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La justicia internacional ordena actuar frente al cambio climático

28 julio, 2025 By Gabriel Bustamente Leave a Comment

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Casi de forma concomitante con la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, del 3 de julio de 2025, el pasado 19 de julio La Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, CIJ, el Tribunal más importante del mundo, acaba de reconocer lo que la comunidad científica venía advirtiendo hace décadas, que el aumento de la temperatura del planeta, causado por actividades humanas, especialmente vinculadas a la explotación de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), constituye “un problema existencial de proporciones planetarias que pone en peligro a todas las formas de vida y a la salud misma del planeta”

Este anuncio suena apocalíptico y efectivamente lo es, porque los efectos de la emergencia climática que vive el mundo son catastróficos y en parte irreversibles, por lo que la advertencia de la comunidad científica y la justicia internacional no puede ser más contundente: o hacemos una transición energética hacia fuentes limpias, abandonando especialmente el petróleo, y restauramos los ecosistemas inherentes a brindar las condiciones para la vida, o la especie humana tiene los días contados y la extinción masiva que se avecina, de no tomar medidas urgentes, afectará a toda forma de vida en el planeta.

Por eso este pronunciamiento de la CIJ, que se suma a los de la Corte IDH, y al de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, representa la respuesta de la justicia mundial frente a las actitudes dañinas de un sistema económico anti-ético. Modelo que colocó el lucro desmedido de unos pocos, las comodidades de unos privilegiados, por encima de la supervivencia de la especie humana y de toda forma de vida en la tierra, al atentar con sus actividades de explotación de combustibles fósiles contra el equilibrio climático del planeta, dañar irreparablemente los ecosistemas esenciales para la vida y generar un modelo de desarrollo depredador, ignorante y déspota, que causa una gran desigualdad y miseria  territorial y poblacional, y que raya en lo perverso y criminal, el neoliberalismo.

El derecho internacional que por todos estos años se alejó de la ética y estuvo al servicio de los intereses económicos de los más poderosos, legitimando una enorme injusticia ambiental y humana. Hoy, en medio de esta crisis climática e histórica, se armoniza con el llamado de la ciencia y de las comunidades ancestrales, reclamando un nuevo trato, una relación más amable y armónica con la naturaleza. Derecho internacional que  exige acciones concretas y urgentes a los Estados, a las empresas y transnacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a todas y cada una de las personas, porque la dimensión de la emergencia es de tal magnitud que requiere la contribución de todos para asegurar nuestra supervivencia en el planeta y garantizar que nuestros hijos, nietos y generaciones futuras puedan gozar, al igual que los demás seres vivos, de un planeta en condiciones de garantizar la continuidad de la vida.

Desde este contexto y perspectiva, la CIJ ha interpretado las normas del derecho internacional de los derechos humanos en relación de dependencia con las herramientas de contención y lucha frente a la emergencia climática, es decir, que no podemos garantizar los derechos humanos a las personas y poblaciones si no garantizamos frenar el calentamiento global con acciones urgentes y contundentes. Por tal motivo, la Corte advierte que de no tomar medidas para proteger adecuadamente el sistema climático de las emisiones de gases efecto invernadero, de seguir depredando los ecosistemas estratégicos que constituyen reservas de carbono y de no proteger a las comunidades más vulnerables frente a la emergencia climática se puede configurar un acto ilícito a la luz del derecho internacional. Y por lo tanto, los Estados deberán asumir la responsabilidad legal de restituir o indemnizar, lo cual incluye principalmente la producción, el consumo, el impulso, la concesión, las licencias de exploración o la provisión de subsidios para la explotación de combustibles fósiles.

En conclusión, el principal Tribunal Judicial del mundo se ha pronunciado frente al deber jurídico de los Estados de prevenir los daños al sistema climático y, de ser encontrados culpables, reparar integralmente a los países o comunidades afectadas. Con lo cual se viene un interesante capítulo de litigio estratégico en material ambiental y ecológica que beneficiará a países y comunidades vulnerables a la emergencia climática, que están al borde de la extinción inminente por consecuencia directa del calentamiento global.

Pero la vía judicial no será la única forma de lograr una reparación, ya que se abre un interesante camino de cabildeo y negociaciones internacionales para que, frente a la responsabilidad de una o varias potencias industriales, principales responsables de la emisión de gases efecto invernadero, se logre restituir o indemnizar a países o comunidades afectadas por la emergencia climática.

De igual forma, y tal como lo propuso con anterioridad el presidente colombiano, Gustavo Petro, se abre un camino viable a futuras compensaciones para los países del del sur global, frente a que se elimine o deduzca parte de sus deudas internacionales como mecanismo de reparación por daños evidentes causados por el calentamiento global, o por la labor de conservación de importantes reservorios de carbono como es la selva amazónica, los páramos o el océano.

El gran reto que viene para los estados afectados y vulnerables para lograr una reparación, es definir cómo probar la responsabilidad directa de los grandes estados contaminadores del ambiente, donde va a ser fundamental el papel de la comunidad científica, a través de una ciencia emergente y cada vez más consolidada, la ciencia de la atribución, pero también de la osadía de los jueces nacionales que pondrán a prueba su independencia y compromiso con el futuro del planeta en medio de grandes tensiones políticas y económicas, especialmente en países hoy gobernados por negacionistas del cambio climático y beneficiarios de los grandes conglomerados económicos, por no decir plutocracias, como los Estados Unidos.

Y por último, será de enorme utilidad lo que haga la comunidad internacional para el cumplimiento de los derechos en el marco de la emergencia climática, como por ejemplo la creación de un fondo de reparación y compensación mundial, que pueda amortiguar rápida y efectivamente los daños ocasionados por el aumento de la temperatura, pero especialmente de restitución de derechos a países y comunidades vulnerables y evitar que esta decisión de la CIJ quede en letra muerta y con ella muera también el planeta por la inacción de los Estados y la sociedad civil.

Gabriel Bustamante Peña, Presidente del Instituto de Ética Pública

Foto tomada de: Amazon Frontlines

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