Las víctimas son precisamente aquellos que el Estado debe proteger, los más vulnerables. Porque no basta que las políticas públicas se orienten a favorecer a los favorecidos, sino que precisa joder a los jodidos, no solo escatimando los derechos, sino orientando la fuerza pública a la defensa de mafiosos y terratenientes, permítase el pleonasmo, mientras tiene balazos para los de a pie.
Ahora los generales de la República se dedican a construir coartadas para justificar la carnicería contra civiles, y a presentar como normal asesinar a connacionales indefensos, como lo hizo recientemente el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia, que no está en guerra contra alguna potencia extranjera, o algún invasor, sino contra sus compatriotas. Decía este verdugo de un gobierno ilegítimo, a su vez gobernado por personajes oscuros, que era normal matar niños y mujeres en embarazo. El partido de gobierno aplaudió a rabiar esa confesión de crímenes de guerra.
Porque la degradación del conflicto armado colombiano trasciende la coartada de las manzanas podridas, además, en la descomposición de las fuerzas militares y de policía hay muchos protagonistas sin uniforme que se suelen beneficiar de las matazones que cometen los uniformados.
Matanzas como la del Putumayo, por la cual el partido de Uribe pasea a los generales en hombros, no son inmotivadas. Tampoco son fruto del azar. Corresponden a una visión política consolidada, hegemónica durante dos décadas, y tienen un fundamento racista: Discriminan a indígenas, negros, y pobres.
Como ha quedado claro en el actual debate electoral la derecha en Colombia no tiene una propuesta de país diferente a explotar sus recursos a cualquier costo. Para eso les estorba la población, a ellos que dicen ser candidatos de la gente les fastidia la gente. No conciben el país sino como una inmensa guaca, o una finca llena de vacas y sin gente.
Así, los que aplauden que los militares maten ciudadanos en indefensión, son los mismos que gritan que los están persiguiendo cuando se descubre cómo se abudinearon los dineros para la conectividad digital de los menores más excluidos. De igual manera, han hecho del PAE, Programa de Alimentación Escolar, un botín que se saquea cuantas veces fuese necesario, ofreciendo alimentos en estado de descomposición, volviendo más míseras las raciones, o simplemente hurtando el complemento completo, en su lugar se toma una foto del niño famélico frente a un plato rebosado, como indicador de cumplimiento, que algún copartidario del partido de gobierno ha de avalar el pago.
Y no es retórica opositora. El Instituto Nacional de Salud, INS, entidad del gobierno, reporta en abril de este 2022 cómo se incrementó la tasa de desnutrición infantil en Colombia en un 41.9 por ciento, 3.156 casos en los primeros dos meses, con relación al mismo período del año anterior, 2.224 casos.
En consecuencia, las muertes por desnutrición aumentan, llegando a registrarse más de cinco casos por semana, lo cual otorga al régimen colombiano otro podio de infamia, al ser el país suramericano que más niños mata de hambre.
Tampoco son casos aislados, en 26 de los 32 departamentos del país registran el fenómeno de desatención a la infancia, dejando de ser exclusivo de Guajira y Chocó. Así como no se circunscribe a niños indígenas y negros, tampoco se limita a los rurales: La hambruna infantil es parte ya del paisaje urbano, incluso en Bogotá.
El hambre es un arma de exterminio, de control natal, y de control social. Además, garantiza perpetuar la desigualdad social, ya que el menor con deficiencias nutricionales tiende a tener deficiencias en su desarrollo cognitivo, en su proceso de aprendizaje, en su socialización. En su desempeño laboral participará de los oficios más viles en la división del trabajo.
Los niños tempranamente son segregados con criterios clasistas, hay educación para pobres y para ricos, salud para unos y no otros, y seguridad según la clase social. La cifra de menores asesinados por Luis Alfredo Garavito se usa para escandalizar, aunque Duque, Molano, y Zapateiro le disputan el título criminal. Si se mira el récord de los asesinos en serie, los colombianos puntean en los siglos XX y XXI, por su cantidad de víctimas, ningún otro asesino serial en el mundo alcanza más de tres centenares de víctimas en estos tiempos. Los criminales seriales en Colombia actúan sin cortapisas siempre que sus víctimas sean menores empobrecidos. Cuando el criminal sorprendido es de clase alta el establecimiento lo presenta como víctima, tal como lo hizo en el caso de Rafael Uribe Noguera. Para entender el fenómeno basta con ponerle apellido a las víctimas: son niños pobres, de ahí la inoperancia estatal.
Un proletario lo único que posee es su prole, sus hijos, y este Estado los deja inermes ante la criminalidad. Ya el paramilitar Carlos Castaño contaba que en su iniciación como sicario su hermano le enseñaba a no dejar niños sobrevivientes, ya que cuando crecieran se volverían enemigos. Este gobierno que tanto se inspira en el pensamiento paraestatal, parece seguir el dictado de Castaño, ya que dejaron de ser sujetos jurídicos especiales, vulnerables, y terminaron graduados de máquinas de guerra por el señor Molano, quien en su paso por Bienestar Familiar desarrolló tal fobia a los niños que ya no los considera sujetos de derechos.
¿Qué tipo de ciudadano se pretende construir con niños excluidos, perseguidos, asesinados? Ninguno. No se pretende que sean ciudadanos, sino mantener las condiciones de exclusión, que en Colombia equivalen a dos y tres cadenas perpetuas.
Los niños requieren, como dice la Constitución de 1991, que sus derechos prevalezcan sobre los demás derechos, porque con la plenitud de garantías a la infancia se logran la equidad y la armonía de una sociedad. Esperemos que de la actual contienda electoral surja un Estado que deje de ser el terror de la infancia, que ponga los derechos fundamentales al alcance de los niños, y que las armas del Estado sean para defender a los infantes, nunca más para asesinarlos.
José Darío Castrillón Orozco
Foto tomada de: Las2orillas.co
No de hace dos décadas, también la masacre de las bananeras,cementos el Cairo los 3000000 mil collarejos etc.
Es un critico articulo que muestra de manera desgarradora, como se ha normalizado las practicas sistemáticas de exterminio de la población infantil de un gobierno y una clase dirigente y política corrupta y criminal.
Colombia amarga. A ésta situación se le añade la formación en la educación superior famélica de conocimientos y prácticas descontextualizadas. El desconocimiento de la historia y regionalización del país. Matar de hambre,de desconocimiento la infancia para que no tenga futuro. Las sombras de la violencia, maltrato, abuso, violación que se nota en la población infantil vinculada a la prostitución, al trabajo, a la guerra. El odio en sus corazones reflejado en el matoneo en las escuelas y colegios. La muerte de los estudiantes en las calles y las universidades,el desempleo,la hambruna,la desatención en Salud pública,sin políticas de bienestar. Nos hace que no volvamos a partir al asilo y destierro de nuestro país así tengamos que enfrentar hasta el final qué ésta situación cambie.
Excelente artículo, lo difundiré. Gracias Gracias Gracias.
Interesante tocar el tema de los niños pobres, los más vulnerables de esta sapratas gobernantes, que han hecho tanto daño a esta sociedad y a este país. Ojalá algún día les caiga todo el peso de la ley.
Un panorama tremendo, igual se emiten circunstancias que hablan como si se estuviera haciendo bien la tarea, ayer 6 de mayo el defensor nacional del pueblo, salió a relucir a nombre de los derechos de los NNA como sujetos de derechos y que estarán dirigiendo todos sus esfuerzos a qué se cumpla la maxima de que los derechos de los niños prevalecen sobre los adultos. Retórica vacía.