca investigado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por estos hechos y por las desapariciones forzadas varias décadas después: el 31 de octubre de 2011.
Los 13 desaparecidos, capturados por el Ejército en diferentes momentos del operativo militar, fueron conducidos al puesto del B-2 de la XIII Brigada instalado provisionalmente en la segunda planta de la Casa Museo del 20 de julio, ubicada a escasos metros del Palacio de Justicia. Según las confesiones del exagente de inteligencia militar, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, una de las desaparecidas, Irma Franco Pineda, fue posteriormente conducida a las instalaciones de la XX Brigada, con pleno conocimiento y aprobación del comandante de esa unidad, oficial Hernando Camilo Zúñiga Chaparro. Sin embargo, este oficial no fue objeto de investigación alguna. El teniente coronel Fernando Blanco Gómez como Segundo comandante del Batallón de inteligencia BINCI “Charry Solano”, debió de conocer de la remisión de los desaparecidos a su Batallón, pues algunos fueron allí enviados, y por tanto está involucrado en su desaparición. A Garzón se le acusa de 30 desapariciones forzadas.
El ministro de Defensa Miguel Vega Uribe tuvo la suprema dirección del operativo, como ministro de Defensa, utilizando para el efecto el nombre clave de “coraje 6”, como se descubre en las grabaciones. La Comisión de Acusaciones de la Cámara iniciaría el proceso contra el General Vega, a instancias del parlamentario Jorge Franco -hermano de una desaparecida-, archivando el proceso. Para algunas organizaciones internacionales el operativo arrojó 43 civiles y 33 guerrilleros muertos, la gran mayoría de ellos por disparos hechos por las Fuerzas Armadas; 11 civiles y 2 guerrilleros desaparecidos por miembros de la XIII Brigada de las Fuerzas Armadas y 2 estudiantes torturados por el Ejército y la Policía. El General Celso Suárez Martínez del Ejército fue uno de los comandantes militares que intervino con mando sobre tropa en el operativo. Además, existen serios indicios de que varios desaparecidos, una vez interrogados en las dependencias del B-2 de la XIII Brigada, en la segunda planta de la Casa Museo del 20 de julio, fueron conducidos al batallón de Policía Militar bajo su comando. Sin embargo, este oficial no fue investigado por ninguna autoridad.
El coronel del Ejército Edilberto Sánchez Rubiano, quien utilizaba el nombre de “Arcano 2”, ordena la desaparición de Irma Franco y es cómplice de la desaparición de Gloria Anzola, Lucy Amparo Oviedo, Norma Constanza Esguerra, Cristina del Pilar Guarín, Carlos Augusto Rodríguez y 6 civiles más, junto a otro guerrillero, que salieron con vida del Palacio. Igualmente, se estableció que algunas de las personas detenidas en los sótanos del Palacio, y que están desaparecidas, fueron llevadas al B-2 de la Casa Museo del 20 de julio por orden expresa del oficial Carlos Alberto Fracica Naranjo. En 1992 Sánchez Rubiano fue absuelto y el caso archivado. Sin embargo, posteriormente fue condenado por la desaparición de Irma Franco Pineda a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. El teniente coronel Fracica tampoco fue investigado por la desaparición de los 8 empleados de la cafetería y la de Gloria Anzola. Jamás fue condenado. Los militares Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo (pertenecientes al B2 de la Brigada 13 del Ejército) no han respondido por los 12 desaparecidos. Tampoco los militares William Vásquez Rodríguez, Fernet Causaya Peña, Fernando Nieto Velandia, Antonio Jiménez Gómez, Bernardo Garzón Garzón (que confesó el crimen de Nidia Erika Bautista y hoy está en la JEP), Luis Carvajal Núñez, Eliseo Peña Sánchez y Antonio Buitrago
Bernardo Garzón Garzón, alias Lucas, infiltró a la guerrilla del M19 y torturó a Guillermo Marín y a José Cuesta (Concejal) en el Batallón Charry Solano. A Marín lo iban a desaparecer, le propinaron dos disparos y sobrevivió. Está en Londres exiliado.
El General del Ejército Rafael Samudio Molina, como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, tuvo el mando del operativo, durante el cual se identificaría bajo el nombre de “Paladín 6”, como lo demuestra el desglose de las grabaciones de la contratoma. Sin embargo, este oficial nunca fue procesado ni penal ni disciplinariamente. Al contrario, fue luego nombrado ministro de Defensa de Barco Vargas (86-88) y Embajador en la Dictadura de Pinochet en Chile (tal para cual). Promovió grupos militares en el Magdalena Medio. Murió en la impunidad, pese a que la Fiscal de entonces Angela María Buitrago había formulado cargos en su contra.
El coronel Luis Carlos Sadovnick Sánchez es uno de los comandantes del operativo militar de contratoma y como tal debería haber sido investigado. Murió en la impunidad en 2008.
El coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien tomó parte en el operativo militar con el nombre clave de “Arcano 5”, dio la orden de desaparecer a una de las integrantes del Comando del M19, Irma Franco Pineda. Pese a las pruebas existentes en su contra, ni el Juzgado 14 Superior de Bogotá, ni la jurisdicción Penal Militar (Proceso 13,287, Auditoría de Guerra, XIII Brigada), ni la Procuraduría General de la Nación (Exp. 53-666/1271), que investigaron los hechos, vincularon al oficial Plazas Vega. Como antecedentes, Plazas entre 1981 y 1982 creó y dirigió el grupo paramilitar MAS Muerte a Secuestradores. También tuvo nexos con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, con quien creó una estructura paramilitar en el noroccidente de Cundinamarca en 1985. El Mayor Luis Álvaro Rodríguez Fontecha (ya muerto por el EPL) fue uno de los oficiales del Batallón Bárbula que participó en el M.A.S., financiado por la Texas Oil Petroleum, entre otros. Como premio, a Plazas se le mandó a la Embajada de España, como adjunto, en 1989. Luego aspiró al Senado con el lema: “Defendiendo la democracia, maestro!”, frase que se hizo célebre en la contratoma, porque era la que pronunciaba a los medios de comunicación cuando dirigía el operativo, teniendo como telón de fondo los cañonazos y los disparos que incendiaron el Palacio. El Mayor Gustavo Enrique Lux Gutiérrez fue uno de los que integró el grupo paramilitar auspiciado por Plazas, con el apoyo del narcotraficante Rodríguez Gacha. Nunca fue investigado. El Capitán Marco Antonio Salazar Duque era parte del MAS y asesinó a Dagoberto Henao Mira en marzo de 1983 en Puerto Nare (Antioquia). El coronel Jaime Eduardo Sánchez Arteaga fue el principal creador del grupo paramilitar. El teniente del Ejército Luis Antonio Meneses Báez ayudó a crear y organizar este grupo del MAS. Según su propia confesión -ante la Dirección de Policía Judicial e investigaciones en noviembre de 1989-, Meneses entrenó y dirigió a paramilitares en Puerto Boyacá, entre 1981 y 1982. La Corte Suprema, en decisión dividida, lo absolvió por “dudas”. A pesar de las pruebas que lo vincularon en la contratoma y a la acusación de la Fiscal Angela María Buitrago, goza de un jugoso retiro en Miami, donde es procesado por la familia del Magistrado Carlos Horacio Urán en una Corte de Florida.
El General Rafael Hernández López está seriamente comprometido en la desaparición de 8 empleados de la cafetería y de otros, según el testimonio del soldado José Yesid Cardona, varios de los cuales fueron llevados a la Escuela de Artillería por un grupo que él comandaba, y luego desaparecidos. Nunca fue investigado y sólo hasta 2023 se le imputaron cargos en Fiscalía. Impunidad.
El Mayor Miguel Ángel Cárdenas Obando fue uno de los integrantes del B2 encargados de identificar e interrogar a las personas rescatadas, así como de decidir la suerte que tendrían. Este oficial ha debido ser investigado por su participación en la múltiple desaparición. Sin embargo, nunca lo fue.
El oficial Jesús Armando Arias Cabrales tenía el mando directo de las tropas de la XIII Brigada y de la Policía que intervinieron en las operaciones, durante las cuales se identificó como “Arcano 6”. También participó en la creación de grupos paramilitares en el Magdalena Medio y en la desaparición de María Eugenia Castañeda Grandas en septiembre de 1985. Tuvo sanción de destitución de la Procuraduría en 1991, lo que le costó el puesto a un Procurador. Fue condenado.
En el Palacio funcionaba el Consejo de Estado que había fallado demandas en contra de militares torturadores (caso Olga López, bajo el Gobierno de Turbay Ayala), que involucraban al propio Miguel Vega Uribe, quien no tenía el menor interés en ser juzgado por sus crímenes al frente de la XIII Brigada.
Resulta curioso que se salvaran el hermano del presidente de la República Jaime Betancur Cuartas, Magistrado del Consejo de Estado, y a la esposa del Ministro de Gobierno Jaime Castro, Clara Forero, también Consejera de Estado. Esto indica el grado de protervidad del Ejecutivo, que deja a su suerte a los otros magistrados y personal, distinto a sus parientes más próximos.
La guerrillera Irma Franco Pineda salió con vida y fue llevada a la Casa del Florero por los militares y luego desaparecida, junto con Alfonso Jacquin.
El Magistrado José Eduardo Gnecco Correa fue alcanzado por una granada del Ejército que le voló la cabeza y las manos. (El Espectador, dic. 7/85. Silva Rivas, Gonzalo. “Incidente de Mingobierno con Ignacio Vives Echeverría”).
El comandante del Operativo del Palacio fue el General Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada, quien no defendió el derecho de los rehenes en un conflicto armado. El Congreso lo condecoró. Luego fue condenado a 35 años de prisión. La JEP lo expulsó por no ofrecer verdad. Y Petro le quitó sus condecoraciones militares.
El comandante de la Policía era el General Víctor Delgado Mallarino, quien desoyó los consejos al diálogo del ministro de Justicia, Enrique Parejo González.
En el periódico El País de Madrid del 20-V-86, p. 4., se detecta que los militares eran conscientes de que su intervención estaba dirigida a abortar la propaganda del M19, antes que salvar la vida de los rehenes. Para algunos, los jefes militares protagonizaron un golpe de Estado de 3 horas, golpe desmentido por Betancur y sus ministros, quienes asumieron la responsabilidad de lo sucedido (aunque el ministro de Justicia dijo que el Ejército actuó por su cuenta, en El País, 15-VI-86, p. 4). Betancur en su alocución televisiva dijo haber recibido el “sabio consejo” de los expresidentes Turbay y López para el manejo de la situación y asumir toda la responsabilidad sobre el asalto militar del Palacio y el trágico desenlace. El exministro de Gobierno Jaime Castro dijo que jamás hubo golpe de Estado. Él fue víctima de un atentado del M19. Enrique Parejo González, exministro de Justicia, lo desmintió.
Para Antonio Navarro, exguerrillero del M19, la toma buscaba simplemente evidenciar la verdad: “Su única petición era la publicidad de documentos oficiales, mantenidos ocultos por el gobierno, que contienen la verdad sobre el proceso de paz. Tan responsabilizados salen Belisario Betancur y su Ejército que el presidente colombiano llenando de oprobio el nombre del país prefirió sacrificar a sangre y fuego decenas de personas antes de ceder a su difusión, en un holocausto propio de las peores dictaduras. Trató de taparse la sangre con sangre. Trató de borrar la verdad con fuego. Que no ose a volver a pronunciar la palabra paz porque ha quedado claro ante el mundo que su paz es la paz de los sepulcros construidos sobre el cadáver de la democracia. La verdad silenciada y la sangre de los caídos claman justicia. No hay sitio en el mundo en el cual pueda escapar Belisario Betancur de su conciencia ni de la justicia de Dios ni de los hombres”. (Hay carta de Antonio Navarro Wolf, Mando Central del M19 de 7 de noviembre de 1985).
Están, igualmente, las declaraciones de exguerrilleros del M19, algunos vivos: Germán Rojas Niño (alias Raulito), Marcos Chalita (exconstituyente), Otty Patiño (Observatorio de la Paz y Alto Comisionado de Paz) y Vera Grave (exguerrillera del M19). Rosemberg Pabón Pabón (exalcalde de Yumbo y comandante de la Toma de la Embajada Dominicana en 1980), Arjaíd Artunduaga (excongresista), Everth Bustamante (exsenador, que se volvió uribista), Rafael Vergara, Gerardo Ardila, Eduardo Chávez, Alix Salazar y Gustavo Petro (actual Presidente).
También es fundamental recabar el testimonio de Yesid Reyes Alvarado -hijo del Magistrado inmolado- (minjusticia de Santos), Carlos Medellín Forero, hijo de otro Magistrado muerto. El abogado Antonio José Cancino Moreno, quien estuvo refugiado en Madrid y exprofesor de derecho Penal en la Complutense, tiene importantes aportaciones para realizar en el caso. Obviamente los testimonios de Helena Urán Bidegaín son fundamentales.
Betancur asumió la responsabilidad de todo cuando dijo el 7 de noviembre: “Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando las órdenes respectivas, teniendo el control absoluto de la situación de manera que lo que se hizo para encontrar una salida, fue por cuenta suya y no por obra de otros factores que él puede y debe controlar…”. Betancur impidió que la Cruz Roja hablara con los guerrilleros y los rehenes. En esta forma es claro que cohonestó con la conducta de los militares. Jaime Castro, su ministro de Gobierno, escribió un libro donde dijo que no hubo golpe de Estado. Lo contradijo el ministro de Justicia Enrique Parejo González, víctima de la larga mano de la mafia como embajador en Budapest, donde se salvó de milagro de los disparos de un sicario, que le afectaron el habla.
Yesid Reyes le mandó una carta a Betancur rechazando un Decreto de honores, por no haber escuchado los clamores de su padre asesinado: “No olvide nunca, Señor presidente, estas palabras de mi padre: ‘paradoja brutal es la del juez que, siendo titular del soberano poder de juzgar a los hombres, sea al propio tiempo el más indefenso de los mortales. En un Estado de Derecho todo el poder material de las armas ha de estar al servicio del más humilde de sus jueces; sólo así será posible oponer con ventaja a la razón de la fuerza, la fuerza de la razón”. Los jueces, representados por ASONAL judicial, también pararon y repudiaron el ataque al Palacio, así como los estudiantes universitarios.
Diez años después, Yesid Reyes comentaba los intríngulis (El Espectador, 5-XI-95, p. 4): “Fue imposible hablar con alguien incluso con amigos de papá como Jaime Castro, el General Delgado, otro gran amigo de papá, o el general Maza Márquez”. Media hora más tarde Reyes Echandía tranquilizó a su familia al advertir que sus amigos le habían prometido el cese el fuego. Sólo restaba esperar. “Murió convencido de que sus amigos de más de 20 años le estaban diciendo la verdad…Estoy absolutamente convencido de que lo engañaron. De nada sirvió ni siquiera la intervención de Gabriel García Márquez o de una comisión negociadora. El jueves como a las 11.30 de la mañana hablé con el General Delgado Mallarino quien me aseguró que se había comunicado esa mañana con papá y que él estaba bien. Todo terminó siendo falso, pues papá murió en la tarde del 6 de noviembre”. Y agregó: “Estoy convencido de que el Gobierno del presidente Betancur fue el responsable de la muerte de todos los ocupantes del Palacio de Justicia…Lo único seguro de la muerte de mi padre es que en su cuerpo calcinado apareció una bala, murió antes del incendio, con un proyectil que no provino de la guerrilla”. Debe pedirse la exhumación del cadáver y procederse a constatar el origen del proyectil y cotejarlo con las armas usadas tanto por la guerrilla, como la del cuerpo castrense para verificar de dónde provino la bala.
Los testimonios de Reinaldo Arciniegas y Aidée Anzola son bastante dicientes de la negativa del Gobierno por rescatar a los rehenes con vida. Jamás permitieron la intervención de la Cruz Roja para la protección de los rehenes. Por el contrario, las órdenes del mando militar –que han quedado grabadas por el radioaficionado invidente- señalan que dieron la orden de acabar con todo antes de que llegara la Cruz Roja.
Para el Magistrado de entonces Humberto Murcia Ballén “esta fue una toma anunciada y consentida por el Gobierno” (El Espectador, 9-XI-85, p. 11 A). Este magistrado perdió en el asalto su prótesis. Ya falleció.
La reconquista militar del Palacio de Justicia -denominada por los militares “Operación Rastrillo”- queda al descubierto con las grabaciones desclasificadas que claramente identifican a los autores a sangre y fuego de la contratoma, sin que mediara algún intento de diálogo. (El País, viernes 20 de junio de 1986). Y También las grabaciones del radioaficionado Pablo Montaño, que son esenciales para demostrar la actitud dolosa de los militares.
En El País (15 de junio de 1986, p. 4) el ministro de Justicia Enrique Parejo denuncia que el presidente Betancur no le contestó la llamada al presidente de la Corte Reyes Echandía cuando pedía el cese el fuego. Delegó esa labor en el comandante de la Policía Reyes. El ministro de Justicia (Parejo) manifiesta haberle dicho al General Delgado Mallarino que era conveniente suspender las acciones mientras se intentaba una comunicación con Andrés Almarales, uno de los dirigentes del M19 que se tomaron el Palacio. Concretamente Parejo dijo que se intentaba que el Grupo de Operaciones Especiales GOES cesara en su intento de llegar a la cuarta planta del edificio, donde se presumía que estaban los guerrilleros con varios rehenes. Sin embargo, poco después y mientras se intentaba una comunicación telefónica con Almarales, el General Delgado anunció que el cuarto piso ya había sido ocupado por la policía y que los temores expuestos por Parejo, según los cuales una acción policial podría acarrear la muerte de los rehenes, “eran infundados, pues se acababa de informar que en ese piso no se había encontrado a nadie, ni vivo ni muerto”. El ministro de Justicia expresó en su declaración que esa explicación resultó falsa. Lo cierto es que el presidente de la Corte apareció muerto en el cuarto piso, desmintiendo a los propios militares. Almarales, según Petro, salió vivo del Palacio, lo torturaron afuera y le dieron tiro de gracia. Su cuerpo fue devuelto al Palacio y quedó calcinado.
Con su actuación, el Gobierno Nacional -incluyendo sus fuerzas armadas, vulneraron el Derecho Internacional, la Constitución Nacional, el Código Penal Colombiano y el Reglamento Militar. El abogado Eduardo Umaña Luna (exprofesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, padre de Eduardo Umaña Mendoza, quien llevaba el caso del Palacio en representación de las víctimas y para acallarlo fue asesinado en 1998 por parte de miembros de grupos paramilitares junto con la inteligencia militar) citó los Convenios de Ginebra, para mostrar cómo ellos fueron violados por el Gobierno colombiano. Umaña establece la responsabilidad constitucional y penal del jefe de Estado y su ministro de Defensa (Ver “Colombia Hoy Informa”, Año VII, N° 46-47, Bogotá, 1986).
Mediante Ley 5 de 1960 el Congreso Colombiano aprobó los acuerdos de la Conferencia Diplomática de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Para nuestro propósito es de interés el Convenio N° 4, que en su artículo 3° dice: “En caso de conflicto armado sin carácter internacional, y que surge en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las altas partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:
- Las personas que no participen directamente en las hostilidades…, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención, o cualquier otra causa, serán en toda circunstancia tratadas con humanidad sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio moral. A tal efecto, están y quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar, respecto a las personas arriba mencionadas: a) Los atentados a la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; b) La toma de rehenes; c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio emitido por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables para los pueblos civilizados.
- Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados; si un organismo humanitario imparcial tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja logra ofrecer sus servicios a las partes contendientes, las partes contendientes se esforzarán por poner en vigor por vía de acuerdos especiales, la totalidad o parte de las demás disposiciones del presente convenio…”.
Esta norma hace parte obligatoria del mandato jurídico nacional, y se violó totalmente con lo acaecido en el Palacio.
Dijo el Procurador Jiménez: “La Constitución asimila para los efectos en discusión, la guerra exterior a la conmoción interior, para decir que si como consecuencia de conmoción interior, el presidente ha declarado turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, rigen las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes para la guerra entre naciones. O sea que bajo estado de sitio, todo hecho bélico relacionado con el motivo originario de su declaratoria está cobijado por el Derecho de Gentes”.
Para Umaña Luna: El Procurador habló apenas de culpa penal, la culpa penal puede darse o por imprudencia o por negligencia; pero el Procurador no se atrevió a hablar de clara intención dañina con voluntad, con acto volitivo de causar daño; donde ya no se puede hablar de situación culposa sino de situación abiertamente dolosa, dañina, mal intencionada; y cuando es exagerada, verdaderamente criminal…Aunque no existiera esta Ley ni estos convenios de Ginebra, parece que la discusión se ha tratado sobre si se aplica o no el artículo tal del convenio tal. Se impondría el ius gentium en su esencia de guerra entre naciones que no ha desaparecido en la modernidad: lo que pasa es que el Convenio Internacional le viene a dar más fuerza y vigor, más énfasis, más reiteración. O sea que bajo el Estado de Sitio todo hecho relacionado con la causa de su declaratoria está cobijado por el Derecho de Gentes”.
En el caso del art. 121 de la Constitución Nacional vigente para entonces se estipulaba: “En caso de guerra exterior o de conmoción interna, podrá el presidente con la firma de todos sus ministros, declarar turbado el orden público y en Estado de Sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público, y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones”.
Por otra parte, el ordinal 8 del art. 120 de la Constitución vigente en ese entonces decía: “Corresponde al presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad administrativa, dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de guerra como jefe de los ejércitos de la nación”. Tuvo razón Betancur cuando dijo: “Yo ordené y la cúpula militar a través del ministro de Defensa cumplió una orden que yo podía dar…”. Hay que tener en cuenta que aquí no se habla de guerra internacional ni de guerra interna; se habla de guerra. El 121 se refiere a ambas situaciones: la interna y la internacional.
En la instrucción en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el Congresista instructor Horacio Serpa Uribe (candidato liberal derrotado a la presidencia en 1998) archivó la investigación contra Betancur, descartó la aplicación del Derecho de Gentes para el caso colombiano y calificó de “novedosa y sugestiva” la tesis del Procurador de entonces Carlos Jiménez Gómez. Serpa dijo: “ni el presidente, ni el ministro de Defensa cometieron delitos, y actuaron de buena fe al no negociar con el M19”. Dijo que la Comisión de Acusaciones de la Cámara no era competente para evaluar el caso bajo la luz del Derecho de Gentes. Curiosamente en 1990 el Procurador Alfonso Gómez Méndez solicitó la destitución del General Arias Cabrales, precisamente por desconocer el Derecho Internacional Humanitario en la recuperación del Palacio. Serpa incurrió en prevaricato.
En todo caso, a los diez años del holocausto, el Consejo de Estado había proferido 21 condenas contra la Nación. En ellas se ordenó la indemnización de 132 familiares de las víctimas (Ver El Espectador del 5 de nov/95, p. 8ª). Recalcamos en que dichas condenas corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo tanto, reina la impunidad en el aspecto penal en muchos casos y la verdad está oculta por un pacto de silencio del establishment.
Para Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación de Familiares Desaparecidos en el Palacio, “Las consecuencias son tremendamente notorias, espantosas para quienes llevamos diez años sin poder saber de los nuestros. Los familiares de los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia, que desaparecieron en su totalidad, no hemos recibido siquiera el gesto de ser recibidos en una oficina pública, porque se nos señala como enemigos del Estado. Las familias de esos desaparecidos cayeron en desgracia sin que jamás el Estado les diera la mano. La impunidad se sigue paseando y nosotros no tenemos siquiera una tumba a dónde llevar una rosa. Esas son las consecuencias que vivimos los familiares de los desaparecidos. Gente humilde, mujeres de servicio, meseros, que hoy no tienen sus hijos ni siquiera cómo vivir. No han recibido siquiera una sonrisa del Estado. (El Espectador, 5-XI-95, p. 2C.).
Como consecuencia de la toma, se desató una feroz represalia y hostigamiento contra algunos simpatizantes del M19 (sociedad civil no alzada en armas), teniendo muchos de ellos que abandonar el país en circunstancias extremas.
Para la fecha del magnicidio, el Brigadier General José Luis Vargas Villegas era el comandante del Departamento de Policía de Bogotá, por lo cual también debió procesarse al dirigir los operativos conjuntamente. Murió en la impunidad.
El Mayor General Iván Ramírez Quintero fue otro de los militares responsables en la contratoma del Palacio. En 2011, sin embargo, fue absuelto de los cargos. El paramilitar Salvatore Mancuso lo acusa de haber apoyado la masacre de El Aro y la JEP lo expulsó por no brindar verdad en el caso del genocidio de la Unión Patriótica, con más de 6 mil asesinatos políticos.
Sería importante rescatar los testimonios del teniente José Vicente Uribe, herido en la refriega; del Magistrado Reinaldo Arciniegas Baedecker, liberado para negociar el día 7. También recordar los testimonios del Magistrado Julio César Uribe Acosta, quien salió vivo. Hoy está muerto.
Sobre una eventual responsabilidad del M19, la verdad es que todos fueron muertos y otros desaparecidos, por lo cual lo único a investigar podría ser la autoría o complicidad del Mando Central, del cual hacía parte Antonio Navarro Wolff, aunque él ha dicho que se opuso a la toma. Igualmente, el presidente Petro, como lo consignó en el libro de su coautoría “Prohibido Olvidar”. Petro pidió perdón en la Iglesia del Voto Nacional y Navarro ha dicho que fue un error militar.
Es pertinente traer a la causa abierta en la JEP las declaraciones del Magistrado Humberto Murcia Ballén, la del ministro de Justicia Enrique Parejo, la del ministro de Gobierno Jaime Castro, quien dijo que la acción armada comenzó sin aguardar la orden civil, para “lavar” su imagen y salvar la responsabilidad del Ejecutivo Central. De Miguel Vega Uribe, quien dijo en el Parlamento que nada había que negociar con los guerrilleros. Típica formación de la Escuela de las Américas.
Lo curioso es que con la contratoma se destruyeron 1.200 casos de acusaciones al Ejército por torturas (provenientes la mayoría de las épocas de López y Turbay) y sólo 4 o 5 casos de extradición, por lo cual se confirma una maniobra dolosa del militarismo.
El testimonio de Reyes Echandía fue premonitorio: “Estamos en trance de muerte. Tienen que pedirle al Gobierno que cese el fuego. Rogarle al Ejército y a la Policía que se detengan. (El Páis, 8-XI-85, p. 2). Reyes informó a la radio que si el Gobierno no ordenaba el cese del fuego “habrá una hecatombe”. (Ibídem).
Reyes era muy amigo de Roberto Bergalli, profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, criminólogo que conoce secretos del caso. Igualmente, Asonal judicial se pronunció con un paro de jueces. Antonio Suárez -su presidente- tuvo que refugiarse en España por amenazas.
El presidente de Asonal Judicial de entonces, Magistrado Jaime Pardo Leal -asesinado luego-, expresó: “Los militares y policías tuvieron un comportamiento mucho peor que el de los guerrilleros” (Diario 16, 12-XI-85, p. 16). El propio Pardo dijo que en el Palacio estaban los expedientes por torturas y desapariciones, sobre todo contra el ministro y General Miguel Vega Uribe, responsabilizado por el Consejo de Estado de las torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos contra varias personas y en especial contra una joven médica (Olga López) a quien acusaron de ser miembro del M19.
La declaración de la magistrada Aidé Anzola demuestra que los guerrilleros no asesinaron a los magistrados, sino que fueron víctimas del fuego militar gubernamental.
Mucho sabe la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, que tuvo varios procesos en curso, algunos ya fallados, contra los militares que incurrieron en estos desmanes.
Sin embargo, la Comisión II del Senado, en contubernio con el Gobierno, ascendió y condecoró a numerosos militares asesinos.
El General Vega Uribe dijo después de la contratoma: “La actitud del ejército ha dejado fortalecida la democracia”. ¡Expresión sorprendente!
Belisario Betancur creó un Tribunal Especial de Investigación que exoneró a la Rama Ejecutiva del Poder Público; fue un acto prevaricador. El Informe de la Procuraduría inicial fue vacilante, no contundente, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara no inició siquiera la investigación, por culpa del político Horacio Serpa Uribe.
El coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Artillería, dirigió el operativo. Posteriormente se lanzó al Senado por el uribismo. Fue absuelto por la Corte Suprema por “duda”. Nada más contraevidente. Fue el de la famosa frase: “Aquí defendiendo la democracia, maestro! Para él, la democracia se defendía con cañonazos, fuego y sangre.
Para algunos, es insustancial el argumento del retiro de la seguridad del Palacio de Justicia para la época de la toma, frente al genocidio efectuado por la tropa. Sin embargo, no es de tono menor la propuesta de la hermana de la desaparecida Irma Franco (Socorro Franco) en reciente entrevista, la cual informó sobre la posibilidad de operar una infiltración militar del M19, la develación de la presunta toma del 17 de octubre (por la visita de Mitterrand a Colombia) y luego la “operación ratonera”, que consiste en retirar la seguridad del Palacio dos días antes para que entrara la guerrilla y fulminar a los insurgentes, junto a los incómodos magistrados que los estaban procesando. El exmagistrado Ramiro Borja es de esta tesis, así como Jorge Franco. El cadáver de Irma parece que fue movido del antiguo Batallón Charry Solano cuando iba a ser exhumado.
El Ejército dice que “rescató” a 215 personas, lo cual no es cierto, pues varias desaparecieron.
El Cabo 2° del Ejército José Domingo Bohórquez dijo: “Portaba un fusil Galil con 40 tiros, pero la verdad es que no sabía a quién dispararle por lo oscuro y difícil de la situación”. Ello demuestra la responsabilidad por vulnerar el principio de precaución en la operación militar.
En su declaración al ministerio Público, el presidente Betancur afirmó que sí dirigió y es responsable del manejo político de la contratoma del Palacio, pero que la parte logística, militar, de armamento, la dirigieron el comandante del Ejército y el comandante de la Policía. Aunque él lo niega, su hermano Jaime Betancur dijo que sí habló con el presidente cuando estaba cautivo como rehén y que luego salió libre. Se dice que dejó un libro póstumo diciendo la verdad de lo acontecido, pero muerto Betancur su esposa Dalita jamás lo dio a conocer. Seguramente se traspapeló en su casa de Barichara.
Es vital el testimonio de Álvaro Villegas Moreno, presidente del Senado, quien afirmó que Belisario Betancur se rehusó a negociar: “quiero decirle sólo a Ud. que no voy a negociar”, una vez fueron consultados los expresidentes (también genocidas como él) y los candidatos presidenciales.
Es indudable que el Ejército fue el culpable del incendio, pues hay un peritazgo científico sobre los cohetes roquets y del cohete AT-MT-242 que desprende una ola de calor de entre 800 y 1000 grados centígrados, con el agravante de que los militares no dejaron entrar a los bomberos a apagar el fuego. Luz Mary Portela y Julio César Andrade eran rehenes que salieron vivos y están desaparecidos.
El levantamiento de cadáveres lo hicieron los propios militares, por orden del Brigadier General José Luis Vargas Villegas y el alcalde de Bogotá, ya fallecido, Hisnardo Ardila.
El soldado de artillería José Yesid Cardona, quien estuvo en los operativos, dijo que varios de los “rescatados” salieron vivos hacia la Casa del Florero, cuartel temporal de los militares desde donde coordinaban las acciones y las desapariciones. El celador de dicha casa identificó a Irma Franco como la persona sacada en un Nissan Patrol verde cabinado por varios detectives y desaparecida hasta hoy día.
Se violó la Conferencia Diplomática de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobada por la Ley 5 de 1960 en Colombia, en especial el Convenio relativo al trato de prisioneros de guerra y a la protección de las personas civiles. Se violó el Derecho de Gentes y el Derecho Internacional Público.
El 20 de junio de 1986 el Procurador General de la Nación Carlos Jiménez Gómez denunció ante la Cámara de Representantes a Belisario Betancur y a su Ministro de Defensa Miguel Vega Uribe “por su acción y/u omisión en relación con el personal civil, rehenes o no, atrapado y no evacuado en las instalaciones del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como consecuencia y en desarrollo de la ocupación violenta de dicha edificación por el movimiento guerrillero M19 y durante el combate librado para su recuperación. (Ver: Procuraduría General de la Nación. “El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes”. Ed. Printer, 1986, p. 31.).
La tesis central del Procurador es que la toma del Palacio de Justicia fue un acto de guerra durante el cual no se hizo lo debido para rescatar a los terceros inocentes. Dice, entre otras cosas: “El Derecho de Gentes tiene principal y originariamente carácter consuetudinario, no escrito, y se basa en los valores jurídicos y sentimientos humanitarios de los pueblos civilizados y en la práctica que ellos han ido generando a lo largo de la historia. Todos estos comparten el deber de respeto a la vida e integridad personal de los presos de guerra y de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, tanto como los rehenes enemigos en poder propio, lo que, a mayor abundamiento, debe aplicarse a la consideración por los rehenes propios en poder del enemigo y, en general, a los derechos de la población no combatiente en el curso de conflictos armados (Ibid. p. 28). Como hemos dicho, la denuncia del Procurador no tuvo el respaldo esperado, pues el Juez 30 de Instrucción Criminal, a quien le correspondió calificar los hechos de la toma y contratoma del Palacio de Justicia, en auto del 31 de enero de 1989, dejó una constancia procesal según la cual tanto el M19 con las Fuerzas Armadas violaron ostensiblemente el DIH, el primero en razón de la aprehensión y toma de rehenes, y el segundo a causa del irrespeto a la vida de los terceros inocentes. Entendió (erróneamente) que hubo, pues, un “empate militar” no punible.
Una de las pocas sanciones efectivas sobre los hechos del Palacio de Justicia fue la Resolución 404 del 28 de septiembre de 1990 del Procurador Delegado para las Fuerzas Militares José Plinio Moreno Rodríguez, confirmada por el Procurador General de la nación de entonces Carlos Gustavo Arrieta Padilla, quien sancionó disciplinariamente con solicitud de destitución -desvinculación definitiva de las Fuerzas Militares- al general Jesús Armando Arias Cabrales en su condición de Comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional para la época de los hechos de la toma del Palacio de Justicia, porque siendo el oficial bajo cuya responsabilidad se llevó a cabo la operación militar, no tomó las medidas necesarias tendientes a proteger la vida de los rehenes indefensos, ajenos al conflicto, sobreponiendo su seguridad física al sometimiento del grupo guerrillero, violando entre otras la Ley 5 de 1960 que incorporó al derecho colombiano las normas del DIH, en particular el art. 3 común que precisa la inexcusable obligatoriedad de respetar y proteger la vida y la integridad corporal de las personas ajenas a un conflicto armado sin carácter internacional”. Dice entre otras cosas que “la ofensiva demostrada por el Ejército no podía tener como objeto la protección de los rehenes sino, por el contrario, afianzar la capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas”. (Ib. p. 23).
EL FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
En noviembre de 2014 se produce un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se condena a Colombia por desaparición forzada de 12 personas, principalmente trabajadores, de la cafetería del Palacio de Justicia, incluyendo al Magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, de quien se sabe que salió del Palacio vivo (por videos) y luego fue llevado muerto al Palacio. Se comprobaron las torturas a los estudiantes del Externado Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
Fierenstain introduce el concepto de genocidio político como forma de reconfiguración el espectro político en una región, haciendo el paralelo entre el holocausto nazi y la dictadura argentina. En este caso, la Fuerza Pública presente en la retoma del palacio de Justicia con operaciones como “rastrillo” pensaban que liquidando los guerrilleros del Palacio de justicia eliminaban un foco “subversivo” para siempre, sobre la base de que eran “indeseables” y “contrarios a la moral católica y democrática imperante”. En esta forma surge un imaginario consistente en creer que “muerta la perra se acabó la rabia”. ¡Cuán equivocados estaban! La presencia electoral de exmilitantes del M19 en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá y hoy en la Presidencia demostró su grave yerro. Se trata de reconfigurar un modelo político excluyente y hegemónico, que no permita la cabida de nuevas fuerzas o propuestas en el escenario nacional, recurriendo a su eliminación de carácter genocida para exterminarlas.
La conclusión es que 40 años después del genocidio ocurrido como consecuencia de la acción violenta del Estado en la contratoma, le ha correspondido a la Corte Interamericana de DDHH el papel de haber impartido justicia ante la inoperancia del Estado colombiano, condenándolo. La JEP tiene en sus manos resarcir el “Pacto de silencio” del establishment a que han condenado a las víctimas, a la justicia y al pueblo colombiano.
Algo muy grave es ver que los deudos han estado velando a restos de personas que no eran sus familiares víctimas del holocausto, dada la situación de desorden y de maleficencia empleada por la Fuerza Pública. No olvidemos que después del incendio y el asesinato de más de cien personas dentro del Palacio, las instalaciones fueron lavadas y los cadáveres calcinados también y movidos hacia el primer piso, con el fin de borrar las huellas de la vergüenza y la ignominia.
EN LOS CUARENTA AÑOS DEL HOLOCAUSTO
Hemos completado 40 años sin que las heridas hayan cicatrizado. Por el contrario, hay sectores reaccionarios que pretenden enlodar el nombre del presidente Petro para manifestar que es uno de los responsables de la toma y que no está indultado, por lo cual puede ser procesado y detenido (ver artículo de Néstor Humberto Martínez en El Tiempo, noviembre 9 de 2025). Uribe Vélez propone el indulto a los militares que están siendo procesados por estos hechos y a los condenados. Esto dentro de la época preelectoral que pretende unir a la derecha para derrotar al Pacto Histórico en 2026, sorprendidos por los resultados en frío de la militancia con más de 2.700.000 votos. Petro pide perdón a las víctimas de la Unión Patriótica (6.200 muertos) en el marco de la CELAC como jefe de Estado, por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La reparación a las víctimas va muy lenta.
Respecto a la Fiscalía, luego de la brillante tarea de Angela María Buitrago, la misma lleva 15 años prácticamente quieta. Se le ha solicitado a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que realice una audiencia de seguimiento a la sentencia para revisar el estado de desconocimiento de la misma por parte del Estado.
El Informe de la Comisión de la Verdad integrada por los tres exmagistrados de la Corte Suprema es bastante cuestionable, pues valida algo que no se ha podido comprobar: que el M19 fue financiado por Pablo Escobar para realizar la toma. Carlos Lehder en su libro, así como otros testigos coinciden en que no fue así. Que el M19 actuó sólo, fruto –según ellos- del incumplimiento del Gobierno de los acuerdos pactados. El libro de Carrigan, que es muy serio y documentado, tampoco avala esta hipótesis.
Es claro que con ardides se pretendió decir que el presidente de la Corte Patiño Rosselli había solicitado el retiro de la seguridad del Palacio, lo cual es falso. Debería llamarse al General Víctor Delgado Mallarino a declarar (96 años tiene).
El levantamiento de cadáveres lo hizo la Justicia Penal Militar y no la justicia ordinaria, lo cual confirma el interés de los militares en borrar evidencias, dentro de la denominada Operación Tricolor. También siguieron el Manual 001 y 002 de inteligencia militar, continuando en la práctica con el Estatuto de Seguridad, pese a que ya se había derogado.
El cabo Edgar Villamizar Espinel fue amenazado por denunciar los hechos y la verdad, y por el “Pacto del silencio” lo obligaron a retractarse en 2015.
Recientemente nuevas intervenciones han sido muy valiosas para descubrir la verdad: la pobre defensa que hizo la exministra de comunicaciones Nohemí Sanín frente a la censura de prensa (pasaron un partido de fútbol en los medios y no la noticia del avance de la toma y retoma). Se afectó el derecho a la información de los colombianos. El periodista Jorge Rojas denunció amenazas de Nohemí Sanín como ministra de comunicaciones por atreverse a transmitir noticias de la retoma del Palacio. Igualmente, el exprocurador Alfonso Gómez Méndez ha señalado la responsabilidad de los militares en el exceso de la fuerza y la inaplicación de la Ley 5 de 1960.
Los trabajos de David Marín recrean lo acontecido en versión 3D, comprobando las torturas, así como el Informe de la Comisión de la Verdad dirigida por Francisco de Roux, informe muy serio que debe tenerse en cuenta en la JEP. La serie Arcanos y Reyes reúnes centenares de testimonios, procesados de manera secuencial y científica, que deben recogerse para la decisión. Sadovnik ordenó recuperar el material periodístico, para ocultar la verdad. El segundo día bloquearon a la prensa y no la dejaron grabar.
También el testimonio muy valioso de Leonardio Dorado, integrante de la inteligencia y contrainteligencia militar, quien manifestó a Helena Urán que los militares querían asesinar a los magistrados y a los guerrilleros, a todos dentro. También que el Ejército le tendió una trampa a la guerrilla (la ratonera).
El exmagistrado Nicolás Pájaro Peñaranda en importante declaración argumenta la responsabilidad de los militares en la contratoma, así como la exministra Ángela María Buitrago, quien manifestó que por acción del Ejército se impactó el baño con guerrilleros y rehenes en el tercer piso y que ello generó la muerte de varias personas. Esto se observa en la película “Noviembre”, que ha sido censurada por un Juez de la República, en ataque directo a la libertad de creación artística, así como del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “La última Tentación de Cristo” contra Chile.
Ramiro Borja, exmagistrado del Consejo de Estado, en entrevista a RTVC ha manifestado que el Ejército fue el responsable del holocausto y en entrevista personal me manifestó que fue una venganza del estamento castrense por la condena derivada de las torturas infligidas a la médica Olga López en el Gobierno Turbay. Recordemos que los procesos de responsabilidad estatal y reparación directa como consecuencia de las torturas y violaciones de los Derechos Humanos en el cuatrienio de Turbay Ayala (Estatuto de Seguridad) se estaban tramitando en estas altas corporaciones, en especial en el Consejo de Estado. Ilustres personas como Orlando Fals Borda y su esposa María Cristina Salazar fueron torturados, así como Fabio Mojica y su esposa Rosita, entre otros, con graves secuelas.
El Instituto de Medicina Legal fue cómplice de la impunidad. Quizá las investigaciones de Helena Urán Bidegaín, hija del magistrado asesinado Carlos Urán, constituyen elementos muy valiosos a considerar para la memoria histórica. En su último libro “Deshacer los nudos” logra mostrar la participación de los Estados Unidos en el envío de explosivos y de personas expertas para apoyar la contratoma del Palacio.
Dice Helena en la página 151 de su libro: “Encontré informes forenses de otras víctimas en medio de los hechos del Palacio de Justicia e inicié una comparación, un estudio minucioso de los folios. De pronto, algo que me saltó a la vista me desconcertó: la necropsia de mi padre no tiene datos únicos. En varias víctimas emerge un patrón escalofriante. Un porcentaje significativo de personas presenta lesiones por herida de bala en el cráneo, algo raro en combates, pero, en cambio, muy frecuente en ejecuciones premeditadas. Las heridas eran similares, las formas de muerte resultaron repetidas, como si todas las víctimas hubiesen sido sometidas al mismo guion, al mismo manual de tortura y ejecución. ¿Era lo que los militares habían aprendido en la Escuela de las Américas?”.
Evidentemente las “Cajas negras” descritas en la Comisión de la Verdad, así lo demuestran. Existían manuales de interrogatorio, fruto de las órdenes desde Estados Unidos de imponer la doctrina del “enemigo interno” y que tantos estragos hizo en el Cono Sur Latinoamericano, como el derrocamiento a sangre y fuego del presidente Salvador Allende y la cárcel por 14 años y heridas propinadas a Pepe Mujica. 28.000 desaparecidos en Argentina por parte de la dictadura militar, 3.000 en Chile. Es clave aquí apoyar la desclasificación de los archivos de seguridad de los Estados Unidos, así como los archivos del DAS en Colombia, de donde saldrán importantes acervos probatorios esenciales para proceder judicialmente. Petro debería coordinar con la Fiscalía la exploración de algunos sitios como la Escuela de Caballería y el antiguo batallón Charry Solano para encontrar vestigios de los cadáveres víctimas de torturas y desaparición.
Tampoco es viable lo manifestado por militares en la contratoma, respecto a que los guerrilleros fueron los causantes del incendio, pues querían quemar los expedientes que tramitaban la extradición, pues el guerrillero del M19 no es musulmán, ni mártir de Al-aqsa, porque sabe que vale más vivo que muerto y no pretende inmolarse, situación que además la puede considerar un error militar. Lo correcto era detener y juzgar a los guerrilleros, con las normas del Estado de Derecho, si lo había. Tampoco es cierto que Pablo Escobar hubiera financiado la operación del M19. Lehder –cercano al capo- desmiente a alias “Popeye” y a la amante de Escobar Virginia Vallejo.
Lo relatado aquí en torno al “Holocausto” obedece a la imposición de la necropolítica, el desprecio por la vida humana y la defensa ante todo de la codicia y del poder por encima de la vida de las personas. Es necesario, en consecuencia, convocar el Tribunal Internacional de Opinión TRINO para asumir este veredicto y cursarlo ante las instituciones competentes para que cese la impunidad de cuatro décadas. La Fiscalía y la JEP, por lo pronto, tienen deudas pendientes en esta materia. Hay que buscar la verdad para generar la conciencia de la memoria histórica. Sólo así podremos hablar de una democracia donde se respeten y garanticen los Derechos Humanos. Hay que convertir las caballerizas en Museos del horror para que nunca más vuelvan a ocurrir estos hechos execrables.
En homenaje a las víctimas, quiero recordar el aparte del fallo de responsabilidad estatal del Consejo de Estado por las torturas recibidas por Olga López Jaramillo:
“Las instituciones democráticas tienen el derecho y el deber de defenderse y el ejercicio de tal potestad es perfectamente legítimo, pero lo que resulta inadmisible, contrario a derecho, es que para mantener la democracia y el Estado de Derecho, el Ejecutivo utilice métodos irracionales, inhumanos, sancionados por la ley, rechazados por la justicia y proscritos mundialmente por todas las convenciones de derechos humanos y que ninguna concepción civilizada del ejercicio del poder podrían autorizar o legitimar. Eso es justamente la negación de los principios e ideales que se pretenden defender y que son la razón misma que justifica la existencia de una sociedad jurídicamente organizada”.
Luis Bernardo Díaz G. Presidente Tribunal Internacional de Opinión TRINO
Foto tomada de: Canal Institucional
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