Estos objetivos han sido buscados desde la propia Asamblea Constituyente de 1991, pero, por diversas decisiones, han sido esquivos y lo que hoy se expresa en la estructura económica e institucional del país es que las acciones que se han emprendido lo que han generado son procesos de recentralización en lo fiscal, aglomeración de las funciones administrativas y técnicas en cabeza de las entidades territoriales de mayor capacidad económica y fiscal y, muy particularmente, la profundización de la concentración económica y social en contra, tanto de los sectores sociales más desfavorecidos como de las entidades territoriales con mayor pobreza y menos posibilidades reales de desarrollo económico.
Bajo esas condiciones volvernos a plantear el interrogante de cómo construimos ese país descentralizado y con convergencia territorial no sólo es un reto desde el punto de vista fiscal si no, sobre todo, un repensar del modelo de desarrollo económico que hemos puesto en práctica en los últimos 35 años. Es decir, volver a discutir los procesos de descentralización y de convergencia territorial es poner en evidencia que el modelo neoliberal que se ha aplicado en Colombia no ha resuelto los problemas que se había propuesto superar y por el contrario, ha profundizado las condiciones de inequidad en lo económico, lo social, lo administrativo y lo político, con base en una supuesta eficiencia de los mercados en sectores altamente críticos como es el agua para el consumo humano, la salud y la educación.
El proceso de descentralización ha devenido en el fortalecimiento de los clanes políticos regionales y locales y consolidación de prácticas políticas, que como la compra de votos, son absolutamente contrarias a las ideas que se expresaban en la elección popular de alcaldes y gobernadores que tenían como principio fundamental acercar el ejercicio del poder político a los ciudadanos. No se está, de ninguna manera, pretendiendo volver al centralismo político de la constitución de 1886, pero tenemos que erradicar las prácticas políticas clientelistas y corruptas que se han apoderado del ejercicio de la política local y regional. Fortalecer los procesos de descentralización pasa por una lucha denodada contra la corrupción que se ha apoderado de los gobiernos locales y ha convertido al Estado en el botín burocrático y económico de esas oligarquías clientelistas y corruptas que se expresan en la política local.
La autonomía regional se expresa fundamentalmente en la reafirmación de la desconcentración de los recursos fiscales destinados al desarrollo económico; es decir, la autonomía regional debe pasar por el fortalecimiento de un Estado local y regional que identifique las ventajas comparativas y competitivas del territorio para ser desarrolladas con base en la confluencia de los recursos públicos fiscales de transferencia del Sistema General de Participaciones con las acciones públicas, privadas y populares, para que por medio de una economía fortalecida se tengan las condiciones necesarias para hacer de los territorios la fuente del crecimiento económico y bienestar social que requiere cada región.
Desde siempre hemos dicho que Colombia es un país de regiones, pero el desarrollo económico se concentra cada vez más en unas pocas áreas territoriales, al punto que hoy, Bogotá representa el 24% del PIB y cinco ciudades adicionales, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena representan otro tanto, concentrando el desarrollo económico nacional y el resto del territorio, 1.098 municipios sólo representan poco más del 40%. Debemos mirar cómo hacer de las economías populares y de las ventajas competitivas y comparativas de los territorios nuestro motor de crecimiento y desarrollo económico y superar definitivamente la falsa concepción de que lo popular es informal. La ley de competencias, que en la actualidad se discute en la opinión pública, tiene que reconocer tal realidad y en su propósito de fortalecimiento regional, debe apoyar las acciones de los entes territoriales, particularmente los departamentos, para que se den los encadenamientos necesarios para que la economía popular sea la expresión de las economías territoriales en Colombia.
Cuando en el acto legislativo se habla del cierre de brechas nos referimos a la necesidad de disminuir las desigualdades que se presentan en lo económico, lo social y lo administrativo, que han impedido la construcción de un verdadero Estado social de derecho, como el que plantea la constitución política. Las brechas existentes son el producto de un país que se ha construido alrededor de las oligarquías económicas y políticas con un profundo sentido de exclusión, que ha considerado que la acción del Estado debe contribuir a la formación y ampliación del mercado, olvidando la necesidad de ser instrumento para la promoción al acceso libre e igualitario a los servicios públicos y sociales que el Estado debe generar con base en las políticas públicas.
Este propósito del Estado del bienestar ha sido una constante en el discurso político colombiano y se concretó en una constitución garantista como la de 1991; pese a ello, la práctica económica en estos últimos 34 años ha estado signada por la ideología neoliberal, que considera que el mercado y la libre acción empresarial podía resolver las desigualdades sociales que históricamente nos han afectado, con la excepción de los esfuerzos de cambio de éste gobierno. Esta pretensión no se ha cumplido y por el contrario, las decisiones de política económica y de gasto público han profundizado las desigualdades económicas y sociales, consolidándonos como uno de los países más desiguales de América y del mundo, donde las brechas no solo responden a equivocadas políticas públicas si no a fallas de mercado que se expresan en la consolidación de los monopolios, los oligopolios, la exclusión económica y la pobreza. El modelo adoptado ha dejado a amplios grupos sociales en pobreza y también a extensas zonas urbanas y áreas rurales que se han visto excluidas y empobrecidas por las prácticas políticas y económicas que se han hecho hegemónicas en las decisiones de la política pública en Colombia.
La reforma constitucional puso en discusión la forma a través de la cual el Estado central colombiano le transfiere recursos a las entidades territoriales, por medio del sistema general de participaciones, pero además está llamando la atención en las fallas de mercado que se han generado y que obligan a repensar el tipo de sociedad y de Estado que estamos construyendo. Los retos que se desprenden de la reforma constitucional y que se expresan en el proyecto de ley de competencias que estamos elaborando, es el de definir la nueva arquitectura constitucional e institucional colombiana con base en el principio de qué el gasto público realizado por medio del Sistema General de Participaciones tiene que contribuir al cierre de brechas económicas sociales y administrativas que el propio modelo de desarrollo ha establecido en Colombia. Convertir el cierre de brechas en la razón de ser de la reforma constitucional y de la ley de competencias es la oportunidad para hacer efectivo los derechos establecidos en la constitución política nacional y que los derechos y que las garantías establecidas en esta no sean más una letra muerta, que ha sido sistemáticamente burlada por las políticas públicas económicas en favor de las oligarquías y el gran capital.
El proyecto de ley de competencias, por tanto, se ha centrado en cómo generar los elementos conceptuales y administrativos para cerrar las brechas sectoriales en salud, educación y agua para el consumo humano y saneamiento básico, reconociendo que este es apenas el primer paso que estamos dando para hacer efectivos los derechos de los territorios y los grupos sociales que han sido históricamente marginados.
Somos conscientes que este proyecto de ley es un paso necesario para construir ese país que todos queremos y en donde todos quepamos: un país descentralizado con autonomía territorial y con convergencia económica, social y territorial en favor de los sectores más pobres. Centrar esfuerzos en el cierre de brechas es priorizar la equidad social sobre la eficiencia del mercado pues se ofrece una respuesta institucional para garantizar los derechos establecidos en la Constitución Política y reducir las desigualdades fortalecidas con las políticas neoliberales.
Ismael A. Molina, Subdirector de Saneamiento Fiscal Territorial – Ministerio de Hacienda.
Foto tomada de: Radio Diez de Marzo
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