Un simple acto administrativo, que no debería de concitar tamaño enfrentamiento institucional, los magistrados de la CSJ lo convirtieron en un asunto de una inexistente complejidad. ¿Si ya hace meses aceptaron las hojas de vida de las ternadas, cuál es la demora en elegir a la mejor?
Horas después de lo expresado por Reyes, entró a terciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El organismo internacional exhortó a la CSJ para que “a la mayor brevedad posible” elija a la nueva titular del ente investigador, hoy en manos de la cuestionada Martha Mancera. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible“.
Estamos ante dos posturas diametralmente distintas que hacen pensar en que el simple acto administrativo constituye realmente una decisión trascendental contaminada muy seguramente por intereses personales y corporativos de poderosos agentes económicos y políticos del establecimiento colombiano a los que no les conviene que se elija a una nueva fiscal que de pronto ordene reabrir procesos penales en los que están involucrados. Prefieren, claro está, la interinidad de Mancera, porque saben que ella es la continuidad de Barbosa, en el cuerpito y en las carnitas de la cuestionada fiscal encargada (o encartada).
Al parecer, en la CIDH tienen claro que existen poderosos actores políticos y económicos que no quieren que por primera vez en Colombia haya una terna de mujeres preparadas y no recomendadas por amistad con aquellos poderosos o lo que es peor, amiguitas del presidente de la República. En este punto recordemos que el fiscal Barbosa fue ternado por su amigo entrañable, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez. Al final, la CSJ de la época cometió el gravísimo e imperdonable error de elegirlo como fiscal general.
El espaldarazo de la CIDH al gobierno Petro constituye un hecho político que bien podría tener efectos políticos en los mismos Estados Unidos. Con la misiva de la CIDH, la elección de la nueva fiscal en Colombia se volvió un asunto internacional, lo que bien podría tener efectos que bien pueden asumirse como positivos o negativos, dependiendo de la perspectiva política desde la que se asuma la lectura de la situación. Podría ser positivo para el gobierno Petro que los togados de la CSJ por fin este 22 de febrero voten y elijan a la mujer que remplazara al egocéntrico de Francisco Barbosa y se recupere, para la sociedad y el Estado de derecho, la maltrecha institucionalidad de la Fiscalía, fruto de la pésima gestión de Barbosa.
También podría producirse la intervención directa de la DEA y los Departamentos de Justicia y Estado de los Estados Unidos a raíz de las versiones periodísticas que señalan que Barbosa y Mancera habrían protegido a mafiosos y a fiscales con vínculos con traquetos del norte del Valle del Cauca. De darse esa situación, la narrativa que señala que Colombia es un Estado mafioso se confirmaría, lo que obviamente afectaría los esfuerzos del actual gobierno de enfrentar no solo a los narcotraficantes, sino a sus amigos y compinches de cuello blanco. Esa misma reacción de los entes americanos serviría para consolidar las buenas relaciones y la confianza entre los gobiernos de Biden y Petro, lo que redundaría en beneficio de Colombia.
Germán Ayala Osorio
Foto tomada de: El Pulso Del Tiempo
Deja un comentario