Y Duque lo es, en buena parte por eso ganó. Creo que hace muy bien su labor, pero ya es hora que las cosas se pongan en su real sitio. Por ejemplo, la Ley de financiamiento se basa en cuatro elementos: Revisión de los gastos administrativos del Estado, reformar aspectos tributarios y de ingresos, luchar contra la evasión y darle un revolcón a la DIAN. Que yo recuerde, en los dos gobiernos anteriores, Uribe – Santos, para no ir más atrás, ya se hablaba de estas cosas, las reformas tributarias, una cada dos años en promedio, tenían parte de esos propósitos y Santos convocó a Comisión Tributaria (Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria) y a Comisión de Gasto (Comisión del Gasto y la Inversión Pública), a las cuales en realidad poco caso les hizo.
Así que el país se enfrenta a una nueva reforma tributaria, o bueno, está bien, a una Ley de financiamiento, donde de manera integral se atienda el tema fiscal que es tal vez el mayor problema del país, y que no lo dejó Santos, tampoco Uribe, que es estructural, en un país donde se pagan pocos impuestos, aún a pesar de las altas tasas nominales, de hecho, la profundización tributaria, es decir los ingresos tributarios promedios como proporción del PIB, son para Colombia del 14.5% mientras que para el promedio de la OCDE son del 34.6%. Y esto se complica con la promesa de Duque de reducir los impuestos a las empresas, que tendrá que reemplazarlos con una mayor imposición a las personas e incluso, como también lo ha anunciado, con mayores impuestos al consumo de los hogares.
Pero volvamos al tema de las empresas. La reforma tributaria de 2012 colocó un intrincado esquema tributario a las empresas, compuesto por una tributación directa a la renta del 34% y el CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) que se convirtió en el sustituto al tema complicado de los parafiscales, el cual es del 8% (2.2% al ICBF, 1.4% al SENA y 4.4% al sistema de seguridad social en salud).
Acopi, quien viene liderando una reflexión frente al tema tributario y en general normativo para los distintos tipos de empresas en Colombia, muestra como de un universo de 1.379.284 empresas, el 92.3% son microempresas (1.273.017). No obstante, estas empresas participan en las utilidades brutas, respecto al excedente de explotación, en el orden del 12.3%. En otras palabras, el 92.3% de las empresas del país, que son microempresas, solo obtienen el 12.3% de las utilidades. En otra perspectiva, las 1000 empresas más grandes (el 0.07% de las empresas) obtienen el 34.5% de las utilidades.
La concentración se hace más evidente cuando se avanza en el análisis. Las siguientes 1000 empresas obtienen un 5.4% de las utilidades brutas sobre el excedente de explotación. Las 8.000 siguientes, aportan el 11.6%. Así las 10.000 empresas (el 0.7% de las empresas) más grandes del país, concentran el 51.6% de las utilidades
Recuérdese que por la Ley 905 del año 2004, una microempresa es aquella que tiene menos de 10 trabajadores y cuenta con unos activos a hoy de $390.621.000. Esto va atado también a las cifras del DANE sobre informalidad laboral y empresarial, ya que considera como informales a las que tienen menos de 5 trabajadores. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estima que las Micro, pequeñas y mediana empresas (es decir las de menos de 250 trabajadores) aportan el 80% del empleo en el país.
Visto así, habrá que preguntarse: ¿Una reducción de la tasa del impuesto de renta a quién beneficia? La respuesta parece lógica y las cifras lo demuestran. El mayor impacto va a estar sobre las más grandes empresas del país. La reducción de impuestos a las empresas va a representar, en lo esencial, un alivio tributario para las grandes empresas, que, por lo demás, tienen tasas reales de impuestos, es decir, después de exenciones y deducciones, por debajo de la tasa nominal, producto de los beneficios a los que pueden acceder, que pueden llegar a bajar hasta la mitad de la tasa nominal, como lo han demostrado distintos estudios.
Así que la contraparte, en la lógica del modelo que se pretende, es que sean las familias dueñas de las empresas las que tributen para evitar así el doble pago. Aspecto que es razonable si fuera cierto. Con el modelo de tributación se demuestra que en estos momentos tener acciones es una buena inversión, ya que tributa menos que las inversiones hechas en fondos financieros o en propiedad raíz, así que se tributará menos en las empresas, pero también en las familias poseedoras de propiedad accionaria. El esfuerzo entonces caerá en toda la población con los efectos perversos que esto tiene, ya que ante la desigualdad o la concentración si se tributa igual para todos, el resultado va a ser un sistema regresivo, que contribuirá al empobrecimiento de la población trabajadora.
Con esto el país tiene una gran posibilidad, esto es acercarse a un régimen tributario de mayor equidad, a través de sistemas diferenciados por tipos de empresas. De esta manera el estatuto vigente se podría mantener para las grandes empresas, tener un estatuto diferenciado para las medianas y pequeñas empresas, y, por último, un estatuto simplificado para las microempresas, de tal manera que se les posibilite, en una especie de monotributo, formalizarse y poder estar al día con todas las obligaciones tributarias vigentes. Esto traería mejoras no solo de recaudo, sino que podría ser un neutralizador a las evasiones del IVA y de la renta. La diferenciación llevaría a una mayor equidad y por lo tanto a una mejor percepción de justicia tributaria, lo que redundaría, es lo más probable, en un aumento del ingreso fiscal.
No es entonces seguir sobre los mismos esquemas. Otros países ya han intentado sistemas diferenciados con buenos resultados. Si se legisla pensando en el 92.3% de las empresas que son micro o de del 99.9% de las empresas que son Mipymes, la equidad tributaria, el consumo, y la economía misma tendrán un aire distinto que servirá para un mayor crecimiento de la economía.
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Jaime Alberto Rendón Acevedo, Universidad de La Salle
Foto obtenida de: Economía para Todos
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